El cierre de la sala de prensa generó denuncias por restricciones al trabajo periodístico y al acceso a la información. Aunque el gobierno decidió reabrirla, el episodio expone tensiones sobre el rol de la prensa y el vínculo entre información, poder y democracia.
Durante la última semana, la Casa Rosada funcionó sin la presencia habitual de periodistas acreditados, luego de que el Gobierno restringiera el acceso a la sala de prensa sin previo aviso, en medio de una investigación interna vinculada a un presunto caso de espionaje. La decisión generó denuncias por limitaciones al trabajo periodístico y al acceso a la información. En las últimas horas, sin embargo, el escenario comenzó a modificarse: desde el propio Gobierno se dio a entender que la sala sería reabierta, aunque la tensión de fondo persiste.
Para Diego Ruiz Díaz, periodista acreditado en Casa Rosada para Radio Provincia, el cierre no fue un hecho aislado sino parte de un proceso más amplio. “Uno ve un proceso de parte del Gobierno que va a empezar a acotar un poco más el acceso a la información, a los despachos”, sostuvo. En esa línea, recordó que ya existían restricciones previas, formalizadas incluso en resoluciones oficiales, que limitaban la posibilidad de filmar o circular libremente dentro del edificio. “Hay un montón de factores que se fueron incluyendo cada vez más hasta llegar a esto. Jamás hubo en democracia una situación igual”, afirmó.
El impacto, según el periodista, excede a la dinámica interna de la Casa Rosada e impacta directamente en la sociedad. “Hay una repercusión en la información que recibe la ciudadanía”, advirtió. En particular, señaló que el gobierno busca “transmitir directamente” a través de redes sociales, sin intermediación periodística. “Molesta tener a periodistas dentro de un lugar de poder”, resumió, y definió la situación actual como “extrema” en relación a experiencias anteriores.
El escenario cambió este viernes. “Estamos mejor, la sala se va a abrir. Están mandando las acreditaciones para todo el año y la conferencia de prensa podría ser el martes”, aseguró Gustavo Abu Arab, decano de la sala de periodistas de Casa Rosada, aunque aclaró que aún no hay confirmación oficial definitiva. El periodista vinculó el cierre a un hecho puntual: la filmación en un área considerada sensible. “Se parte de un hecho puntual y se vuelve una sanción amplia sin que se haga responsable el medio”, explicó. En ese sentido, planteó que la medida fue desproporcionada en relación al episodio que la originó.
Más allá de la coyuntura, Abu Arab defendió el rol estructural del periodismo dentro del funcionamiento democrático. “No hay otra manera de hacer periodismo que desde la Casa de Gobierno. La actividad central del gobierno argentino debe estar en manos de la prensa”, afirmó.
El conflicto también se inscribe, según el periodista, en un contexto más amplio de transformación del ecosistema informativo. “Hoy cada teléfono es periodismo”, señaló, en referencia a la irrupción de las redes sociales y la dificultad de sostener criterios comunes en un escenario atravesado por la inmediatez, la confrontación y múltiples interpretaciones de la realidad.
Desde el plano legal, el abogado Damián Loreti —quien presentó el amparo en representación del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba)— señaló que la medida no se encuadra como una sanción formal. “Para que haya una sanción tiene que haber un sumario, derecho de defensa y una decisión fundada. Acá empezaron por la decisión, que ni siquiera está formalizada en papeles”, explicó.
En ese sentido, la definió como “una medida de restricción genérica” y advirtió que el Estado “no puede limitar el acceso de periodistas a espacios oficiales salvo en casos excepcionales y debidamente justificados”.
En paralelo, Ruiz Díaz advirtió sobre el deterioro de las condiciones laborales del sector y sus efectos en la calidad informativa. “La profesión está muy difícil por los bajos sueldos y los despidos. Donde más la sociedad necesita información, más aparecen las fake news”, sostuvo. Frente a ese escenario, planteó la necesidad de “volver a tener un periodismo de calidad».