En la Argentina aumentan las internaciones psiquiátricas, los suicidios y los ataques de ansiedad mientras el gobierno intenta reformar de manera regresiva la Ley de Salud Mental.
Mientras el Gobierno nacional envió al Senado un proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental con el fin de retomar uno de los puntos anulados de la Ley de Bases impulsada en 2024, un informe realizado por el Observatorio de Psicología Social de la UBA expone una serie de datos preocupantes sobre el bienestar psicológico de la población.
Según el informe dado a conocer semanas atrás, desde el 2020 las internaciones por salud mental incrementaron un 60% por el miedo al virus del covid y, en ciertos casos, por patologías que le quedaron a algunas personas que estuvieron infectadas. A su vez, el uso constante de las pantallas se volvió habitual en la vida cotidiana, desembocando en problemas como ansiedad, depresión, TCA, y otros. Las adicciones no fueron la excepción y también tuvieron un incremento, destacándose la ludopatía desencadenada por las aplicaciones de apuestas y casinos online.
Todas estas cuestiones pueden explicar de alguna manera el aumento de consultas médicas relacionadas a la salud mental; pero también se registró un récord de 5.200 suicidios en 2025, un 22% más que en 2024.
El psicólogo Pablo Castillo reflexionó sobre el contexto del país: “Hay un espíritu de época donde lo que prevalece es el individualismo, la meritocracia, el sálvese quien pueda. Con las nuevas tecnologías y las redes sociales, la subjetividad cambió y la gente prioriza su propia situación particular, personal, familiar; está claro cuando hay una persona en el transporte público vendiendo algo porque no tiene para comer, y todos miramos para otro lado, porque nos molesta”.
El primer proyecto de la Ley de Bases que llegó a la Cámara de Diputados proponía la derogación de la Ley de Salud Mental, pero no fue aceptado porque implicaba un retroceso en los “derechos ganados” con la sanción de la misma en 2010, que proponía un cambio esperado y necesario en materia de derechos humanos de los pacientes, descentralizando el modelo manicomial monovalente y sus prácticas ortodoxas dentro de las instituciones de encierro.
Una cuestión clave de la ley, es la incorporación de un grupo interdisciplinario para firmar la internación de un paciente o salida de la misma. Las modificaciones que trae el proyecto de reforma, es que solo sea necesario una, generando una facilitación de ingreso a las instituciones psiquiátricas.
“Es grave que se ponga en cuestión una ley, que tiene el punto central del respeto por la dignidad y la vida de las personas que transitan una situación de sufrimiento mental y que estipula los deberes del Estado para que ese resguardo ocurra y que se asegure una mirada interdisciplinaria”, declaró Bárbara García Godoy, presidenta de la Red Argentina de Investigadoras e Investigadores en Salud (RAIS). “En realidad, no es que pierde poder el psiquiatra, sino que aparecen otros actores institucionales, que tienen un lugar en la intervención y un reconocimiento y cierta paridad. El tema es cómo opera la industria, la lógica de las clínicas psiquiátricas, la mercantilización de la salud mental en un contexto social donde cada vez se hacen más consultas de salud mental, teniendo en cuenta que somos uno de los países con más psicólogos del mundo”, agregó.
La ley vigente, también prevé que el 10% de los presupuestos de los ministerios de Salud de cada provincia, inclusive el Ministerio de Salud nacional, debe dirigirse a la salud mental, pero en la realidad, no se deriva ni el 1%. “Lo que necesita Argentina es una inversión en el sector. No es un tema solamente de este Gobierno, es un tema que atraviesa nuestra historia con la salud mental. Entonces, se necesita más financiamiento, más dispositivos, no solamente hospitales y manicomios; sino que se necesitan consultorios, psiquiatras, psicólogos, casas de medio camino, instituciones de día, y distintas modalidades que no tenemos”; explicó el médico y diputado Pablo Raúl Yedlin.