Colectivos de personas con discapacidad y sus familiares están en alerta ante el proyecto de ley ingreso al Senado para modificar la actual normativa.
El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) presentó al Senado un proyecto que busca modificar parte de la Ley de Pensiones No Contributivas (13.478), la Ley del Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con Discapacidad (24.901), y la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793). El gobierno de Javier Milei argumenta que busca poner el foco en controlar quiénes son realmente beneficiarios y si se está haciendo uso debido de la asignación.
La propuesta modificatoria titulada “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez” se fundamenta en la marcada curva de crecimiento que va de 76 mil a 1 millón doscientos mil pensiones otorgadas desde el 2003 al 2023. En el texto presentado, el PEN sostiene que ni siquiera los países que vivieron guerras detectaron un incremento tan elevado en la población con discapacidad. Tras la publicación de este proyecto de ley, las organizaciones de la sociedad civil comenzaron a objetar varios de los puntos, a explicar aquel aumento y a reiterar los problemas socioeconómicos que atraviesan buena parte de las personas con discapacidad mental, motriz, visual o auditiva.
“Está muy mal cómo la titularon. Fraude es un delito. O sea, nos están diciendo que las personas con discapacidad son delincuentes”, denuncia en conversación con este medio Alejandro Cytrynbaum, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA). Explica que esa cifra de crecimiento en la que se refugia el gobierno para justificar la modificatoria, en realidad es consecuencia de un cambio en el sistema de otorgamiento de pensiones que hasta el 2003 consistía en la limitada dinámica de “alta por baja”: “Tenía que darse de baja una pensión o fallecer la persona que la tuviese y recién ahí podían entregárselo a otro. A partir del 2003 se empiezan a dar las pensiones que corresponden. Por eso hay un salto tan grande”.
Al respecto, Gonzalo Giles, periodista, activista y persona no hablante exteriorizó: “Claro que cualquier irregularidad debe investigarse. El problema es cuando se usa un porcentaje de fraude para justificar una reforma que termina perjudicando masivamente a personas legítimamente titulares de derechos”.
Como antesala a las modificaciones que se van a plantear en el texto del proyecto, se hace mención del Artículo 4 Inciso 2 de la Ley 27.044 que le otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad (CDPD). Allí se alude que los Estados parte garantizarán los derechos necesarios, pero con los recursos disponibles para que la política pública pueda sostenerse en el tiempo como fue planificada.
Cytrynbaum dice: “Sólo el 20% de las personas disca cobra una pensión, que es de 266.000 pesos; menos de una jubilación mínima. O sea, que esto no le va a mover la aguja al gobierno.”
Según Giles, deshumanizar a las personas con discapacidad y verlas solo como un costo económico es peligroso, porque convierte derechos en privilegios condicionados: “Cuando un Estado empieza a mirar a las personas solamente desde cuánto cuestan, lo primero que se pierde es la dignidad”.
“Hay transportistas que dejaron de trabajar, acompañantes terapéuticos cobrando montos irrisorios, instituciones endeudadas, obras sociales rechazando prestaciones y familias que tienen que elegir entre comprar medicación o pagar terapias. La emergencia se vive todos los días”, dice Giles.
Al libre mercado
Una de las modificaciones que más eco causó es la referida al funcionamiento del nomenclador de prestaciones básicas que sirve para determinar un piso mínimo obligatorio que tanto obras sociales, prepagas y el Estado deben abonar a prestadores por servicios de rehabilitación, educación, transporte y apoyo requeridos por personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD). En el proyecto del PEN se describe: “El nomenclador no incluirá valores universales, los cuales deberán ser determinados por cada ente obligado, en el marco de su relación con los respectivos prestadores”.
En la actualidad, la situación ya de por sí es problemática. No se establecen aumentos en los aranceles previstos por el nomenclador. Desde hace meses se espera una compensación teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el periodo de mayor deterioro que va desde diciembre de 2023 a octubre de 2025. Sin embargo, aún no se ha implementado. “Muchos prestadores categorizados (centros educativos terapéuticos, servicios de apoyo a la integración escolar, centros de día, hogares) han tenido que cerrar sus puertas, dejando de brindar servicios”, dice al respecto Leticia Barnes Castilla, abogada quien ha trabajado en conjunto con la Asociación Argentina de Padres de Autistas (A.PA.de.A).
Giles agrega: “Hay transportistas que dejaron de trabajar, acompañantes terapéuticos cobrando montos irrisorios, instituciones endeudadas, obras sociales rechazando prestaciones y familias que tienen que elegir entre comprar medicación o pagar terapias. La emergencia se vive todos los días.”
