La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) denunció que el Gobierno de la Ciudad, la empresa concesionaria EMOVA y SBASE están en connivencia para perseguir judicialmente a quienes participan de medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales y en las condiciones laborales.
La última semana de abril, 170 trabajadores y trabajadoras del subte, afiliados al sindicato (AGTSyP), recibieron una citación de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N°15, del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires para acudir a la lectura de la imputación bajo la figura de asociación ilícita en relación a hechos ocurridos en dos conflictos colectivos en los que se declararon medidas de acción directa en junio y octubre de 2024. Esta denuncia fue efectuada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y por SBASE, empresa titular del servicio.
El 6 de mayo desde AGTSyP se convocó una conferencia de prensa para visibilizar los hechos: “Esta denuncia es el uso político del derecho penal y por lo tanto el intento de acallar una acción tutelada constitucionalmente en el máximo rango de protección, que es la libertad y los derechos del sindicato de ejercer medidas de acción”, afirmó Nestor Segovia, Secretario General del sindicato.
Celsa Ramirez, la fiscal a cargo del caso, tiene un historial de hostigamiento contra trabajadores ambulantes, metrodelegados que protestaban por la reapertura de paritarias y cientos de familias que resultaron desalojadas.
“Celsa Ramírez en el 2018 nos armó una causa en la cual muchos trabajadores fuimos presos, quien le habla también. Esa vez nos procesaron, no por problemas políticos, porque queríamos un salario digno”, dijo Segovia en la conferencia de prensa.
Los trabajadores denuncian complicidad del Gobierno de la Ciudad con la fiscal Ramírez y con EMOVA. Argumentan que esa situación se ve reflejada en la vía de comunicación de la denuncia: la Fiscalía no notifica las denuncias vía el poder judicial, sino que lo hace mediante la empresa concesionaria. Guillermo Gianibelli, abogado de AGTSyP, expuso los pasos a seguir: “Por nuestra parte, se está pidiendo la intervención del juzgado, se van a hacer denuncias en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero el mensaje de criminalización de la acción sindical, la protesta y el reclamo por derechos es evidente”.
Desde el mes de abril que los 170 denunciados declararon. A través de sus abogados, los damnificados presentaron una recusación contra Ramírez. “Tratan de asustar, amedrentar a los trabajadores y a nuestras organizaciones para que no salgamos a pelear por salario, por mejores condiciones para que nos dejen de matar en los lugares de trabajo en definitiva por el derecho que nos asiste”, expresa Claudio Dellecarbonara, secretario del sindicato, en diálogo con ANCCOM.
Hace tiempo que los trabajadores y trabajadoras del subte luchan tanto por mejoras salariales, como el cambio de los trenes CAF 5000 que contienen asbesto cancerígeno, y la mejora del servicio para los usuarios: “Si en el camino del accionar de nuestros derechos incomodamos a algún gobernante y a sus fiscales, lo lamentamos mucho, los trabajadores del subte y del premetro, no vamos a retroceder ni un milímetro de lo conquistado en los últimos años”, dijo Virginia Bouvet, Secretaria de Organización de AGTSyP.
En la conferencia de prensa se encontraban trabajadores y trabajadoras del subte, y diputados del peronismo y de la izquierda. Al final del encuentro, Hugo Yasky, secretario general de la CTA, concluyó: “Esta es una lucha para defender el derecho de los ciudadanos a viajar dignamente y a no poner en juego su salud, la de los trabajadores, su familia y la de la gente que viaja. Así que vamos a estar todas las veces que haya que estar”.