Pese a la creciente necesidad de muchos porteños de salir a la calle para ganarse la vida con la venta ambulante, crece la represión de la actividad por parte del Gobierno de Jorge Macri. Una política cada vez más restrictiva del uso del espacio público.
Hace años que uno de los tópicos que se repite en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la venta ambulante: los vendedores de Once o “manteros” fueron motivo de diferentes allanamientos policiales. Estos procedimientos derivan en el secuestro de la mercadería que venden y utilizan para vivir. Episodios policiales más recientemente se han extendido a las ferias de parques y plazas o puestos de pequeños emprendimientos.
Este año la persecución aumentó para alcanzar también a vendedores ambulantes individuales, desorganizados y esporádicos como lo son, por ejemplo, quienes ofrecen paltas en las esquinas de la ciudad o los artesanos en otros casos. ¿Qué cambió? María del Carmen Verdú, abogada y representante de la CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) afirma: “Estamos ante un cambio de régimen con destrucción de derechos y garantías. Esto es infinitamente peor que la situación que teníamos en los noventa”.
Victoria Darraidou, Coordinadora de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) cuenta: “Nosotros veníamos registrando desde el comienzo de la gestión de Jorge Macri una política fuerte vinculada a un uso del espacio público absolutamente restrictivo. En esta política los vendedores ambulantes son un grupo primariamente afectado”. Las restricciones del espacio público y la prohibición de trabajar allí es un eje central en la política de Macri. Recientemente se aprobó en la Legislatura Porteña una reforma en el Código Contravencional y se prohibió a los llamados “trapitos” y limpiavidrios.
Pero ¿es un crimen vender en el espacio público? Según el Código Contravencional, esto no sería motivo de arresto. Darraidou explica: “El Código Contravencional de la ciudad dice que no es una contravención cuando vos establecés una venta callejera como forma de subsistencia”. El Artículo 99 expresa que es una contravención la realización de actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público y que éstas serán sancionadas con multa pero dos párrafos luego afirma: “No constituye contravención la venta ambulatoria en la vía pública o en transportes públicos de baratijas o artículos similares, artesanías y, en general, la venta que no implique una competencia desleal efectiva para con el comercio establecido, ni la actividad de los artistas callejeros en la medida que no exijan contraprestación pecuniaria”. Más tarde el Artículo 100 dice: “Quien ocupa la vía pública en ejercicio de una actividad lucrativa excediendo las medidas autorizadas o el permiso de uso de las aceras, es sancionado/a con multa de ciento sesenta y dos (162) a ochocientas once (811) unidades fijas”.
Entonces, ¿bajo qué normativa los policías de la ciudad arrestan a las personas y les quitan su mercadería? Darraidou explica: “La policía aborda estos hechos como si fuese una contravención y en otros caso lo que hace es forzar una intervención policial y una reacción de las personas para luego imputar el delito de resistencia a la autoridad. Ese delito es muy complejo porque la definición de cuándo aparece es muy vaga y es una definición estrictamente policial”.
Mario, un vendedor de mates artesanales ubicado temporariamente en Avenida Santa Fe y Avenida Intendente Bullrich, cuenta que hace unos días los policías le decomisaron todas sus artesanías, el paño y su bolso en donde tenía objetos personales. “No solamente hay materiales invertidos, también hay tiempo”, explica Mario. Detrás de cada vendedor en el que la policía sospecha un delincuente, hay un trabajador. Mario se pasó varios días en el taller para hacer un cuarto de los productos que normalmente vende, algo vistoso para que la gente se acerque a preguntar. Los policías le explican que tiene que ir a algún juez para que le devuelvan sus mates. “No estoy haciendo algo malo, no estoy cometiendo un delito: estoy tratando de subsistir”, explica. Las ferias organizadas son un lugar típico en donde los artesanos suelen vender pero no siempre es tan fácil dice Mario: “Hay ferias que son muy caras y hay mucho acomodo político. A veces están horas esperando para que te pongan en la feria y perdés el día”.
Cuenta que recién vendió dos mates a unos chicos extranjeros y que comenzó a vender mates luego de que se quedara sin trabajo durante la pandemia en una yerbatera de Corrientes. Vino para Buenos Aires y su hobbie, heredado de la familia, comenzó a ser su forma de sustento. Él mismo se encarga de explicar cómo curar los mates porque no todos se curan de la misma forma. “Siempre con yerba nueva”, repite a los clientes.
El gobierno más represor
El último informe de CORREPI llamada “El gobierno más represor de la democracia”, enumera decretos que ampliaron las facultades de los policías federales y copiadas por el gobierno de Jorge Macri, entre ellas el decreto 383/2025 que reformó la Ley Orgánica de la Policía Federal Argentina. El informe afirma: “El decreto autoriza a esa fuerza a colaborar en el mantenimiento del orden público y de la seguridad de manera espontánea en caso de delitos flagrantes”. Estos operativos “de control y fiscalización para la restricción del espacio público”, no se dan únicamente en los barrios formales de la ciudad, sino también en los barrios populares y villas, como el reciente “Tormenta Negra” con el que las fuerzas de la Ciudad asaltaron 15 villas en plena noche.
Ante un momento de crisis económica las personas buscan complementar sus ingresos primarios con la venta ambulante, en otros casos estos son sus ingresos primarios. Darraidou afirma: “La ciudad, lejos de responder con políticas que pudieran promover, facilitar, colaborar con esa posibilidad de sustento, lo que hace es responder con el sistema penal, con los controles y la restricción por parte de la policía”. Pero este año hay un énfasis en estas políticas y se transformaron en un slogan. La ciudad fue empapelada con diversos afiches que repiten “Ley y orden” y cada uno de ellos enumera una política pública que refuerza el punitivismo. Uno de ellos dice: “La ciudad sin manteros. Ley y orden”. La violencia física es solo una pata de las violencia institucional. “Estas intervenciones de afectación material real, física y de violencia institucional van de la mano de una comunicación oficial que crea criminalización y estigmatización. Estas propagandas de ‘ley y orden’ forman parte del preconcepto de que quienes usan el espacio público para vender son potenciales delincuentes”, explica Darraidou. Verdú afirma que estas políticas son una propaganda de los operativos de limpieza: “Es una deshumanización absoluta”.
Las calles de Avenida Santa Fe se encuentran vacías. En aquellas aledañas a Plaza Italia, no se ve más a los vendedores y artesanos que solían transitarlas. “El Botánico estaba lleno de vendedores. Venía la policía pero no pasaba nada”, comenta un artesano ante las preguntas de ANCCOM. Una diariera explica que en caso de que algún vendedor logre colocar sus cosas, llega la policía y los levantan rápido; un kiosquero afirma que están pero que se van moviendo; El movimiento constante es una estrategia de supervivencia.
Robo y violencia
El daño que se le hace a los vendedores ambulantes es doble: violencia policial y decomiso de toda su mercadería. Eso no solo implica contraer una deuda para los propios vendedores sino también que sean detenidos y se abra una causa contra ellos. Por otra parte, en muchas detenciones se ejerce violencia por parte de los policías. ¿Ellos también son detenidos o sancionados? ¿Los vendedores los denuncian? “Cuando terminás de archivar la causa penal recién ahí se puede iniciar algún tipo de acción y la gente ya no quiere saber más nada porque una vez que salió en libertad y zafó, lo que quiere es mandarse a mudar y no ver nunca más un fiscal en su vida”, explica Verdú.