Con media sanción obtenida en Diputados y el camino allanado en el Senado, el Súper RIGI, bajo la promesa de la lluvia de inversiones, se presenta como un «cheque en blanco» para las Big Tech, poniendo en riesgo la soberanía jurídica, el equilibrio ambiental y el desarrollo de una industria nacional genuina.
El proyecto de ley para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como “Super RIGI”, impulsado por el Poder Ejecutivo, promete –según el gobierno- atraer una «lluvia» de inversiones tecnológicas mediante exenciones impositivas y otras ventajas para las que no hay precedentes. Luego de ser aprobado en la Cámara de Diputados con 130 votos positivos, 106 negativos y 7 abstenciones, el proyecto de ley se encamina a la votación en la Cámara de Senadores. Todo parece indicar que será aprobado. Sin embargo, un bloque de más de veinte organizaciones de la sociedad civil y especialistas advierten que el régimen, tal como está redactado, constituye un «cheque en blanco» para las Big Tech, poniendo en riesgo la soberanía jurídica, el equilibrio ambiental y el desarrollo de una industria nacional genuina.
Un paraíso fiscal a medida de las Big Tech
La Cámara de Diputados ha dado el primer paso para consolidar un esquema que busca atraer capitales masivos hacia sectores estratégicos como la inteligencia artificial (IA), la biotecnología, los semiconductores y los mega data centers. A diferencia del RIGI original, aprobado en 2024 para industrias extractivas tradicionales, el nuevo esquema eleva la vara de inversión mínima de 200 millones de dólares a 1.000 millones por proyecto, exigiendo que el 20% de dicho monto se desembolse en los primeros dos años.
Para Micaela Sanchez Malcon, de la Asociación Civil Géneras, el proyecto «funciona como un cheque en blanco. Se generan resguardos por tres décadas para industrias que ni siquiera están especificadas en la ley. El Congreso no tiene capacidad de incidencia porque el Ejecutivo definirá quién entra y quién no en la reglamentación». Para la investigadora y docente, «es una contradicción total y absoluta. Promovés una industria de innovación ‘de borde’ pero al mismo tiempo desfinanciás a las universidades, al CONICET y a las agencias que forman a los profesionales que esa industria necesita. Estás rompiendo el universo científico que podría alimentar ese desarrollo».
Sánchez Malcolm sostiene que «mientras una empresa común en Argentina paga un tope de 35% de Ganancias, a estas ‘nuevas industrias’ se les pone un techo del 15%. Es un marco de privilegios que no se puede equiparar con ningún otro proyecto nacional o internacional funcionando hoy».
Por su parte, Mariano Caputo, docente y doctorando de la UBA, sostiene: «A diferencia del RIGI original, que era general, este parece un traje hecho a medida para un puñado de empresas de Estados Unidos. El objetivo es que Argentina garantice los recursos energéticos para que Occidente sustente su IA».
A cambio de estos montos, los beneficios fiscales profundizan las concesiones previas: las empresas constituidas como Vehículos de Proyecto Único (VPU) tributarán una alícuota del Impuesto a las Ganancias de apenas el 15%, frente al 35% del régimen general y al 25% del RIGI tradicional. Además, se les garantiza arancel cero para importaciones de todos los bienes vinculados al proyecto, incluyendo insumos y bienes intermedios, un beneficio que en el esquema anterior estaba limitado. En materia laboral, introduce una alícuota única del 10% para contribuciones patronales, lo que implica una transferencia directa de costos al sistema previsional argentino sin mecanismos de compensación previstos. Todo este andamiaje queda blindado bajo una cláusula de estabilidad normativa por 30 años, impidiendo que cualquier ley futura altere estas condiciones.
En diálogo con ANCCOM, Caputo sostiene que el Super RIGI «tiene un objetivo político muy claro que es consolidar a Milei como un liderazgo periférico e indispensable tanto para Estados Unidos como para Silicon Valley. Argentina parece querer concretar la promesa de garantizarle a Occidente los recursos energéticos necesarios para sustentar el crecimiento de la IA».
«Más que un proyecto de incentivos de inversiones –cuestiona Sánchez Malcom-, funciona a modo de cheque en blanco respecto de un resguardo que se va a generar por 30 años para industrias que no están especificadas y sobre las cuales el Congreso no tiene capacidad de incidencia porque las va a definir el poder ejecutivo»
Consumo de recursos y “Efecto Irlanda»
La promesa de convertir a la Patagonia en un polo global de IA mediante la instalación de mega data centers ha encendido alarmas ambientales. Estas infraestructuras demandan un consumo eléctrico y de agua «monstruoso»: solo en 2025, los centros de datos consumieron globalmente el 1,8% de la demanda eléctrica mundial, una cifra comparable al consumo anual de toda Francia. En regiones con estrés hídrico como Cuyo o el NOA, el uso de agua para refrigeración evaporativa podría comprometer el suministro local, considerando que un solo centro de datos puede consumir miles de millones de litros de agua al año.
A pesar de esta magnitud, el proyecto no explicita condiciones ambientales vinculantes sobre emisiones de carbono o eficiencia hídrica. Más alarmante aún resulta el artículo 73(c), que garantiza a las empresas el «derecho a la operación continuada del proyecto sin interrupciones», calificándola como esencial. Esto plantea una encrucijada ética y soberana: ante una crisis energética, la ley podría priorizar el funcionamiento de los servidores de una multinacional por sobre el suministro eléctrico de la ciudadanía. El «Efecto Irlanda» sirve de advertencia: ese país debió imponer una moratoria tras descubrir que los centros de datos consumían el 22% de su energía nacional, lo que obligó al Estado a gastar 1.000 millones de euros en generadores de emergencia.
