En medio de una crisis política y una baja legitimidad democrática, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez buscarán convertirse en el noveno presidente de los últimos 10 años del país andino.
Este domingo, Perú tendrá su balotaje presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, dos candidatos que están en las antípodas ideológicas entre sí, derecha e izquierda respectivamente, aunque se fueron moderando a medida que avanzó la campaña. Esta elección se da en medio de un momento de cambios en latinoamérica y crisis en las instituciones políticas y judiciales de Perú, por lo que sus resultados mantienen expectantes a toda la región. Quién gane la contienda será la novena persona que ocupe el Palacio de Gobierno en los últimos 10 años.
Estabilidad económica, inestabilidad política
El caso peruano suele ser presentado como una rareza en América Latina. Durante años, se utilizó al país, por sus indicadores macroeconómicos, como ejemplo para países y organismos internacionales, apoyado en un Banco Central independiente, disciplina fiscal y una economía sin mayores sobresaltos. Sin embargo, ese desempeño económico macro no fue acompañado por una distribución pareja ni un fortalecimiento equivalente en sus instituciones políticas. Por el contrario, mientras la estabilidad macroeconómica se mantenía el sistema político se fragmentaba cada vez más, posiblemente por la falta de mejoras en la situación de las mayorías.
Perú atravesó en los últimos diez años uno de los períodos de mayor inestabilidad política de su historia. Aunque el país mantuvo elecciones democráticas regulares y una economía estable en comparación con otros países de la región, la relación conflictiva entre el Poder Ejecutivo y el Congreso provocó una sucesión de crisis institucionales, renuncias presidenciales, destituciones y gobiernos de transición. “No existe la estabilidad política acá. Las renuncias y destituciones se hicieron palabra corriente”, afirma Diego Flores, periodista de La Mula, diario nacional peruano, “Todo se llevó adelante con represión y estado de emergencia”.
La crisis se comenzó a profundizar durante el gobierno de Pedro Kuczynski, quien enfrentó acusaciones vinculadas al escándalo de corrupción de Odebrecht y renunció en 2018 antes de afrontar un proceso de destitución. Su vicepresidente, Martín Vizcarra, asumió el cargo y mantuvo una fuerte confrontación con el Congreso, al que incluso llegó a disolver en 2019.
En 2020, Vizcarra fue destituido por el Parlamento. Su reemplazante, Manuel Merino, permaneció apenas cinco días en el poder tras una ola de protestas masivas que dejaron muertos y heridos. Luego asumió el gobierno transitorio de Francisco Sagasti.
La elección de 2021 llevó a la presidencia a Pedro Castillo, un maestro rural sin experiencia en política nacional que llegó al poder en un contexto de fuerte polarización. Su gestión estuvo marcada por denuncias de corrupción, cambios constantes de gabinete y enfrentamientos con el Congreso. En diciembre de 2022 intentó disolver el Parlamento y gobernar por decreto, una medida considerada inconstitucional. Horas después fue destituido y detenido por el ejército, una situación que su partido acusó de “golpe de Estado”. Tras su caída, asumió la vicepresidenta Dina Boluarte. Su llegada ocasionó fuertes protestas, especialmente en el sur del país, con reclamos por elecciones anticipadas y una profunda crisis de representación política.
Tras ser destituida Boluarte en 2025, José Jerí asumió como máxima autoridad del ejecutivo. Era presidente del Congreso y su mandato estaba pensado como una transición hasta las elecciones de 2026, pero su mandato duró cuatro meses debido a un escándalo político que derivó en su remoción por parte del Congreso. Finalmente José María Balcazár asumió en febrero de este año para finalizar el mandato presidencial estipulado.
En diálogo con ANCCOM, Felipe Galli, politólogo especializado en elecciones, afirma: “Hay un Poder Legislativo, gobernado por facciones conservadoras que conforman una élite. Estás abusan del recurso de ‘vacancia presidencial’ para echar al presidente cuando consideran que su ciclo político está terminado”. Aunque también menciona que hay que hacer dos distinciones como ejes del conflicto: la política, que se acrecienta desde 2016, y otra regional presente desde 2021. Esta última tiene un factor clave: la relación entre Lima y el resto del país. “Castillo inició una confrontación entre las regiones postergadas, principalmente el sur contra el centralismo y la élite mencionada”.
¿Hay legitimidad?
La primera vuelta de las elecciones presidenciales peruanas, celebrada el 12 de abril, confirmó la profunda crisis de representación política que atraviesa el país. En una boleta tan grande como histórica, ninguno de los 35 candidatos superó la barrera del 20% de los votos, quedando muy lejos del 50% requerido para ganar en primera vuelta, por lo que la definición quedó en manos de un balotaje entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.
El resultado reflejó una extrema fragmentación electoral. Fujimori obtuvo el 17% de los votos y Sánchez cerca del 12%, lo que significa que más del 70% de los peruanos votó por otros candidatos. De hecho, el segundo lugar fue disputado voto a voto por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien finalmente quedó fuera de la segunda vuelta por una diferencia mínima tras varios días de conteo.
A su vez, en estas elecciones también se instauró un Senado con 60 miembros, recuperando el régimen bicameral en el país. Este mismo existió en un pasado, hasta que fue disuelto en el autogolpe de Estado de 1992, liderado por Alberto Fujimori, padre de Keiko.
