Dos funcionarios públicos recibieron una sanción de dos años de prisión en suspenso y el doble de tiempo de inhabilitación para ocupar cargos públicos. Otros siete imputados fueron absueltos. Los vecinos apelarán la sentencia.
Luego de cinco meses y más de veinte audiencias, el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario dictó el veredicto en la causa que investiga delitos ambientales en la localidad bonaerense de Pergamino.. Los jueces Román Lanzón, Elena Dilario y Eduardo Rodrigues Da Cruz condenaron a dos funcionarios públicos y absolvieron a siete productores agropecuarios.
En la jornada que se llevó adelante el jueves al mediodía, estuvieron presentes las querellantes Sabrina Ortiz y Alejandra Bianco y vecinos de Pergamino que se trasladaron al juzgado santafesino para mostrar su apoyo. “Nos vamos con un sabor amargo pero esto no significa que se haya terminado. Es solo un paso. Vamos a seguir de pie hasta alcanzar esa justicia que nos merecemos”, dijo Ortiz cuya expectativa era la condena de los nueve imputados.
Los productores Fernando Cortese, Víctor Tiribó, Mario Roces, Carlos y Hugo Sabatini, el ingeniero agrónomo José Luis Grattone y el fumigador Cristian Taboada enfrentaban cargos por el delito contemplado en el Artículo 55 de la Ley 24.051 sobre Residuos Peligrosos, que prevé una pena de 3 a 10 años de prisión para la persona que, a través del uso de residuos, envenene, adultere o contamine de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Además, Roces y Cortese fueron denunciados por amenazas a Sabrina Ortiz y su familia.
Por su parte, Guillermo Naranjo y Mario Tocalini, antiguos representantes de la Dirección de Ambiente Rural creada para controlar la actividad agropecuaria en Pergamino, estaban acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público según lo contemplado en el Artículo 248 del Código Penal. Según las declaraciones de las querellantes y otros testigos que participaron del juicio, desoyeron las denuncias de los vecinos acerca de fumigaciones efectuadas a pocos metros de los hogares y permitieron que se continúe la actividad en oposición a lo dispuesto por una ordenanza implementada en 2014 que establecía una zona de exclusión de 100 metros.
Durante los alegatos finales, el abogado querellante Carlos González Quintana sostuvo que los daños provocados en la tierra, el agua y la salud de los vecinos de Pergamino por las fumigaciones no fueron casos aislados, sino parte de un accionar sistemático llevado adelante por años por parte de los imputados. “Conocían la problemática sanitaria y ambiental. Conocían que estaban enfermando un barrio. Sabían y eran conscientes de que estaban aplicando agrotóxicos de altísimo contenido de veneno a metros de las casas”, aseguró. A su vez, afirmó que las pericias demostraron que los químicos encontrados en las zonas afectadas y en los cuerpos de las víctimas coincidían con los utilizados en sus campos.
Los jueces federales determinaron que, pese a la constatación de la existencia de contaminación y daños a la salud de los habitantes de Pergamino por parte de los agroquímicos, el bloque acusatorio compuesto por la querella y el Ministerio Público Fiscal no logró probar, más allá de toda duda razonable, que los productores incumplieron intencionalmente las normativas con ese fin. Según explicó el presidente del juzgado Román Lanzón, no se acreditó el nexo causal entre las acciones de los acusados y el resultado contaminante. “Esto impide tener por probado que los sucesos atribuidos individualmente a cada uno de los dueños de los campos estén directamente vinculados con la contaminación alegada en Pergamino y sus alrededores”, sentenció. De esta manera, los magistrados absolvieron a Cortese, Roces, Grattone, Tiribó, Taboada y los hermanos Sabatini. También desestimaron los cargos por amenazas por falta de pruebas.
En lo que respecta a Naranjo y Tocalini, Lanzón expresó que “se ha acreditado con certeza que sus comportamientos han estado en las antípodas de lo que se espera de un funcionario público”. Señaló que las autoridades municipales no cumplieron con su deber de controlar la actividad agrícola e incurrieron en incontables omisiones como fue establecido por diversos testigos. Por eso, se los condenó a dos años de prisión condicional, el máximo previsto por el Código Penal, e inhabilitación para ocupar cargos públicos por el doble de tiempo. También, se les ordenó realizar trabajos no remunerados vinculados a la salud y al cuidado del medio ambiente por dos horas semanales.