«Impunidad Artificial»
El Súper RIGI establece que cualquier conflicto entre el Estado y las empresas se resolverá exclusivamente en tribunales de arbitraje internacional (como el CIADI), esquivando por completo a la justicia argentina. Según analistas, esto configura una renuncia voluntaria a la jurisdicción nacional sobre las inversiones más grandes del país por tres décadas.
Sánchez Malcolm explica un tecnicismo legal que tiene un efecto directo en las provincias respecto a la necesidad de «sentencia firme»: «No es solo que eligen el tribunal afuera; es que a las provincias les exigen una ‘sentencia firme’ de la justicia local para poder reclamarle algo a la empresa por incumplimientos ambientales o impositivos. Con los tiempos de nuestra justicia, eso es una eternidad. Y lo peor: aun con sentencia firme, la empresa puede darse vuelta y decir que sigue el litigio en el exterior».
Mariano Caputo sostiene que: «Se está hablando también de la construcción de un data center entre YPF Luz y Tesla… YPF promete usar el gas de Vaca Muerta. Cualquier tipo de instalación de data centers va a demandar aún más producción de hidrocarburos». Respecto de los compromisos en materia internacional: «Argentina queda vinculada de manera irreversible al menos durante 30 años, casi ocho mandatos presidenciales… es un proyecto que no se le ha prestado la debida atención en la política local», dijo Caputo.
Expertos señalan que el régimen es solo el primer paso de una secuencia legislativa que incluye una reforma a la Ley de Sociedades para crear «Sociedades Automatizadas» operadas por IA con personería jurídica plena. La combinación de ambas normas crearía un escenario de «Impunidad Artificial»: empresas sin control humano directo operando infraestructuras críticas, blindadas por 30 años de estabilidad y fuera del alcance de la justicia local ante daños ambientales o civiles.
Respecto del mercado de trabajo, Sanchez Malcolm sostiene que «En Chile el Plan Nacional de Data Centers preveía emplear a más de 80.000 personas y terminaron empleando a 1.750. El impacto en la generación de empleo es casi nulo».
Finalmente, el riesgo de consolidar una «economía de enclave» es latente. A diferencia de modelos implementados en Brasil —que exige un 60% de integración local— o Chile, el Súper RIGI argentino prohíbe explícitamente al Estado exigir la compra de insumos nacionales (Art. 55) y no obliga a las empresas a realizar I+D en territorio argentino ni a vincularse con universidades locales. En un contexto donde el presupuesto de ciencia y tecnología ha caído a niveles históricos del 0,14% del PBI, Argentina corre el riesgo de exportar su talento y recursos mientras subsidia infraestructuras que no dejan valor agregado ni transferencia tecnológica real en el país.
Para Caputo: «Argentina queda atada a una apuesta imperialista por parte de Estados Unidos… El manifiesto de Palantir es muy claro cuando propone que no está en discusión si se van a fabricar armas con IA, sino quién las va a hacer. La visita de Peter Thiel a Buenos Aires necesariamente dialoga con este tipo de proyectos»
El horizonte normativo
Más allá de los beneficios fiscales, especialistas advierten que el Súper RIGI es la pieza fundamental de una arquitectura legal más amplia. El régimen funciona como la antesala de una reforma a la Ley de Sociedades que busca crear «Sociedades Automatizadas»: entidades operadas por inteligencia artificial con personería jurídica plena y responsabilidad limitada. Al no mencionar explícitamente a la IA, el Súper RIGI construye un «caparazón jurídico» de 30 años que estas nuevas sociedades podrían utilizar para operar infraestructuras críticas sin control humano directo, blindadas ante cualquier regulación ética o de seguridad futura y fuera del alcance de la justicia argentina gracias al arbitraje internacional. Para Caputo, «Hablamos de una estabilidad de 30 años; son casi ocho mandatos presidenciales. Es un proyecto al que no se le prestó atención en la política local, pero que vincula al país de forma irreversible».
El espejismo de la inversión y el costo fiscal
La narrativa oficial de la «lluvia de inversiones» choca con la evidencia empírica del RIGI original. De los 124.000 millones de dólares anunciados bajo el régimen previo, a junio de 2026 solo se han hecho efectivos 762 millones, menos del 1%, lo que sugiere que el esquema funciona más como un «seguro a futuro» para las empresas que como un motor de inversión inmediata. Por el contrario, el costo fiscal es real y masivo: se estima que el gasto tributario del Súper RIGI —lo que el Estado dejará de recaudar— ascenderá a 1,27 puntos del PBI, equivalente a más de 8.600 millones de dolares anuales. Este monto contrasta drásticamente con los apenas 100 millones que, según cálculos parlamentarios, se necesitan para recomponer el financiamiento de todas las universidades nacionales.
Resulta paradójico que, mientras Argentina propone eliminar toda obligación regulatoria por tres décadas, los propios líderes de la industria tecnológica global piden lo contrario. Dario Amodei, CEO de Anthropic, ha solicitado a los gobiernos implementar auditorías obligatorias en ciberseguridad y bioseguridad, advirtiendo que la IA puede generar riesgos de autonomía peligrosos. El Súper RIGI ignora estas advertencias y establece el artículo 73(c), que garantiza la «operación continuada» de los proyectos, declarando la viabilidad de los servidores como «esencial» incluso por encima de las necesidades básicas de la población en caso de crisis energética. En este escenario, el país no solo resigna soberanía jurídica, sino que se ofrece como un refugio legal permanente para una tecnología cuyas reglas de juego globales aún no han sido discutidas
Para Caputo, “el único beneficio real es de cortísimo plazo: la mano de obra para construir el edificio. Argentina no tiene capacidad hoy para ser proveedora de microcomponentes o semiconductores; no posee esa tecnología. No hay una promesa de crecimiento real».