Una comisión internacionalista de feministas y comunicadores populares de Argentina y Uruguay recorrió las localidades bolivianas de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, El Alto y San Julián en pleno pico represivo del gobierno de Rodrigo Paz, y terminó ella misma hostigada por fuerzas de inteligencia policial. Su informe documenta asesinatos, 500 detenidos, violencia sexual y persecución a feministas y periodistas bajo el estado de excepción implantado por el Ejecutivo.
Conferencia de prensa de la Comisión Internacionalista de Solidaridad con Bolivia en Serpaj.
Asesinatos que el Estado no reconoce, 500 personas detenidas, violencia sexual como método de disciplinamiento, allanamientos a organizaciones feministas y un estado de excepción decretado la misma madrugada en que la propia comitiva de derechos humanos era interceptada por la policía: eso encontró, entre el 16 y el 22 de junio, la Comisión Internacionalista de Solidaridad con Bolivia, integrada por Feministas del Abya Yala y comunicadores y comunicadoras populares de Argentina y Uruguay. Relevaron más de 150 denuncias, e hicieron 35 entrevistas personales y cinco colectivas en los territorios de mayor represión.
«Nuestros propios vecinos, nuestros propios amigos, a veces familiares, están ahí, no sabemos si van a volver». Así describe Roger Vilcarmillo, director del Hospital Municipal de San Julián, la escena que se repite hace más de 50 días en las rutas bolivianas. Su hospital, ya colapsado antes de la crisis, recibió en una sola madrugada a más de 30 heridos: balas, balines, machetazos. A pocos kilómetros, un joven agricultor recibió un disparo en la cabeza en un bloqueo pacífico y perdió los dos ojos; su mujer está embarazada. «La familia no pide justicia, es muy lamentable», cuenta su sobrino, también golpeado esa jornada. «Ojalá ustedes puedan sacar esto al aire, porque acá los medios son defensores de la gente rica, no de la gente humilde», les pidió a las comunicadoras.
Deslizá para ver las imágenes producidas por la fotoperiodista Susi Maresca como integrante de la Comisión.
El informe de la Comisión define al gobierno de Paz como «un régimen represor» que combina socios políticos, militares, judiciales y parapoliciales, con complicidad de medios hegemónicos que imponen un bloqueo mediático.
Un régimen represor
El informe de la Comisión define al gobierno de Paz como «un régimen represor» que combina socios políticos, militares, judiciales y parapoliciales, con complicidad de medios hegemónicos que imponen un bloqueo mediático. El patrón se repite en cada territorio: violencia estatal ejercida junto a grupos armados civiles, en particular la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), amparada por el Comité Cívico de Santa Cruz. «Nos horrorizó verificar la presencia de grupos parapoliciales armados en Santa Cruz y San Julián», relata Martina Korol, de Pañuelos en Rebeldía, integrante de la comitiva. Vilcarmillo confirma que la UJC llegó a San Julián en micros, custodiada por la propia policía, «a reprimir al pueblo que está haciendo su protesta». El sobrino del agricultor herido entrevistado va más allá: asegura tener videos de esos traslados y denuncia intentos de violación contra adolescentes en medio de la represión, hechos que —dice— la prensa no muestra. El informe agrega denuncias de allanamientos a viviendas, saqueos, incendios y destrucción de vehículos, todo bajo protección policial.
Las pérdidas que el Estado no cuenta
El informe registra los asesinatos de Alberto Cruz Chinche (71 años, El Alto) y Martha Villca Sosa (51), ambos por gasificación, y de Víctor Quispe Cruz (24), por bala en el cráneo durante la represión a un bloqueo bautizado por el propio gobierno «Corredor humanitario» —el único caso que el Estado reconoce oficialmente—, además de otras cuatro víctimas sin identificar. Korol eleva a diez la cifra propia relevada por la comitiva. La disputa por el número es también política: la Defensoría del Pueblo reconoció 22 muertes en los 53 días de bloqueo, pero atribuye sólo tres a la acción directa de las fuerzas de seguridad. Paz fue más lejos: en un discurso militar del 3 de julio, sostuvo que el Estado de Excepción «pacificó sin sangre» y culpó de las muertes a un «narcoterrorismo politizado».
Heridos, presos y un sistema de salud colapsado
La Comisión contabilizó 40 heridos, sobre todo en La Paz y El Alto. José Luis García recibió un balazo en la cabeza en San Julián y sigue grave; Gonzalo Huasco, joven con discapacidad de El Alto, fue herido con un balín y encima fue procesado penalmente mientras estaba internado; Violeta Tamayo, periodista de La Izquierda Diario, sufrió una fractura expuesta por un gas policial y ya lleva dos cirugías. En lo judicial, se documentaron 500 detenidos en todo el país —365 en La Paz y El Alto, 323 judicializados, 22 presos— y 92 personas entre presas y judicializadas en Cochabamba. En Cruce Tarata, 15 personas fueron obligadas a autoinculparse y condenadas a dos y tres años de cárcel en lo que el informe llama un proceso «absolutamente arbitrario».
