Unánime rechazo de editores, libreros y escritores al proyecto gubernamental para derogar dos leyes que preservan la industria, la diversidad y la comercialización de libros. La iniciativa del ministro Sturzenegger favorecería a las plataformas digitales. Los especialistas consultados advierten que es un ataque contra la riqueza cultural y que se perderán puestos de trabajo, en un sector ya fuertemente afectado por la crisis.
Editoriales, libreros, escritores y demás actores que componen la cadena del libro se encuentran en estado de alerta frente al proyecto del Gobierno nacional que busca derogar la Ley de Defensa de la Actividad Librera (Ley 25.542) y modificar la denominada Ley del Libro (Ley 25.446), dos normativas esenciales que regulan la comercialización en el sector y promueven el acceso federal a la lectura.
La Ley de Defensa de la Actividad Librera es la normativa que garantiza que un libro cueste lo mismo en cualquier librería del país, evitando la competencia por precio y trasladándola a otros aspectos como el servicio o la recomendación. Juan Manuel Pampín, presidente de la Cámara Argentina del Libro, en diálogo con ANCCOM sostuvo que “esta ley ya tiene 25 años y nació por propuesta y acuerdo del propio sector en su conjunto. Libreros, editores, distribuidores, autores tuvimos un acuerdo en que esta ley es beneficiosa y ningún actor de la industria pide modificación alguna”.
El anteproyecto, impulsado en el Congreso por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, perjudica principalmente a las librerías pequeñas, independientes y de cercanía que hoy compiten en igualdad de condiciones con las librerías más grandes o de cadena. El peligro que advierten desde el sector apunta a que la flexibilización no resultaría en una baja de los precios en el largo plazo, sino que provocaría la concentración del mercado en manos de la economía de plataformas y los grandes actores como los supermercados, haciendo desaparecer a los circuitos independientes y de barrio. “Se destruyen un montón de lugares, de espacios de trabajo y se achata la oferta como sucedía antes de la ley”, afirmó Pampín.
Carlos Morón, secretario de la Federación de Librerías de Argentina, agregó que “esta ley no ocasiona ningún costo fiscal al Estado y además están de acuerdo absolutamente todos los actores, hasta las dos grandes cadenas de librerías, por lo que no beneficia al sector del libro como lo entendemos hoy. En cambio, sí podrían beneficiar algunas cosas que sucedieron en el mundo. La irrupción de Amazon en Brasil hace algunos años significó el quiebre de las principales cadenas y la desaparición del 80 por ciento de las librerías independientes”.
Oche Califa, escritor y miembro de la Comisión Directiva de la Unión de Escritoras y Escritores, añadió que en Argentina existen más de 1.300 librerías y 500 editoriales de distinto porte sin contar a las editoriales universitarias: “Eso nos da a los escritores la posibilidad de expresiones mayores –explicó–. La concentración del mercado hace que caigan las librerías y luego las editoriales pequeñas y medianas y por lo tanto obtura el acceso de la bibliodiversidad en el país y de la pluriexpresión de los creadores”.
Además, es preciso destacar que una gran cantidad de países como España, Alemania, Portugal o Corea del Sur, tienen una ley similar a la 25.542, que a su vez está inspirada en la denominada Ley Lang sancionada en la década del ochenta en Francia. Pampín también sostuvo que la experiencia internacional demostró que en los países donde se derogó una ley similar de precio uniforme, “cerraron una gran cantidad de librerías en un proceso de mediano plazo y quedaron solamente los gigantes”.
“Es fundamental entender que los libros son importantes para la cultura de nuestro país, cumplen una función comercial y cultural. Las librerías en cada región son un centro de cultura de su propia ciudad con actividades para los chicos, talleres y presentaciones de autores”, aseguró Morón.
En este sentido, también es importante prestar atención a las modificaciones que se proponen para la Ley del Fomento del Libro y la Lectura (25.446), ya que esta normativa promueve el acceso igualitario al libro, impulsa a la industria nacional y fomenta la diversidad de títulos y autores en todo el país entendiendo al libro y a la lectura como instrumentos indispensables para el enriquecimiento y la transmisión de la cultura.
Por último, Califa afirmó que “para nosotros el libro es una herramienta de la cultura argentina, las librerías son parte del patrimonio cultural, la diversidad editorial es una demostración de salud del libro argentino y todo lo que conduzca a que el Estado se corra de su responsabilidad y que permita que las grandes plataformas del libro se queden con el negocio, conducirá a un empobrecimiento de la oferta editorial y por lo tanto de la cultura argentina”.