“Los porcentajes no garantizan gobernabilidad, pero el nuevo Senado tiene poder de veto sobre las vacancias presidenciales y para conseguir el veto se necesitan dos tercios de los votos en la cámara”, explica Galli, “Por los resultados, en caso de ganar Keiko, el fujimorismo superaría el tercio, mientras que Sánchez, en caso de ganar, tendría 14 senadores y la posibilidad de negociar con espacios de centroizquierda para tener gobernabilidad”.
Pero los desafíos también van a estar en la aprobación por parte de la sociedad que ambos puedan llegar a tener. “Cuesta encontrar un perfil que se acerque a la sociedad peruana. Esta sigue muy fragmentada y con las secuelas de pésimos gobiernos”, explica Flores y agrega: “No creo que se alcance un consenso social, aunque si se logra uno político puede existir una oportunidad de calma”.
¿Qué representa cada candidato?
Fujimori lidera el partido Fuerza Popular y representa una corriente de derecha conservadora. Su discurso está centrado en la seguridad, el combate al crimen, el fortalecimiento de la autoridad del Estado y la defensa del modelo económico de libre mercado. Su candidatura de este año es su cuarto intento de llegar a la presidencia. Ya había competido en 2011, cuando perdió frente a Ollanta Humala; en 2016, cuando fue derrotada por un estrechisimo margen por Pedro Pablo Kuczynski; y en 2021, cuando cayó ante Pedro Castillo por apenas unas decenas de miles de votos. En las tres ocasiones llegó a la segunda vuelta, pero no logró imponerse.
Su figura genera fuertes divisiones. Ella busca representar la experiencia, estabilidad económica y una respuesta firme frente a la inseguridad. Aunque para buena parte de la sociedad peruana simboliza la continuidad del fujimorismo, asociado a autoritarismo y corrupción.
“El fujimorismo fue precursor de las derechas actuales sudamericanas. Como movimiento político fue neoliberal, pero con sus toques de populismo, personalismo y simbología”, explica Galli, “A pesar de mostrarse como precursoras, todas las derechas reivindican algún periodo. Algunos militares como Kast en Chile o Bolsonaro en Brasil y otros con períodos democráticos como Milei con Menem. Keiko directamente es la continuidad del proyecto político del padre, aunque no tiene margen para implantar el modelo autoritario o purgar a determinadas élites que son antifujimoristas”.
En la vereda opuesta aparece Roberto Sánchez, dirigente de izquierda y actual congresista, cuya carrera política nacional creció durante el gobierno de Pedro Castillo. Sánchez fue ministro de Comercio Exterior y Turismo entre 2021 y 2022 y formó parte de uno de los gabinetes del entonces presidente. Su candidatura está vinculada al legado político de Castillo. Durante la campaña buscó representar a los sectores populares y rurales que respaldaron al expresidente en 2021. De hecho, gran parte de su apoyo electoral proviene de las regiones andinas y del sur peruano, donde persiste un fuerte rechazo hacia las élites políticas limeñas. Recorrió el interior del país siguiendo una estrategia muy similar a la utilizada por el expresidente en 2021 e incluso apareció en varios actos utilizando el tradicional sombrero cajamarquino asociado a Castillo.
Sin embargo, esa cercanía también constituye su principal desafío. Castillo fue destituido y encarcelado tras intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto en diciembre de 2022. Por ello, sus adversarios suelen señalar a Sánchez como una continuidad de aquel proyecto político. Él, en cambio, sostiene que representa una izquierda democrática enfocada en reformas sociales, fortalecimiento del Estado y mayor atención a las regiones históricamente postergadas. “Si la izquierda peruana aprendió de la experiencia de Castillo, va a hacer un intento de construir poder. Pero eso va a depender exclusivamente de Sánchez”, afirma Galli y continúa: “Dejando la mirada completamente institucionalista, Castillo intentó hacer un autogolpe sin contar con el apoyo de ninguno de los actores de poder. La izquierda fue reprimida durante años por esto”.
Punto de quiebre
La trascendencia de esta elección excede la disputa entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Para millones de peruanos, el balotaje aparece como una oportunidad para comenzar a cerrar un ciclo de inestabilidad. En un país donde los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso se volvieron una constante, la elección adquiere una dimensión que va más allá de las diferencias ideológicas entre derecha e izquierda sino que se trata de definir si Perú puede finalmente construir un horizonte de gobernabilidad sostenida.
En ese sentido, las reformas impulsadas durante los últimos años para intentar fortalecer el funcionamiento institucional serán observadas de cerca por una sociedad cada vez más escéptica frente a la política.
Como señaló Flores, «Perú viene trabajando durante muchos años en reforzar la seguridad política de los mandatarios, al mismo tiempo que la inestabilidad parece aumentar. Creemos que los cambios legislativos modificaron muchos aspectos, pero si no se progresa ahora, no sé cuándo ocurrirá». La frase resume una de las grandes incógnitas que deja este proceso electoral: si las modificaciones introducidas en el sistema político serán suficientes para evitar que se repita la dinámica que caracterizó los últimos años. Quien resulte electo deberá afrontar desafíos que excedan la coyuntura inmediata.
Más que la llegada de un nuevo presidente, Perú pone en juego la posibilidad de iniciar una etapa de mayor estabilidad en un país que, tras años de crisis permanentes, busca recuperar la previsibilidad política sin resignar la pluralidad democrática.