Ya de regreso en Argentina, la Comisión conoció nuevas detenciones —los dirigentes Alberto Quelali y Pablo Merma, trasladados a la cárcel de San Pedro en base a notas de prensa generadas con IA— y el allanamiento a la vivienda de David Mamani, donde destrozaron su biblioteca. El propio hospital de San Julián resume el otro costado de la crisis: sin insumos, sin personal, «cada vez más pequeño» para una población que crece.
Violencia sexual, racismo y persecución a las feministas
En San Julián, tres jóvenes denunciaron violencia sexual durante el allanamiento de sus casas, señaladas por su origen campesino e indígena. El informe la define como una forma específica de tortura estatal para disciplinar a mujeres y disidencias. El sobrino entrevistado suma otro dato: intentos de violación contra adolescentes en medio de la represión. Los discursos de odio acompañan la escalada: «a nosotros de polleras nos dicen que no sabemos estudiar», relata el mismo testimonio, mientras medios y voceros de la agroindustria estigmatizan a los movimientos como «vándalos» o «narcoterroristas». También hubo ataques a estudiantes LGBTIQ+, expuestos públicamente para instigar agresiones.
La represión golpeó de lleno al movimiento feminista boliviano: más de veinte personas, algunas encapuchadas, allanaron la Casa de la Mujer en Santa Cruz e intimidaron a sobrevivientes de violencia machista que se encontraban resguardadas allí. A eso se suman seis feministas detenidas en mayo y amenazas permanentes de grupos parapoliciales —la UJC, la Resistencia Juvenil Cochala y la Resistencia Ciudadana de La Paz— contra referentes del movimiento.
La orden es el silencio
El hostigamiento alcanzó a la propia Comisión. Cintia Vilar, integrante de la organización Pañuelos en Rebeldía —que viajó junto a la fotorreportera Susi Maresca y Matías Bufanti, de Voces Insurgentes (Uruguay)— relata que la delegación decidió retirarse de Bolivia apenas se declaró el estado de excepción, ante la falta de garantías: tuvo que abandonar su auto porque cruzar los controles hacia la frontera era demasiado riesgoso. Korol reconstruye la secuencia previa. La noche anterior se habían recambiado las cabeceras de las Fuerzas Armadas: a la mañana siguiente, Interpol y la policía interceptaron a la comitiva en una estación de servicio, la trasladaron a Migraciones y la obligaron a firmar que no realizaba «ninguna acción política». Las retuvieron ocho horas. Esa misma noche, a las 2 de la mañana, se dictó el estado de excepción. Semanas después, otra delegación de derechos humanos llegada desde Argentina fue directamente retenida y expulsada al aterrizar en El Alto, un episodio que la Cancillería argentina respaldó. El mensaje, resume el informe, es inequívoco, «el objetivo es claro, silencio, nadie puede hablar». Esto alcanza también a la prensa boliviana, a la que no se le permite acercarse a las marchas en los momentos de mayor violencia.
Lo que viene
El estado de excepción llegó después de un acuerdo entre el gobierno y la COB (Central Obrera Boliviana) que algunas organizaciones campesinas rechazaron: en el Chapare, la protesta sigue con un objetivo puntual, evitar que Evo Morales —prófugo desde 2024 por una causa que sus seguidores consideran fabricada— sea detenido o deportado a Estados Unidos. La Comisión fue alertada de cortes de luz y de la preparación de un operativo que, advierten, podría derivar en una masacre. En los hechos, el estado de excepción implicó el despliegue de miles de efectivos con tanquetas, infantería y drones. Los bloqueos, que llegaron a los 53 días —el conflicto más largo del siglo en Bolivia—, terminaron disolviéndose más por desgaste que por una resolución política de fondo.
En el plano internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció afectaciones a los derechos humanos, pero instó por igual al Estado y a los manifestantes a «priorizar el diálogo». Es ese contraste el que la Comisión busca correr: sus integrantes remarcan que buscan llevar el conjunto de denuncias directamente ante la CIDH y la ONU, para que la magnitud de la represión no quede diluida en un llamado al diálogo entre partes que, denuncian, no están en igualdad de condiciones.
El informe agradece a la ProDHCre de La Paz, la Casa de la Mujer, el Feminismo Comunitario y las organizaciones campesinas y de pueblos originarios que hicieron posible la documentación, y cierra con un llamado sin neutralidad: la liberación de los detenidos por motivos políticos, el fin de la judicialización de la protesta, atención médica integral para los heridos y el restablecimiento pleno de las garantías democráticas. «Que su lucha sea nuestra lucha», resume Korol. La Comisión ya anunció que seguirá documentando y organizando nuevas delegaciones. En San Julián, mientras tanto, el doctor Vilcarmillo sigue atendiendo heridos con lo poco que tiene.