Bajo la lupa
Otro punto del proyecto que causó revuelo es la elaboración de un reempadronamiento. Plantea auditorías periódicas para evaluar si las personas con pensiones cumplen con todos los requisitos socio-económicos y personales para ser admisibles del subsidio.
“Genera enorme preocupación porque pone nuevamente bajo sospecha a personas que ya atravesaron evaluaciones médicas, sociales y burocráticas agotadoras. En Argentina, cada trámite extra muchas veces significa pérdida de derechos para quienes tienen menos recurso”, dice Giles.
En la misma línea, Cytrynbaum, como padre de Martín, persona con Síndrome de Down, agrega: «Ya se hizo una auditoría y un relevamiento. A las familias ya nos citaron de una mala manera en lugares que no eran accesibles para las personas con discapacidad, para hacer todo un relevamiento y ahora quieren hacerlo de nuevo. Esto es un desgaste para quienes tenemos que ocuparnos de las personas con discapacidad, de todos sus tratamientos.”
Barnes Castilla problematiza que si se hace un reempadronamiento, que no funcione como una restricción de derechos: “Es necesario atender a las diferentes circunstancias geográficas, culturales y de acceso a la información que se presentan en cada lugar del país. Las realidades son muy disímiles, así como también el acceso a la tecnología -conexiones a internet, dispositivos móviles y computadoras- que en muchos casos han sido determinantes, para que muchas personas no puedan efectuar actualizaciones de datos y cumplimentar los requerimientos y pasos que requiera la normativa.”
“Si trabajás dejás de ser discapacitado”
Además, en el texto se establece que tanto quienes estén trabajando en relación de dependencia, como en modo informal o como monotributistas se ven impedidos a adquirir una pensión. Solamente personas con invalidez que no les permita trabajar, así como aquellas personas mayores a los 70 años podrán ser beneficiarias.
“Transmite un mensaje brutal: ‘si trabajás, dejás de ser discapacitado’. Eso empuja a la informalidad, desalienta la autonomía y castiga a quienes intentan construir un proyecto de vida independiente y digno”, denuncia Giles.
En el mismo sentido, Barnes Castilla explica que no se puede pensar en un trabajo y en una pensión como dos formas paralelas de obtener un ingreso económico favorable, siendo que la pensión equivalente al 70% del valor de una jubilación mínima es insuficiente para sostener los gastos y, por otro lado, sabiendo que estadísticamente la mayoría de las personas con discapacidad se encuentran desempleadas o con empleos de mala calidad: “Sería importante implementar condiciones y requisitos para la coexistencia de pensiones- monotributo y/o empleo formal, cumplimentando condiciones y topes de ingresos.
Por lo demás, la pérdida de la pensión en muchos casos significa también la pérdida del acceso a la salud, a través del programa Incluir Salud, dañando aún más la delicada situación que viven las personas con discapacidad y sus familias.”
¿Escuchar sin comprometerse?
Barnes Castilla dice que se está pasando por encima de la Convención de Personas con Discapacidad en aspectos como la participación de las personas con discapacidad en la elaboración de este proyecto. Y remarca lo inadmisible de esa actitud teniendo en cuenta que la filosofía y la historia del movimiento de defensa de sus derechos está signada en torno al lema ’nada sobre nosotros sin nosotros’.
Hace unas semanas, Giles entre otros argentinos con discapacidad, organizaciones y prestadores se reunieron con senadores para hablar sobre este proyecto en análisis. El periodista le contó a este medio cómo fue el diálogo: “Dejó sensaciones mezcladas. Por un lado, hubo legisladores que entendieron la gravedad del escenario en discapacidad. Reconocieron que ya no se trata de una crisis sectorial, sino de una emergencia humana y social.” Sin embargo, dice que hay una brecha entre ser comprensivos con la situación y materializarlo en la práctica: “Algunos senadores acompañan el reclamo en privado, pero después dudan al momento de confrontar con el Ejecutivo. Y eso genera mucha angustia en las familias y organizaciones”.
Pero además del temor porque la conversación se disuelva con el tiempo, Giles rememoró lo que significó tener que explicarle a esa sala por qué no debería aprobarse un proyecto como este y cuáles son los derechos básicos que altera: “Otra vez estamos obligados a demostrar que nuestra vida vale inversión pública. Y cuando un colectivo tiene que mendigar dignidad, el problema ya no es presupuestario, es ético.” Según la página del Senado, el proyecto aún no giró en comisiones y por lo tanto no hay fecha para ser tratado en el recinto.