ANCCOM habló con una de las abogadas querellantes y con la Coordinadora Lesbicidios Nunca Más que se conformó en mayo para acompañar el proceso. El viernes a las 10 se realiza la segunda audiencia.
A dos años del triple lesbicidio de Barracas, el lunes 18 de mayo a las 10 comenzó el juicio oral y público contra Justo Fernando Barrientos en el Tribunal Oral en lo Criminal N°5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El acusado se negó a declarar tras ser imputado por delito de homicidio agravado por odio a la orientación sexual de las víctimas Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante y por tentativa de homicidio hacia Sofía Castro Riglos. La sobreviviente entregó un poder a su abogada Luciana Sánchez para ser representada y no litigar por derecho propio por cuestiones de salud.
El juicio consta de tres querellas: la Defensoría General de la Nación, en representación de los familiares de las víctimas; la Doctora Luciana Sánchez en representación de la sobreviviente Castro Riglos y su pareja Andrea Amarante y una querella de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) , representada por Samanta Pedrozo. Las audiencias son transmitidas por el canal del Poder Judicial de la Nación con limitación de las declaraciones de los testigos para no contaminar los testimonios.
La búsqueda de la justicia se inició antes del juicio, la batalla ganada sobre el cambio de caratula resultó central. “Generó un impacto legal y colectivo, pasamos de investigar un hecho aislado a investigar un hecho que se comete en un contexto de odio”, explica Pedrozo, en conversación con ANCCOM. “A nivel legal significa un paso gigante para lograr una condena y un precedente jurisprudencial correcto. Si no lográbamos este cambio de carátula, era muy difícil acusarlo por el agravante del odio, porque cuando una persona llega a juicio, primero se hace un requerimiento de elevación, una acusación formal de la fiscalía y las querellas y en esa acusación formal tienen que estar todos los elementos legales por los cuales uno va a acusar”, detalla la abogada querellante de la FALGBT.
El cambio de caratula acerca a la comunidad lésbica al reconocimiento de crimen de odio por primera vez, era una deuda desde el lesbicidio de “Pepa” Gaitán, asesinada por el padrastro de su novia, sin ser reconocido como crimen de odio, dando así origen al Día de la Visibilidad Lésbica en Argentina, el día de su muerte el 7 de marzo.
“Si logramos que se obtenga una condena y que en ella se aplique el Artículo 80, Inciso 4, que es el famoso agravante del odio. Estamos sentando un precedente, si bien es importante señalar que ya existen precedentes jurisprudenciales donde se aplica crimen de odio en casos de personas trans. Ahora estamos hablando de un sector de la comunidad LGTB específico y es la población lésbica, entonces es un precedente que en caso de lograrlo va a marcar ese camino”, aventuró Pedrozo, quien además es representante de las lesbianas de Cañuelas que sufrieron una tentativa de lesbicidio en el que un vecino, Orlando Alcides Lutz Fogar, prendió fuego su hogar. Por lo que la resolución de este juicio podría sentar precedente para ellas. “La importancia es justamente representar al colectivo, dejar asentado que este crimen no es un caso aislado, sino que forma parte de un odio generalizado, de una conducta homofóbica que se da dentro de un contexto de sistematización de la violencia hacia la comunidad LGTB. Es importante que la justicia entienda que estos crímenes no solamente afectan a sus víctimas, sino que afectan al colectivo”.
La audiencia del lunes fue acompañada con intervenciones artísticas, micrófono abierto y música en vivo que se desarrollaron en la puerta del tribunal desde las 9 de la mañana. “Fue un hecho que responde a un contexto atravesado por un gobierno que promueve discursos de odio, que realiza políticas brutales, que ha desarticulado el Ministerio de las Mujeres, que destruyó el INADI, que desfinanció el Hospital Laura Bonaparte, que era un hospital en donde un montón de disidencias y también de personas en situación de calle podían tener tratamiento y además destruyeron todo tipo de política de viviendas”, denuncia Luciana Mina, integrante de la Coordinadora Lesbicidios Nunca Más que se conformó en mayo para acompañar el juicio.
“Si bien la situación habitacional precaria de las chicas ya era previa a este gobierno, ellas sufren el ataque cuando gobierna Milei, en una pensión. Nuestro reclamo tiene que ver con que la justicia visibilice y condene el crimen de odio. Este tipo de delitos y atrocidades que son motivadas por cuestiones de de género y discriminación, y que de alguna forma eso sirva como un mensaje social. Mina sostiene que otro eje clave es el derecho a la vivienda: “No tener tu casa te pone en una situación de aún mayor vulnerabilidad para todo, para todo tipo de derechos”.
El viernes 22 de mayo se realizará la segunda audiencia del juicio a las 10. En esta ocasión declararán dos policías y la misma será transmitida en vivo por el canal de Youtube del Poder Judicial de la Nación. En paralelo el juicio será acompañado por una mateada lésbica para darle visibilidad, sensibilizar y comprometer a la sociedad civil en la consigna “Lesbicidio nunca más”.