Un amparo dictado esta semana obliga al Gobierno de la Ciudad a informar al Poder Judicial por lo menos 24 horas la realización de un desalojo administrativo y ofrecer soluciones habitacionales a quienes quedarán en la calle. La figura, que está pensada para aplicar cuando existe riesgo de derrumbe, era utilizada de manera abusiva por Jorge Macri para expulsar a quienes ocupaban viviendas abandonadas.
Entre el 12 de diciembre de 2023 y el 5 de marzo de 2026 se registraron 621 desalojos en la ciudad de Buenos Aires: 1.135 familias afectadas, 4.482 personas en total, entre ellas 1.409 niñas, niños y adolescentes. En 2025 los desahucios crecieron un 25% respecto a 2024, y este año la tendencia continúa.
Existen dos métodos para autorizar un desalojo, uno judicial y otro administrativo. El primero es aquel en el cual un juez debe dar la orden de desalojar a una persona y el GCBA es meramente un ejecutor a través de la policía. En cambio, el método administrativo es aquel en el cual el GCBA es impulsor y ejecutor a la vez (Decreto 1510/97, artículo 12), y es utilizado para la desocupación de inmuebles públicos o de aquellos que la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencia (DGGAyE) determine como con riesgo de derrumbe.
El uso de la figura del riesgo de derrumbe para el desalojo está pensado para casos como el reciente colapso de una cochera subterránea de un edificio de Parque Patricios cuyos cimientos quedaron comprometidos. Este mecanismo busca vaciar el inmueble de la forma más rápida posible. Expertos como Fernando Bercovich, consultor de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), denuncian que el GCBA está abusando de esta herramienta para desalojar aquellos inmuebles donde la vía judicial no prospera. Esto se puede observar al contrastar los datos: en 2024 un 2% de los desalojos fueron de carácter administrativo, es decir por riesgo de derrumbe, mientras que en los primeros dos meses del 2026 representaron el 58%.
“Lo que hace el GCBA, en una campaña que busca mostrar que devuelven inmuebles tomados, es mandar la guardia de auxilio al domicilio, lo clausuran por riesgo de derrumbe inminente hasta hacer un peritaje, y si no se van los desalojan a la fuerza. Después, cuando se establece que no hay tal peligro y quieren reingresar, como están fuera de regla, no los dejan entrar y quedan en la calle”, explica Bercovich, como ya vienen denunciando las organizaciones que trabajan la problemática de la vivienda en la ciudad.
“Un desalojo por vía judicial –agrega– tiene un montón de requisitos que uno por vía administrativa no tiene, por ejemplo, ver si hay menores de edad o discapacitados y la obligación estatal de brindar una solución habitacional a los desplazados”.
Las personas desalojadas por vía administrativa no cuentan con una alternativa habitacional seria, lo único que se les ofrece es ir a un Centro de Inclusión Social (SIC), conocidos como “paradores”, o aplicar para un Subsidio Habitacional. Para calificar, la persona debe demostrar que no tiene hogar, y presentar un presupuesto de alquiler en una pensión u hotel. Esto es difícil de lograr ya que no existe alternativa pública y son pocos los establecimientos privados que ofrecen dicho servicio dados los bajos márgenes de ganancia y el alto riesgo de tener que lidiar con retrasos en los pagos o la ocupación de sus inquilinos.
Al verse imposibilitados de conseguir una solución legal real, buena parte de estas personas acaba recurriendo a los alquileres informales de las villas de emergencia, ya que el subsidio que otorga el GCBA tiene un tope de 227.000 pesos por grupo familiar, lo cual corresponde a poco más de la mitad de lo que cuesta el alquiler mensual de una habitación con baño en un hotel económico.
Llevar a cabo el desalojo por vía judicial de una persona en situación vulnerable (bajos ingresos, discapacidad, menores a cargo) es complejo, ya que, para buena parte de la doctrina judicial, el derecho constitucional a la vivienda es superior al de la propiedad privada, por ende, este último queda suspendido hasta que exista una alternativa habitacional real, como lo es una vivienda de tránsito. Los “desalojos express” que impulsa el GCBA, al fin y al cabo, son ingeniería judicial, que explota un gris legal para acabar priorizando el derecho a la propiedad, que al actual Gobierno de Jorge Macri parece recompensarlo electoralmente.
Frente a esta situación, los legisladores de Fuerza por Buenos Aires Victoria Freire y Alejandro “Pitu” Salvatierra, junto a vecinas desalojadas y a la Asociación Civil Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad (CEyAI), presentaron un amparo que fue aprobado el último miércoles 17 de junio por el Juzgado de 1ª Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2. La medida judicial dispone que el GCBA debe notificar de cualquier intento de desalojo administrativo con por lo menos 24 horas de anticipación al juzgado. Además, establece que se debe garantizar a las familias una vivienda transitoria, efectiva e inmediata. Así, transitoriamente, pone fin a los desalojos express, pero el problema de fondo –el déficit habitacional– sigue allí.