Por Delfina Barczak
Fotografía: Lucia De Marco

Familiares de los presos de la cárcel de Devoto y organizaciones sociales piden que no se traslade el penal y que se garantice el derecho de los reclusos a estudiar.

La esquina de Nogoyá y Desaguadero gritó “No al cierre de la cárcel de Devoto” este sábado frente a la atenta mirada de los policías que vigilan el penal. Activistas, militantes y organizaciones de derechos humanos se reunieron para presentar un comunicado colectivo y juntar firmas en contra del traslado a Marcos Paz. Además, cantaron “Todo preso es político” desde la calle como gesto de apoyo y de difusión ante la incertidumbre que están viviendo los detenidos.

El penal de Devoto fue inaugurado en 1927 y hace más de 20 años diferentes figuras políticas repiten la promesa de cerrarlo. Sin embargo, parece que esta vez es un hecho. De acuerdo a los últimos anuncios del Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, están cerca de concluirse las obras en el penal federal de Marcos Paz. En los papeles, solo faltaría la firma de Nación para retirar a los presos devotenses. Pero lo que está en juego es mucho más que enroscada burocracia.

“Esto no es solo un edificio, dentro funciona un centro universitario con 182 alumnos. La educación siempre abre puertas, especialmente a las personas que están privadas de su libertad”, aseguró Juliana Dinapoli, integrante del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. El Centro Universitario Devoto (CUD) funciona desde 1985 y hoy está dentro del Programa UBA XXII, que ofrece seis carreras universitarias, y una serie de cursos y talleres extracurriculares.

Para Gastón Brossio, alias Waikiki, la experiencia dentro del CUD fue un punto de inflexión en su vida. “Es un espacio de reflexión, porque uno ya no se siente un preso o un delincuente sino un estudiante y después, con el título, un profesional. A mí de chico me echaron de cuatro escuelas, y hoy en día ser profesor es demostrar que podemos cambiar, que no somos computadoras programadas”, destacó a ANCCOM.

Sí el traslado se da, los profesores del CUD y las familias deberían viajar 50 kilómetros más hasta el penal bonaerense. Muchos tendrán dificultades para hacerlo, ya que no hay transportes públicos con recorridos directos, los costos aumentan constantemente y el tiempo estimado de viaje es de cinco horas, sólo de ida.

“Quieren apartar a la familia de los detenidos y van a tener que ir hasta el fin del mundo a verlos. Para mi ver a mi mamá era levantarme temprano, preparar una torta para compartir con ella, y ellos no lo podrán hacer”, contó Juan Olivero, sobreviviente de la Masacre de Pabellón Séptimo.

Durante años el crimen fue invisibilizado, pero hoy tanto los 65 fallecidos como los sobrevivientes son considerados víctimas de un crimen de lesa humanidad. Esto también significa que la cárcel es un espacio de Memoria, Verdad y Justicia, que debe ser preservado.

Así lo entendía también el Indio Solari, quien dedicó más de una canción a la masacre. Por ello, Florencia Sicilia, líder del movimiento maradoniano “Las 10 del 10”, convocó a las bandas Guacho Bestia, La condena de Caín, Qenqo y a músicos solistas para cantar “Pabellón Séptimo” y “Todo preso es político”.

Finalmente, el encuentro cerró con una vuelta a los muros despintados de la cárcel. La música fue una señal de apoyo para aquellos detenidos que decidieron colgar sus banderas de las ventanas del pabellón más alto. “Todo preso es político“, “Indio Solari 1949 – 2026” y “CUD desde 1985 y por siempre”, leían desde la calle los asistentes a la vez que saludaban efusivamente a quienes observaban tras las rejas.

Los últimos en asomarse fueron algunos vecinos descreídos que no confían en las promesas del Jefe de Gobierno. “Desde que vivo acá dicen que la van a sacar, ya no les creo. A mí no me molesta, pero si lo hacen que sea para mejor, un parque, un hospital. El diariero me dijo que ya hay tres inmobiliarias interesadas, así que van a hacer lo que quieran”, reveló Manolo, un vecino que prefirió no compartir su apellido y regresó resignado a su casa.

Sin embargo, en la caravana que abrazó a los detenidos nadie estaba dispuesto a renunciar. Continuarán juntando firmas y exigirán un pronunciamiento contundente de las autoridades de la Universidad de Buenos Aires sobre la situación. En especial de la Facultad de Derecho, para denunciar las irregularidades y vejaciones del gobierno.