El Gobierno fracasó en el intento de aprobar la ley que permite la venta irrestricta de territorios nacionales, luego del triunfo de la selección de fútbol masculino contra Inglaterra en el Mundial. El 6 de agosto hará un nuevo intento de ponerla en vigencia.
El deseo del Gobierno
La propuesta se inscribe en una serie de intentos del Gobierno por modificar el régimen vigente sobre la propiedad privada y tierras rurales. El presidente Javier Milei quiso derogar la Ley de Tierras en el Artículo 154 del DNU 70/2023, pero obtuvo una negative del Parlamento. Con las múltiples modificaciones, la iniciativa del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, busca fortalecer las garantías de los propietarios para atraer inversiones extranjeras, y duplicar los “desalojos express”, entre otras cuestiones.
Diego Montón, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra y de la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA), explicó en diálogo con ANCCOM: “Ya es costumbre de este gobierno juntar las iniciativas para correr al Estado y dejar al capital financiero a libre disponibilidad de nuestros recursos. La forma en la que están complejizando la expropiación, genera que el Estado esté prácticamente imposibilitado para regularizar algo”. Y agregó: “Hay que tener en cuenta que el 80% de la producción agrícola en Argentina se hace bajo arrendamiento. Acá el propietario tiene el poder de negociación dominante e imposibilita al Estado para sancionar políticas públicas que lo regulen. Con este proyecto de ley, los costos de expropiación son altísimos y las trabas burocráticas son mayores”.
El proyecto de ley propone una inhabilitación “para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia” donde se halle “ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”. Es claro que se busca eliminar las restricciones para que los extranjeros puedan invertir en el país a través de la compra de tierras, ampliando la potencial posesión de un 15% a un 30%.
Además, sobre el mercado inmobiliario rural, sostiene el veto a Estados extranjeros, pero no se aplicaría a empresas y/o individuos foráneos. Se regularizaría con la Ley Pierri – un régimen para que las personas que por sus escasos recursos y medios tuvieron dificultades para lograr la escritura de sus viviendas, puedan finalmente obtener su título de propiedad. Pero a la vez, plantea un proyecto de desalojos rápidos (conocidos como express) para el ocupamiento de viviendas. Faculta a los magistrados a ordenar la restitución anticipada de los inmuebles en casos de usurpación evidente. La justicia cuenta con atribuciones ampliadas y auxilio directo de la fuerza pública.
La Ley restringe, además, las expropiaciones estatales al exigir que cada declaración de utilidad pública demuestre idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Además, prohíbe la transferencia de dominio al Estado sin un pago previo integral, incluyendo la actualización monetaria e incorporando el lucro cesante objetivamente acreditado. Por último, y como si fuera poco, busca la derogación de las prohibiciones posteriores a incendios forestales contenidas en la Ley de Manejo del Fuego.
La Ley 26.737 que busca modificarse, limita la concentración y extranjerización de la tierra, estableciendo un tope a la propiedad extranjera sobre las tierras rurales, restricciones en zonas de frontera y resguardos sobre inmuebles vinculados a cuerpos de agua. A su vez, establece que la titularidad o posesión extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales dentro del territorio nacional, provincial, municipal y/o departamental. Asimismo, ningún titular extranjero (persona humana o jurídica) puede poseer más de mil hectáreas en una zona núcleo – o su superficie equivalente en la región-. Además, prohíbe la titularidad de inmuebles en tierras que incluyan o limiten con cuerpos de agua de envergadura permanente y de dominio público. Todo ello el gobierno quiere desregularlo.
La sesión
La sesión empezó tensa por el triunfo de la Selección Argentina frente a Inglaterra. La alegría de pasar a la final de la copa del mundo no evitó que algunos senadores -Carlos Linares o Jorge Capitanich -, apuntaran contra el Gobierno Nacional por el negacionismo y la prohibición de usar banderas de las Islas Malvinas o alusiones al respecto durante el partido. Sin embargo, eso fue solo lo superficial. “Ayer el presidente debe haber estado triste porque ganamos, ya que tiene un portarretratos de Margaret Thatcher en la Casa Rosada. Anunció que está elaborando un proyecto de shutdown – apagar el Estado-. Esto termina de confirmar que se niegan a financiar cualquier tipo de política pública en medio de esta crisis económica y social en la que están enterrando a la Argentina, pero no sé qué más quiere apagar”; sostuvo Martin Soria, senador justicialista por Río Negro.
Algo parecido sostuvo Soria durante la sesión: “Decir que Argentina solo produce dulce de leche y biromes, demuestra lo que el presidente piensa del país. Esto lo dijo con el objetivo de defender la apertura total e indiscriminada de las importaciones. Un presidente que muestra desprecio por el territorio nacional, los trabajadores, la capacidad productiva; y da a conocer su modelo y plan económico a través de estas frases, no le de futuro a ningún argentino”.
Diego Monton, referente del Movimiento Campesino Indígena, explicó a ANCCOM: “En Argentina la poca extranjerización está concentrada en zonas estratégicas como la cordillera. Y esta ley plantea la posibilidad de compra en esas zonas con recursos, generando más concentración de la que ya hay. Eso a la vez hace que para los argentinos sea más difícil tener un lote para vivir y el derecho a la vivienda se ve afectado”.
La senadora del bloque oficialista, Carmen Álvarez Rivero, defendió el proyecto: “Es clave tener una política firme para proteger la propiedad. Cuando un país deja de proteger su patrimonio y de garantizar el derecho de propiedad, termina deteriorando su infraestructura, su capacidad de atraer inversiones, su desarrollo. Argentina necesita aumentar la tasa de inversión para crecer. Sin embargo, hemos acumulado normas que desalientan a quienes quieren invertir. Por eso necesitamos seguridad jurídica, que no es proteger a los empresarios, sino que es la condición básica para que haya desarrollo y trabajo”.
Luego de haber intentado avanzar con la Ley el 4, 11 y 25 de junio, ayer el oficialismo quiso lograr la media sanción nuevamente, pero no fue posible. En medio de una sesión que se encaminaba al fracaso, la senadora oficialista Patricia Bullrich convocó a un cuarto intermedio para tratar la Ley de Inviolabilidad Privada (orden 104/26) el 6 de agosto, después del Mundial. No obstante, el Senado sí aprobó que la ciudad de San Miguel de Tucumán será capital simbólica de la Nación; los pliegos judiciales y ascensos diplomáticos.