Trabajadores de Vialidad Nacional alertan sobre el desguace del organismo, la situación de los trabajadores y de las rutas.
El desguace del Estado se profundiza cada vez más. Llegó nuevamente el turno de la Dirección de Vialidad Nacional (DVN), que ya sufrió el embate del año pasado con el Decreto 461/2025 que puso al organismo bajo la órbita del Ministerio de Economía, luego del intento de disolución por parte del Ejecutivo. Mientras tanto los trabajadores aguantan ante los despidos, retiros voluntarios bajo presión y la aplicación del protocolo de sanciones que pretende el desgaste del plantel. Además de la baja en el presupuesto y la retención de lo recaudado por el impuesto a los combustibles que no es destinado a Vialidad, se suma la adjudicación en curso de 650 km. de la Ruta 3. Esto implica más peajes con cero inversión. En paralelo, aumenta el riesgo de accidentes en las rutas por el deterioro y el abandono de los caminos teniendo personal calificado y la maquinaria necesaria para la conservación de las rutas.
Desde el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) advierten que desde el inicio de este Gobierno la variación porcentual presupuestaria entre enero–diciembre 2025 vs. enero–diciembre 2023 “muestra que Vialidad sufrió una caída de 72,5%”, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). A lo que se suma la retención de los fondos de la tasa sobre el gasoil (SISVIAL), más conocida como el impuesto al combustible, que prevé el desarrollo de infraestructura. Como si fuera poco, el organismo también dejó de percibir el porcentaje de lo recaudado por el Impuesto PAIS que dejó de tener vigencia en diciembre del 2024. La suma perdida se calcula en 104.230.870.274 pesos. ¿Cuál es el impacto real de estas políticas?
“Nada de lo que deba ser estatal…”
Todos los bienes del Estado que no se utilicen se venden, deslizó el Ejecutivo a través de algunos de sus funcionarios. Esa parece ser la suerte de los terrenos que pertenecen a Vialidad, entre ellos los que posee el organismo en Villa La Angostura, sitio turístico por excelencia. “Vialidad tiene terrenos que valen fortuna en todas las capitales de las provincias, se va a convertir en un negocio inmobiliario”, declaró Graciela Aleñá, secretaria general del STVyARA. La sindicalista explicó que el organismo tiene terrenos en todo el país donde se apostan campamentos de trabajadores con las maquinarias necesarias para atender a la conservación de las rutas a lo largo y ancho del territorio. “Vengo de un corte de Ruta en 9/34 en Salta, de Rosario de la Frontera a Metán. Es impresentable como está. Además, paré en el campamento de Metán y es tristísimo ver cómo duermen los compañeros ahí”, se explayó.
Puntualizando en la situación de los trabajadores viales, hace más de dos años que no reciben la ropa adecuada para trabajar y acumulan una pérdida salarial que ronda el 65 por ciento. La dirigente comentó que “desde noviembre del 2024 que no teníamos actualización salarial. Logramos una paritaria de enero a mayo, pero tenemos compañeros que hoy están por debajo de la línea de pobreza y un atraso en viáticos de cuatro meses”.
Los trabajadores de Vialidad siempre estuvieron por arriba de la canasta básica, en los años que van del mileísmo, se dio vuelta la ecuación y perciben un salario de 900 mil pesos mensuales. Ya son más de 620 trabajadores que optaron por el retiro voluntario. Rubén Sacchi, secretario gremial de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) explicó que ese retiro se dio “en condiciones desastrosas porque vino precedido del maltrato permanente, de persecuciones, del quite de funciones”. Además los trabajadores están sobreempleados con dos o tres trabajos y endeudados.
“Éramos 5.600 agentes y quedamos 4.000. Buscan desguazar y desmembrar Vialidad” sentenció Aleñá. Por su parte, Sacchi precisó que “el grueso de los despidos fue por la caída de contratos en 2024, alrededor de 800 compañeros”. Trabajador vial desde hace 52 años, pasó por diferentes administraciones y contó que “estamos sufriendo un ataque frontal con un achique constante, esto hace que el organismo prácticamente esté inoperante”. La red del organismo en la actualidad es de 40 mil km. y se atienden 30 mil km. con 4 mil operarios en todo el país. En términos comparativos, llegaron a ser más de 6 mil trabajadores en las rutas durante los gobiernos kirchneristas para atender una red de 15 mil km., lo que hoy deja muy por debajo la cantidad de personal operativo.
Las penas son de nosotros, las rutas son ajenas
Recientemente, el ministro de Economía Luis Caputo, en su visita a la Bolsa de Comercio de Rosario, anunció la licitación y privatización de los corredores viales nacionales y el aumento de 9 mil a 12 mil km. para concesión. Para Aleñá “es mentira que sale más barato hacerlo por una empresa privada, es al revés, sale la mitad hacerlo con personal de vialidad y con los equipos que tiene. Partimos de una lógica, la empresa tiene que tener ganancia, vialidad no. Estamos tratando por todos lados, que alguien se digne a verlo porque a veces en las decisiones del gobierno también hay funcionarios cómplices”. Para Sacchi, el Decreto 253/26 que licita las obras sobre rutas nacionales a las provincias “quita de funciones a los compañeros que pueden hacer el trabajo de manera eficiente como se hizo toda la vida, a un costo muy bajo. Sabemos perfectamente que la privada no va a invertir sobre rutas no rentables”.
