Por Carmela Barragán
Fotografía: Juli Ortíz

Los dueños de las líneas de transporte de AMBA dicen que se encuentran en emergencia frente al aumento del combustible y la reducción de subsidios estatales. La suba del boleto no alcanza a compensar porque los pasajeros viajan menos, los choferes no llegan a fin de mes y los empresarios reducen los recorridos. Motosierra en mano, el Gobierno los atendió ayer para buscar una solución.

A principios de esta semana las empresas de colectivos se declararon en estado de emergencia, debido a  la modificación en los subsidios, las deudas que acumulan y la reducción de frecuencias a las que se vieron obligados a consecuencia de la crisis. 

El precio del combustible se disparó un 23% por la guerra en Medio Oriente, y las empresas de colectivos dicen que no pueden pagarlo. Eso impactó en la frecuencia, que cayó un 40%  en abril según el informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA. Esto afecta directamente a la población, a la que no sólo le cuesta pagar el boleto que aumentará un 5,5 % en mayo, sino que no pueden llegar a sus trabajos y hogares a tiempo con la crisis en el sector. Según los empresarios, el boleto debería costar $2300, y se está pagando $700 en el recorrido mínimo, de hasta tres kilómetros. Cuando el Estado no paga los subsidios, las empresas sacan colectivos de la calle.

“Por más que aumente el colectivo, el Estado te sigue dando lo mismo. En mayo aumenta el boleto, pero el pasajero va a pagar más y nuestros sueldos van a ser los mismos; no es que impacta en el transporte eso, sino que el Estado pone menos plata”, explicó Fabián Guimarey, conductor y socio de la empresa de Micro Ómnibus General San Martín S.A.C.

Las líneas de colectivos se diferencian entre nacionales (menores al 200), provinciales (del 200 al 500) y comunales (del 500 en adelante). Las nacionales son las que reciben subsidio, como es el caso del 60, mientras que las comunales dependen de la comuna o municipio al que pertenecen. En el caso MOGSM, tiene las líneas 333, 437, 407, 707 que circulan principalmente por San Isidro, pero también llegan a Escobar y Vicente López; es decir, tienen líneas provinciales y comunales. Hace dos semanas que los trabajadores de la MOGSM están de paro por el pago de sueldos de forma fragmentada y la falta de soluciones por parte de los dueños.

La empresa ya estaba concursada para ser vendida, y ante la falta del pago de deuda y la presentación de un plan de pagos, les “secuestraron” 40 unidades. Si no se pagan las deudas, esos bienes le quedan a los acreedores. Sumado a la incomunicación interna, Pablo Terenziani, dueño de la empresa, “mandó a sus delegados” a informarle a los socios y empleados que se va a declarar en estado de quiebra el 4 de mayo (día de prórroga que habían conseguido). Si esto ocurre, 420 familias se quedarán sin trabajo.

Ezequiel Guimarey, conductor de la línea 707, explicó: “El Gobierno modificó el sistema de subsidios. Anteriormente te lo pagaban por kilómetros: si vos tenías el colectivo circulando sin pasajeros, cobrabas el subsidio igual. Eso modificó el índice de pasajero por kilómetro (IPK): si un recorrido es de 20 km de ida y de vuelta, para que sea rentable, tiene que tener un IPK de 60 pasajeros promedio en ambos viajes. El problema es que no es lo mismo a las 7 de la mañana que a las 21 de la noche.  Se premia al que tiene más pasajeros durante todo el día como es el 60, porque va por todos lados. Un 707 que tiene un recorrido más acotado y específico, se ve perjudicado por los horarios de demanda”.

“La mayoría de los pibes, por no decir todos, estamos trabajando también en otra cosa porque el sueldo no alcanza: haciendo Uber, flete, logística, vendiendo perfumes, trabajando en hamburgueserías”, dice Guimarey.

Pero esta crisis no involucra solo a la empresa de zona norte. Mientras se debate en el Gobierno si los trenes pueden pasar una vez por hora para que no coincidan con los colectivos, se pone en juego la movilidad ciudadana, el puesto de trabajo de los empleados del sector, la reducción de servicios y la cantidad de gente que hay en la calle esperando por el servicio.

“La mayoría de los pibes, por no decir todos, estamos trabajando también en otra cosa porque el sueldo no alcanza: haciendo Uber, flete, logística, vendiendo perfumes, trabajando en hamburgueserías. Es crónica de una muerte anunciada”, repuso Guimarey.  Pero Donato Fascia, conductor de la línea 176, manifestó en cambio: “Con 58 años, opción b no hay para mí. Por ahí entrar en otra línea hasta el último día que me quede antes de jubilarme. Buscar otro trabajo en un país donde el empleo escasea es muy difícil”.

A pesar de la baja de subsidios que el Gobierno nacional viene implementando desde 2023, ayer se reunió con las cámaras empresarias de colectivos “con el fin de llegar a un acuerdo que mejore la calidad del servicio para el usuario y garantice el funcionamiento más ordenado, eficiente y sostenible”, según el comunicado oficial de la Secretaría de Transporte. Para el mes de mayo se espera la continuidad de estas reuniones y la posible solución al conflicto que afecta a los ciudadanos del AMBA.