Otro de los aspectos destacados por la querella en los argumentos de cierre fue la eficacia de la medida cautelar implementada en 2019, que prohíbe la fumigación a menos de 1.095 metros de zonas residenciales, si se pulveriza por vía terrestre, y 3000 si es por vía aérea. El abogado Fernando Cabaleiro solicitó que sea expandida a todas las escuelas rurales y pueblos del interior de Pergamino. A este respecto, las autoridades del TOF se limitaron a expresar su incompetencia en materia legislativa y ordenaron que las medidas cautelares sigan vigentes hasta que la sentencia sea firme.
Por otra parte, el juzgado solicitó que se investigue al intendente de Pergamino Javier Martínez y a otros funcionarios que hayan intervenido en la Dirección de Ambiente Rural. “Nótese que la ineficacia de los controles estatales fue lo que produjo los resultados dañosos para la salud de las personas” dijo el juez Lanzón.
La sentencia completa y sus fundamentos se darán a conocer el 10 de agosto. Por lo pronto, la querella evalúa presentar un recurso de apelación para que sean condenados los productores acusados. “Nuestros cuerpos tienen veneno. El que me envenenó fue Mario Roces quien vive frente a mi casa. No vamos a parar hasta que esto se resuelva, porque consideramos que hay pruebas que no han sido leídas”, expresó Ortiz.
En un principio, la fecha estipulada para la lectura de la sentencia era el miércoles 24 a las 10 de la mañana, pero fue reprogramada primero al viernes 26 y luego al jueves 25. Lo que se llevó adelante el miércoles fue la audiencia de últimas palabras, en la que los imputados pudieron expresar sus comentarios finales sobre el juicio. A excepción de Mario Roces que rehusó hacer uso de este derecho, todos insistieron en su inocencia. Los productores negaron haber ido contra las normativas vigentes y los funcionarios haber incumplido su tarea. “Si hoy tengo que volver a trabajar o volver a la Secretaría de Producción, trabajaría de la misma manera en que trabajé, porque considero que lo hice correctamente, sin causarle perjuicio a nadie” declaró Tocalini, exrepresentante de la Dirección de Ambiente. “En una guerra que no es mía, de ambientalistas contra el agronegocio, he quedado en el medio. A partir de un problema particular se lo pretendió llevar a lo general y se transformó en, como dicen, un juicio histórico contra el campo o los grandes poderosos. Algo que no tiene sentido con lo que acá se ha visto”, manifestó el agropecuario Tiribó.
También denunciaron persecución, difamación y daños a su reputación tanto profesional como personal por parte de los medios de comunicación. “Hace siete años que estamos perseguidos y no sé por qué. No hemos hecho nada, simplemente trabajamos por el futuro del país”,afirmó Cortese, otro de los productores acusados y el último en tomar la palabra durante la jornada del miércoles 24.
Una lucha con historia
La causa inició por una denuncia de Sabrina Ortiz ante el Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás en 2018. Sin embargo, los reclamos ante las autoridades municipales llevaban años y los problemas de salud de los vecinos aún más. Los hechos investigados comprenden un periodo de ocho años entre 2011 y 2019 en los que los habitantes de Pergamino manifestaron distintas afecciones derivadas de las pulverizaciones. Alejandra Bianco, la otra querellante, declaró en los inicios del juicio que toda su familia padeció alguna enfermedad y que, pese a no vivir en el campo, encontraron agrotóxicos en su cuerpo. En 2023, otra de las caras de la lucha, Florencia Morales, falleció de cáncer luego de que se encontrara una alta concentración de los químicos utilizados en la fumigación en su sangre. La propia Ortiz sufrió dos ACV y la pérdida de un embarazo.
El mismo año en que inició la investigación, se realizaron muestreos del agua y del suelo de Pergamino. Se encontraron 45 plaguicidas en la superficie, de los que se identificaron nueve: atrazina y dos metabolitos de degradación, triticonazol, metolaclor, acetoclor, clorpirifos, glifosato (declarado agente potencialmente cancerígeno por la OMS) y su producto de degradación AMPA. En el agua se detectaron 18, con mayor presencia de cinco de esas sustancias.
A pesar del resultado, menos favorable de lo que la querella y la fiscalía hubieran deseado, Ortiz destacó el carácter histórico del juicio: “Este proceso de casi ocho años de instrucción sienta un antecedente. Todo este tiempo hemos recopilado pruebas y esto tiene que sentar un precedente para los pueblos fumigados que tienen sus aguas contaminadas. Pergamino se levantó. No vamos a parar hasta que dejen de fumigar”.