Jóvenes precarizados, adultos mayores con ingresos de indigencia, trabajadores pobres, millones de personas sufren día a día por no saber si podrán seguir sosteniendo un alquiler. Mientras tanto, este drama habitacional permanece en los márgenes de la agenda pública.
Alquilar se volvió una odisea. Con salarios promedio que no superan los 600 mil pesos y monoambientes que cuestan, como mínimo, 480 mil pesos por mes, miles de inquilinos transitan la incertidumbre de no tener un techo seguro, contratos con requisitos imposibles, renovaciones trimestrales y severas cláusulas que los mantienen en una extrema vulnerabilidad habitacional.
“Hace 18 años que trabajo en una alimenticia de Pacheco, antes sólo con mi trabajo bancaba el alquiler, la comida, el colegio de mis tres hijos y, si alcanzaba, algún paseo de vacaciones en familia. Hoy no me alcanza. Mi señora tuvo que salir a trabajar desde hace dos años para que podamos llegar con tantos gastos. Entre los dos juntamos 1.500.000 y el alquiler de tres ambientes nos cuesta 850.000, con la problemática de que cada tres meses nos aumentan y es muy difícil de sostener para los laburantes con sueldos que no llegan al millón de pesos por mes. Si alguno de los dos se queda sin laburo, es una amenaza a quedarnos en la calle”, expresa, con angustia, Rubén Hidalgo (44), operario fabril.
En la Argentina, a partir del DNU 70/2022 los alquileres están desregulados, lo que significa que ya no existe una ley única y general, por tal motivo las condiciones que se pactan entre propietarios e inquilinos, estos últimos en una posición asimétrica, desventajosa. Según el Observatorio Económico de la Ciudad de Buenos Aires, del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los hogares inquilinos padecen una mayor desprotección y quedan expuestos ante posibles escenarios de inflación, devaluación e inestabilidad macroeconómica.
Los datos del INDEC muestran que el 42 por ciento de los trabajadores registrados en CABA ganan menos de 650 mil pesos mensuales. La jubilación mínima es de 332 mil pesos. Mientras tanto, en el portal inmobiliario Zonaprop, un monoambiente cotiza como mínimo 480.000. El panorama cambia por edad. Muchos jubilados de hoy pudieron acceder a su techo propio hace 30, 40 o 50 años porque el sueldo se los permitió y tuvieron facilidades de créditos hipotecarios.
Los jóvenes, por el contrario, no pueden independizarse. Algunos lo intentan, pero renuncian al proyecto por la brecha entre el valor de un alquiler y sus ingresos, sin contar los rigurosos requisitos que exigen las inmobiliarias, que pueden volverse insostenibles en el tiempo. Alquilar, para miles de familias trabajadoras, significa estar intranquilo en todo momento, bajo el estrés constante de no juntar el dinero para pagar el mes.
“Hace dos años, cuando me fui de la casa de mi vieja, estaba lleno de ilusiones. Me fui con algunas cosas básicas que compré, la cama, la tele y una cocina, pero más cosas llevaba en mi cabeza, planes, proyectos a realizar una vez fuera del hogar materno, pero el mundo se me vino abajo cuando me quedé sin trabajo y ya no tenía ahorros para seguir pagando un alquiler. Con la cabeza baja, tuve que regresar a lo de mi madre, hasta que mi situación económica pueda dar un giro, se pueda revertir y volver a intentarlo”, cuenta Ezequiel Rojas (24), bachero de un resto bar de la zona de Liniers.
La realidad de quienes buscan abrirse camino y salir del seno familiar es compleja. La puja con los propietarios, que no quieren dejarse ganar por la inflación, representa una soga al cuello para los inquilinos, cuyos salarios van por detrás de esos aumentos, y en muchos casos no superan la canasta de pobreza. “Los sueldos no alcanzan para pagar un alquiler. El salario de un trabajador que está alquilando no llega ni al millón de pesos mensuales. Alquilar un dos ambientes, tanto en Provincia de Buenos Aires como en CABA, cuesta 600.000, un monoambiente no baja de los 400.000, y si querés más barato tenés que ir a zonas peligrosas o de emergencia. Dentro de los requisitos, muchos propietarios no aceptan ni mascotas ni varios niños. Para firmar un contrato tenés que tener ahorrados tres sueldos, entre 2.000.000 y 2.500.000, más garantía formal, seguros de caución, está muy complicado. Hay trabajadores que tienen que sacar un préstamo para poder seguir alquilando”, sostiene la presidenta y fundadora de la Asociación Civil Inquilinos Argentinos por un Techo Digno, Glenda Gómez, en diálogo con ANCCOM.
“Los legisladores –prosigue– deben tratar este tema, ya que es algo que nos influye a todos los ciudadanos, no sólo a los que alquilan. Hablamos del derecho a la vivienda, todos deberíamos vivir bajo un techo digno, y eso debería estar dentro de la canasta básica total. En muchos casos, los propietarios tampoco se hacen cargo siquiera de reparaciones básicas. Los sueldos están muy por debajo para un trabajador pueda vivir dignamente. Dentro de la canasta básica se debe considerar el pago de un alquiler o un estimativo, porque el trabajador también debe correr con gastos de comida, transporte, salud, cuidar y proveer a su familia. En ocasiones, tiene que financiarse hasta la comida con la tarjeta de crédito. Desde hace años, los derechos del trabajador están siendo vulnerados, nadie se hubiera imaginado comprar comida y pagarla en largas cuotas. Hoy un jubilado no puede alquilar un monoambiente, tiene que comprar comida, remedios… Estamos hablando de jubilados indigentes, y habrá más cantidad de ellos, y estamos hablando de alquilar, no de comprar una vivienda”.
El acceso a la vivienda constituye una problemática generalizada en las grandes ciudades. En la actualidad, según el Instituto de Estadísticas y Censos porteño (INDECBA), el 52,2 por ciento de los hogares de la Ciudad son propietarios, el 36,2 por ciento son inquilinos y un 11,6 por ciento está en una situación de tenencia precaria. La creciente inquilinización requiere ser evaluada y diagnosticada para la formulación de políticas públicas que mejoren la seguridad habitacional de los hogares inquilinos. La dinámica del mercado de alquileres es un aspecto clave a considerar. Durante la vigencia de la Ley de Alquileres, los precios viajaban por debajo de la inflación y de los salarios. Apenas derogada la normativa, el mercado comenzó a imponer sus condiciones. Vivir bajo un techo digno es un derecho humano y debería ocupar un lugar central en la agenda pública.