Por su parte, Ricardo Lazca, integrante del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (CADIA) y coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), consideró que “no hay una política seria de Estado sobre el transporte terrestre” y calificó al plan de gobierno como “un disparate, es peor que en los noventa porque se agregan 52 estaciones de peaje a las 40 existentes en las rutas nacionales. Tendremos que pagar un peaje o un falso peaje cada 90 km porque las nuevas concesiones no prevén ampliar la red. Es una estafa”. Para el especialista los peajes son inconstitucionales porque se trata de un impuesto al tránsito: “En Argentina se implementó un sistema inédito de peaje directo en rutas existentes pagadas con nuestros impuestos y sin camino alternativo. Es un impuesto que afecta a toda la comunidad tenga o no un auto porque eso se traslada al costo de transporte y por ende a todos los precios de la economía, cuando compras un kilo de yerba estás pagando el peaje”.
Cómo ejemplo, los números sobre la Ruta 3 implican un total de 8 peajes en 650 km. “Un camión va a pagar 30 millones de pesos por año con un promedio de 20 viajes mensuales, porque el camión paga peaje por eje”, apuntó Lazca. Asimismo, detalló que al provincializar las rutas “se las dan a los gobiernos para que pongan peaje porque les dan las rutas que ya están sin plata ni presupuesto. Nos van a llenar de peajes por todos lados. No saben nada de ingeniería, lo que se recauda se gasta en el costo operativo del cobro por el poco caudal de vehículos que hay en algunas rutas nacionales y provinciales, no es que van a poner el dinero en el camino. ¿Entonces cobrás un millón de pesos de peaje? Es inviable porque nadie lo podía pagar”.
Primero timba, segundo timba, tercero timba
La situación en la Patagonia también es muy delicada. Personal de vialidad ya notificó la falta de sal para poder hacer frente al operativo invernal en Santa Cruz. Este material se utiliza en las calles y rutas para derretir la nieve y el hielo, despejar los caminos y prevenir accidentes. El organismo no está pagando a los proveedores, por lo que si al mes no reciben el dinero, se cortaría la prestación.
Mientras tanto el Estado sigue recaudando a través del impuesto al combustible pero no transfiere los fondos que le corresponden a Vialidad. “Los fondos están, es mentira cuando dicen que no están porque hay tres mil millones de dólares por año del impuesto a los combustibles”, remarcó Lazca. Al respecto, Aleñá destacó que “no hay ni para bachear, es muy poca la tarea que se puede hacer. Es todo para demostrar que esto anda mal y en realidad anda mal porque ellos mismos se están quedando con toda la plata de Vialidad. Nosotros hicimos un pedido de información pública para que nos digan dónde estaba la plata del impuesto al combustible. Información pública nos dice que el dinero está en letras y en plazo fijo, mientras la gente se mata en la ruta”.
Con respecto al nivel de accidentología, Aleñá indicó que Vialidad no tiene actualizado este número por eso ellos realizaron un relevamiento que cruza los datos entre el nivel de tránsito y la cantidad de accidentes. Cabe destacar que lo que se contabilizan son los accidentes con saldo fatal, aunque muchos heridos que son trasladados a los hospitales mueren en el camino o poco después. “Estamos terminando un informe por provincia. Tenemos la mitad del movimiento en la ruta y el porcentaje es casi el mismo, por lo que al ser menor el movimiento da mayor cantidad de accidentes”, explicó Aleñá. Sacchi agregó como ejemplo que “las muertes por choque frontal se multiplicaron en la Ruta 5 y hay zonas de la Ruta 3 en dónde se quintuplicaron”. Para Lazca el nivel se mantiene en 4 mil muertos por año en accidentes frontales y 100 mil heridos. “Aunque haya mil muertos es una locura”, señaló el ingeniero para quién una de las soluciones es ampliar la red, lo que evitaría accidentes frontales. “Son tres patas: el control, la educación y la infraestructura”, determinó el especialista.
Todo es parte del plan
Desde ANCCOM también consultamos al economista Demián García Orfanó acerca de las modificaciones al presupuesto dictado la semana pasada. “Profundiza el camino del gobierno al afectar partidas de inversión real directa por 232.000 millones de Vialidad, Infraestructura económica y social, incluyendo el programa de Integración Socio Urbana que lleva adelante obras en barrios populares”. Además, sobre las políticas económicas que lleva adelante el gobierno, el economista señaló que “todo el gasto estatal que se retiró no fue compensado por el gasto del sector privado, ni tampoco de las provincias”. Y se explayó: “En la comparación 2025/2023, el rubro que sufrió el mayor recorte fue Vivienda, donde el gasto cayó 97 por ciento en términos reales entre 2023/2025 y el que “menos” recorte sufrió fue Transporte, con una caída del 67,1 por ciento”.
Estas cifras ayudan a comprender el estado actual de los servicios públicos. Según explicó García Orfanó “el gasto en capital que incluye energía, transporte, educación, vivienda, agua y alcantarillado se redujo un 78% en el promedio del gasto de 2023/2024 con respecto a 2022/2023, contando el gasto nacional y transferencias a provincias. Esto quiere decir que se invertían cerca de 17.7 billones y pasaron a invertirse sólo 3.9. Para poner esos números en relación con algo, el resultado positivo del año 2024-2025 antes del pago de intereses de deuda fue de 21 y 15.7 billones. Es decir que una porción muy importante del ahorro se realizó dejando caer la infraestructura de transporte, educación, agua, cloacas, y la construcción social de viviendas”.
El negocio en Vialidad es redondo: inversión cero, costo cero. Y aún quedan muchas aristas por analizar. En todos los organismos del estado la situación es desastrosa, resta saber cuál es el margen del pueblo argentino para seguir soportando ésto.