Trabajadores sociales relatan cómo es trabajar en el Patronato de Liberados, una institución poco visible pero central en para restituir derechos a las personas que estuvieron en conflicto con la ley.
El Patronato de Liberados es una institución fundamental para la reintegración de personas que han atravesado el sistema penal. Para comprender su funcionamiento y los desafíos que enfrenta hoy, ANCCOM conversó con Patricia Aguirre y Soledad –que prefirió mantener su apellido en reserva-, ambas trabajadoras sociales que han sido parte del organismo y con un trabajador social que actualmente desempeña tareas en la institución y también prefirió resguardar su identidad. Ellos compartieron sus experiencias y miradas sobre la labor cotidiana en este espacio que, a lo largo de sus 120 años de historia, atravesó respaldos y abandonos al ritmo de los gobiernos de turno.
Si bien con las reformas del Código Penal de 1994 sumó a sus responsabilidades la supervisión de toda persona en conflicto con la ley penal: liberados condicionales, condenados condicionales, eximidos de prisión, excarcelados, personas con prisión preventiva, condenados con libertad asistida o salidas transitorias, Patricia Aguirre, extrabajadora social en la institución, identifica un punto de inflexión en 2004. Hasta entonces, sostiene, el Patronato funcionaba con una lógica casi exclusivamente administrativa: el trabajo se reducía a controlar la presentación de los liberados ante el juzgado.
El giro, recuerda Aguirre, no nació de una planificación a largo plazo sino del clima social que dejó el secuestro de Axel Blumberg, durante la gobernación bonaerense de Daniel Scioli. «Algo había que hacer en términos políticos. Y cuál es la política pública que desarrolla: cambiar el Patronato de Liberados», apunta. A partir de ese momento se incorporaron equipos interdisciplinarios, trabajadores sociales, psicólogos, abogados, distribuidos por localidad. Y se formalizaron tres ejes de trabajo: control, asistencia y tratamiento. Sin embargo «hay un sistema al que no le interesa poder hacer un tratamiento, al que le interesa únicamente el control», afirma Aguirre. «Tenemos que informar a un juzgado si vino, si no vino. Eso existe y algo de eso funciona. Después toda la pata social no funciona, cae todo.»
Frente a la pregunta sobre los principales desafíos personales y profesionales para quienes trabajan en este ámbito, Aguirre insiste en que no existe una receta única: «Trabajamos con personas en una complejidad: tenés distintas historias de vida, donde se suman un montón de variables. No tengo una misma respuesta para todos.» Y recuerda casos que ilustran el fracaso encadenado de las instituciones: personas que llegaban al Patronato con más de 20 años sin haber tenido nunca un DNI: «Fallamos todas las instituciones», dice.
A esa complejidad se le suma la heterogeneidad de los perfiles. «No es lo mismo una persona que roba que un abusador o que un golpeador. No podés trabajar con todos esos perfiles de la misma manera.»Cuando aparecen los consumos problemáticos, el cuadro se agrava. Aguirre evoca una escena que no logra olvidar: «Un pibe con la bolsita de Poxiran enfrente mío. Después lo derivabas y lo expulsaban. No lo querían atender porque era un ‘pibe chorro’. La estigmatización, dice, recorre incluso a las instituciones que deberían recibirlos”.
“Una institución sostenida por sus trabajadores” es la descripción que hacen los entrevistados del lugar. La precariedad laboral atraviesa todos los testimonios. «Se sostiene por quienes trabajan por salarios bajos, con estrés permanente, acompañando historias durísimas y con ausencia de recursos, lo que compone un combo que termina expulsando a los propios profesionales. La cantidad de trabajadores sociales que renunciaron al Patronato hablan de que algo está pasando», dice Aguirre.
Soledad describe ese mismo límite desde su propia experiencia: «Lo viví con mucha angustia, sobre todo en los momentos en donde era difícil conseguir algún recurso. Por más creativa que puedas llegar a ser, es una realidad que nos excede: no hay guita para gestionar una vivienda, un microemprendimiento para que la persona pueda sostenerse».
En medio de ese escenario, trabajadoras y trabajadores encuentran en la organización colectiva una forma de empujar cambios que el sistema no produce de arriba hacia abajo. «Aprendí a que te organizás y reclamas. ¿Qué ganás? No cambiás el mundo, pero empezás a presionar, y cuando empezás a presionar, conseguís cosas», cuenta Aguirre. Desde reclamos básicos, no trabajar en una sociedad de fomento al lado de un baño, hasta intervenciones de fondo. Uno de esos avances surgió a partir de la Ley de Violencia. Cuando empezaron a multiplicarse las denuncias por violencia de género, un grupo de compañeras impulsó, desde la base, la idea de que la firma ante el Patronato no podía ser el único dispositivo. «No solamente tienen que venir a firmar, tiene que haber otro dispositivo.» Así se creó un espacio precario al principio, hoy institucionalizado, en el que las personas condenadas por estos delitos deben hacer un curso de violencia de género o concurrir a instancias de trabajo con psicólogas y trabajadores sociales «porque si no, el tipo va a seguir reincidiendo porque no se trabaja sobre el problema».
Frente a la escasez de recursos, el trabajador consultado pone el acento en la contracara de la retribución emocional: «Cuanto más grande es la montaña, más grande es el desafío y la recompensa», dice, y describe el trabajo como una tarea gratificante a pesar de la renuncia constante de profesionales por los «paupérrimos salarios».