«Van a subsidiar a los más ricos»

Con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones, la Cámara de Diputados dio media sanción al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, llamado “Súper RIGI”, propuesta enviada al Congreso por el Gobierno nacional. Mientras que La Libertad Avanza y sus aliados apoyaron la ley alegando que generará empleo y permitirá que el país se sumerja en rubros en los que todavía no incursionó, la oposición sostuvo que su aprobación implicará la destrucción de la industria nacional y una cesión de soberanía a tecnomagnates.

El Súper RIGI redobla la apuesta de entrega ya institucionalizada por el RIGI, incluido en la Ley Bases aprobada en 2024. El proyecto, que aún debe debatirse en el Senado, tiene el objetivo de incentivar inversiones de al menos US$1.000 millones en “nuevas actividades económicas”, relacionadas a las infraestructuras tecnológicas y digitales. “Son industrias que prácticamente no existen hoy en nuestro país. Es una ley del futuro”, dijo Damián Arabia, diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), en el debate parlamentario.

Si el RIGI se orienta a proyectos de inversión en minería, petróleo, gas y energía, el Súper RIGI, en cambio, pretende extender las garantías al rubro de las tecnologías. De acuerdo al monto de inversión inicial propuesto, se deduce que la iniciativa se dirige a los grandes tecnócratas. Esto alertó a la oposición por la potencial pérdida de soberanía por el uso de los recursos naturales que se requieren para llevar adelante estos negocios, como el litio, a los que se podrá explotar casi sin restricciones si el Senado avanza con su aprobación. A su vez, también genera preocupación en torno a la protección de los datos de los ciudadanos y la cesión de poder a grupos trasnacionales sobre el espacio digital.

Los incentivos que establece el Super RIGI para los Super Inversores son beneficios tributarios y aduaneros entre los que se encuentra la reducción del impuesto a las ganancias, la exención de derechos de importación y del pago de retenciones y la reducción de contribuciones patronales. “Van a subsidiar a los más ricos”, sostuvo sobre este punto Jorge Taiana, de Unión por la Patria (UxP). En el caso de aprobarse la ley, ese andamiaje de garantías tributarias se garantizará como protección estable para los inversores por 30 años, lo que dificulta una eventual modificación de las reglas del juego a futuro, aun si cambia el color político de los próximos gobiernos.

Como tantos otros durante la sesión, Pablo Farías, diputado de Provincias Unidas, bloque que no acompañó al proyecto, afirmó que el Súper RIGI tiene nombre y apellido: Peter Thiel. Además, sostuvo: “El empresariado argentino clama por soluciones que no están llegando. Tenemos que trabajar para dar esos alivios fiscales y mejorar la posibilidad de financiamiento productivo que impide a muchos crecer, desarrollarse o reconvertirse para competir en este escenario”.

De acuerdo con el proyecto, a partir del tercer año los inversores no cuentan con la obligación de liquidar en Argentina las divisas obtenidas por la exportación de los productos, pueden conservarlas fuera del país. Tampoco hay exigencia de contratación de trabajadores argentinos o proveedores locales, comprar insumos nacionales o de abastecimiento del mercado interno. Además, no establece condiciones de protección de los recursos naturales y el medio ambiente.

En el caso de un conflicto entre el Estado y los inversores, el arbitraje de la disputa se deberá resolver fuera de la Argentina, en territorio internacional, y sin árbitros nacionales, lo que se constituye como otro de los puntos polémicos de la norma. Jimena López de UxP descartó que el proyecto pueda llegar a generar desarrollo económico en Argentina y afirmó: “Esto es una sucesión consecutiva de regímenes excepcionales de excepciones. Todos trajes a medida de sectores que vienen de afuera a decir qué es lo que precisan”.

Los libertarios y sus aliados en el Congreso argumentaron que Argentina no cuenta con industria tecnológica desarrollada por las presiones tributarias y la inestabilidad normativa para los inversores. Por eso, Luis Petri, exministro de Defensa de la Nación y actual diputado de LLA, dijo entre chicanas: “Esta ley no reparte plata, repara confianza”. Sin embargo, la oposición aseguró que los resultados del RIGI, el antecedente de esta nueva ley, no habían logrado los resultados esperados en relación a la inversión y creación de empleo.

“Adorni dijo que se iban a generar 28 mil empleos con el RIGI”, señaló la peronista Julia Strada, pero advirtió que según los datos del INDEC se perdieron más de 200 mil empleos formales desde noviembre de 2023. Luego de decir que muchas empresas tienen la posibilidad de invertir en el país sin gozar de todos los beneficios del Régimen, Strada sostuvo: “Eligieron ganadores donde ya estaba garantizada la rentabilidad”.

De acuerdo con datos del Gobierno, a través del RIGI se aprobaron 16 proyectos, con una inversión de USD 29.892 millones y la creación de 52.495 empleos directos e indirectos. La cifra de la inversión efectuada fue puesta en cuestión por muchos opositores al Gobierno.

Néstor Pitrola del Frente de Izquierda, argumentó contra el Súper RIGI y acudió, como muchos otros a lo largo de la sesión, a los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para mostrar que, aun con el RIGI en funcionamiento, Argentina fue el país que recibió menos Inversión Extranjera Directa (IED) en 2025 entre las principales economías América Latina.

“Este proyecto es para los súper ricos, pero probablemente tampoco vengan. Varias empresas que ya están trabajando en diferentes proyectos van a disimular que presentan una inversión nueva para obtener los beneficios impositivos”, aseguró Romina del Pla, diputada de la izquierda, al comparar el proyecto en debate y la experiencia en la implementación del RIGI. 

Muchos de los diputados que no dieron quórum el martes para interpelar a Manuel Adorni, el miércoles se presentaron para darle un cheque en blanco a inversores millonarios con potestad para presentar proyectos aun no especificados, con potencial extractivista y casi sin exigencias de contraprestación. Se estima que la Ley que obtuvo media sanción se debatirá en el Senado en las próximas semanas.