El último 24 de marzo la agrupación SonSinCuenta presentó un recurso de habeas corpus para que el Estado informe el destino de los 30.000 desaparecidos durante la última dictadura. Luego de un fallo contrario en primera instancia, la Cámara de Apelaciones hizo lugar al pedido.
El pasado 24 de marzo la agrupación SonSinCuenta había solicitado un habeas corpus colectivo en Tribunales para conocer el destino de todos los desaparecidos en la última dictadura cívico militar. La semana pasada hubo una resolución favorable para este colectivo integrado por hijas e hijos de desaparecidas y desaparecidos. La sala II de la Cámara Federal de Apelaciones estableció que el derecho a la verdad es algo exigible por “toda la sociedad y no puede estar sujeto a determinaciones particulares”. SonSinCuenta, con el patrocinio de los abogados Luis Zamora, Marcela Dal Santo y Sofía Caravelos, considera que la búsqueda de respuestas ya no puede ser realizada de manera individual, ni tampoco poniendo la carga de la prueba en las víctimas. Por lo tanto, celebraron que el tribunal haya establecido que el Estado debe “construir un acervo informativo” que permita alcanzar “un saber integral” para conocer “donde yacen los restos” de los detenidos desaparecidos, en función de honrar el derecho a la verdad reconocido en el Artículo 43 de la Constitución Nacional. El proceso judicial contó con muchas idas y vueltas, que la abogada querellante Marcela Dal Santo reconstruyó en diálogo con esta agencia, al tiempo que ponderó que los jueces hayan dado órdenes al Poder Ejecutivo.
El habeas corpus había sido presentado frente al juzgado nacional en lo Criminal y Correccional Nº 59. Al día siguiente, este juzgado se declara incompetente debido a que se trata de una acción que afecta a un grupo de personas y que la incidencia de los actos denunciados excede la competencia territorial de la ciudad. Así, la solicitud fue dirigida a la Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones que la giró al fuero federal. Una vez allí, el juez Sebastián Ramos rechazó el habeas corpus debido a que “la pretensión de fondo -conocer el destino final de los familiares- no puede razonablemente ser alcanzada con la premura y agilidad propia del remedio intentado”, es decir la figura del habeas corpus. También argumentó que “al hallarse en curso los procedimientos pertinentes para dilucidar el paradero de una persona, la interposición de una hábeas corpus con el mismo objeto, desnaturaliza la finalidad del instituto” del habeas corpus. A través de sus abogados, los SonSinCuenta apelaron la decisión de primera instancia del juez Ramos.
Jugarse por todo y ganar
El 5 de mayo los jueces de la Sala II, Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, concedieron una audiencia en la cual durante más de dos horas los abogados Zamora y Caravelos expusieron sus argumentos. Finalmente, con la disidencia de Farah, la Cámara estableció que el pedido para conocer el destino de todos los desaparecidos es legítimo.
Los camaristas establecieron que “reconocer la legitimidad y justicia del reclamo implica asumir el deber jurisdiccional de poner al alcance de aquellos las herramientas necesarias para su atención a través de una respuesta judicial efectiva”, y señalaron que “esta última no se alcanza si se omiten acciones conducentes para encauzar la pretensión”. Además, los jueces precisaron que “el desconocimiento de los datos filiatorios de los familiares cuyo paradero forma parte de la pretensión no es un obstáculo insuperable”. Por su parte, en su voto en minoría, Farah dijo: “Voto por ordenar extraer copia de este legajo para su remisión a los doce juzgados del fuero para su agregación a los expedientes en trámite por delitos de lesa humanidad”.
Esto significó un gran triunfo para SonSinCuenta, tal como lo expresó Lucía Herrera, integrante de la agrupación: “Pensábamos que ni bien mandáramos la solicitud iba a ser archivada como paso siempre”. Al triunfo de SonSinCuenta todavía le faltaba un gol, que llegó el 4 de junio. El acta del Poder Judicial de la Nación dice: “Finalmente, los apelantes consideran oportuno que el juez requiera al Poder Ejecutivo Nacional informes exhaustivos acerca de las investigaciones relativas a casos de desaparición forzada. Y si bien en el párrafo anterior se decidió dar curso a una serie de diligencias informativas que permitan fijar el estado de situación del entramado que nos ocupa, tal petición resulta pertinente y adecuada para el correcto develamiento del caso, por lo que se encomienda su estricto cumplimiento”.
La abogada Dal Santo explicó lo que significa esto: “Lo que ordena la Sala es que oficie a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación a fin que reporten al juez la situación, dice, referido al tema que nos convoca. Es suficientemente amplio como para que cada uno interprete, tome lo que quiera. Yo lo que tomo de acá es que ordena hacer cosas y entre esas cosas, le ordena ampliar la indagación, o sea, investigar y en ese tren incluye a la a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación, el Poder Ejecutivo.” Claramente, cuando empiecen a llegar las notificaciones judiciales a los despachos de los funcionarios del gobierno libertario, negacionistas y apologistas de la dictadura en su mayoría, comenzará otro capítulo de esta historia.
Luego de esta primera victoria, Herrera dejó bien en claro que no hay que conformarse: “Nosotros lo que sí estamos seguros y seguras es de que con esto no basta. Esto requiere de un acompañamiento masivo, en las calles, de una acción en común, de muchos más actores políticos, sociales, de derechos humanos, esto requiere un empuje mayor para que se lleve adelante. Pero lo que sí nos da esperanza, por decir de alguna manera, es que el último 24 de marzo la consigna común fue que digan dónde están y eso no fue acordado en ningún lado”. Además dejó abierta a la posibilidad de una movilización masiva: “Es probable que próximamente intentemos hacer una convocatoria amplia para impulsar esto más masivamente, pero todavía está charlándose. Hay varios proyectos en ese sentido.”