Organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos se reunieron en el Senado de la Nación para denunciar que el proyecto impulsado por Carolina Losada para agravar penas de las falsas denuncias de delitos de género busca amedrentar a las víctimas y evitar que inicien el camino judicial.
“El proyecto no se sustenta en ninguna evidencia científica. Lo falso es el problema que quieren construir», remarcó Estela Díaz, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires.
Este mes, el proyecto impulsado por la senadora santafesina Carolina Losada para endurecer las penas por falsas denuncias consiguió el dictamen favorable en comisiones para tratarlo en el recinto. Esto no sólo volvió a instalar un debate que ya parecía saldado, sino que excede el ámbito jurídico y se inscribe de lleno en el terreno político y cultural. Presentado como una respuesta necesaria frente a supuestos abusos del sistema, la iniciativa propone modificar el tratamiento actual de estas conductas.
El proyecto, además, no parece tener mucho sentido: el sistema judicial, de hecho, ya contempla estas situaciones en el Artículo 245 del Código Penal. ¿Qué función tendría poner foco especial en casos de violencia de género y abuso sexual?
Trinchera de la ultraderecha
Desde el período de 2023-2024, con el avance de la extrema derecha en Argentina, el discurso de la “industria de las falsas denuncias” cobró una gran visibilidad en el campo mediático. Esta mirada plantea que muchas acusaciones por violencia de género, acoso, abuso o femicidio no estarían vinculadas a situaciones reales de violencia estructural sino que responderían a intereses como disputas políticas, beneficios económicos o conflictos netamente personales.
“En primer lugar, el proyecto de ley que se está impulsando lo que busca es, como principal objetivo, endurecer las penas que ya existen en caso de falsas denuncias”, aclara Samanta Pedrozo, abogada integrante de la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos. Pero tiene una particularidad: la intención es aumentar las penas y elevar las condenas de 3 a 6 años de prisión cuando la denuncia falsa involucre violencia de género, abuso sexual, acoso sexual y violencia contra niños, niñas y adolescentes.
“Enfocarse única y específicamente en casos de ˋfalsas denuncias´ que involucran violencia sexual a niños, niñas y adolescentes y violencia de género lo único que hace es reforzar prejuicios históricos sobre las mujeres y sumar una barrera adicional a las innumerables dificultades que ya enfrentan las víctimas y las personas que acompañan a los niños y niñas que denuncian situaciones de violencia cuando quieren acceder a la justicia”, explica Ornella Steffanazzi, militante feminista por Incidencia Feminista.
A fines de 2025, la Red de Medios Digitales presentó el informe “Relevamiento sobre el lobby de las falsas denuncias: la última trinchera de la ultraderecha” en donde se deja al descubierto que la idea de las falsas denuncias no surge de manera espontánea, sino que responde a una construcción mucho más amplia. En el documento se identifican alrededor de 44 organizaciones de distintas provincias de Argentina -como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Tucumán- que promueven este discurso y articulan acciones con actores judiciales, mediáticos y políticos. Lejos de tratarse de intervenciones aisladas, se trata de una red con capacidad de instalar sentido en la agenda pública.
“Este proyecto sobre falsas denuncias es un claro avance en detrimento de todo lo que hace referencia a la protección de mujeres y niñeces en estado de vulnerabilidad, tanto para las denuncias de violencia de género como para las denuncias que hacen referencia contra los delitos contra la integridad sexual en niños, niñas y adolescentes”, afirma Melisa García, fundadora de la Asociación de Abogadas Feministas Abofem. E insiste: “La iniciativa busca indiscutiblemente desacreditar y desalentar a las mujeres a denunciar y una clara persecución en casos de denuncias”.
“Yo no tengo mujeres en mi despacho porque tengo miedo al tema de las falsas denuncias”, le dijo en privado un senador a Losada, según contó en una entrevista con Infobae. “También tengo amigos que trabajan en multinacionales que me dicen que entre tener a un hombre o a una mujer, si la mujer es joven y encima ˋestá buena´, prefieren que sea un hombre”, relató la senadora por la UCR en la misma entrevista.
Losada viene presentando el proyecto desde el año 2023. No es casual que haya logrado dictamen de mayoría en comisión recién en 2026: hay un contexto político en donde la discusión sobre las falsas denuncias comenzó a ganar centralidad en la agenda pública. No es que estadísticamente se haya producido un crecimiento del fenómeno, sino porque lo que sí se ha incrementado es la presencia de sectores de ultraderecha dentro de la política argentina. El proyecto cuenta con el respaldo no sólo de la UCR, sino también de La Libertad Avanza y el PRO.
En paralelo al avance legislativo – y como condición necesaria-, Losada también promovió la discusión en el plano público. A fines de 2024 encabezó en el Senado las primeras jornadas temáticas junto al entonces ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien anteriormente fue abogado defensor de José Alperovich, condenado por abuso sexual agravado. Luego, en conjunto con Andrea Guacci, fundadora del Observatorio de Falsas Denuncias, continuó organizando encuentros similares en distintos puntos del país.
La verdadera falsedad
Organizaciones feministas y de derechos humanos se reunieron este martes en el Senado de la Nación para denunciar públicamente los riesgos y las mentiras a partir de las cuales está “sustentado” el proyecto. La jornada fue organizada por Carlos Linares, senador de Unión por la Patria por la provincia de Chubut.
“El proyecto no se sustenta en ninguna evidencia científica. Nos encontramos con que lo falso es el problema que quieren construir. Las falsas denuncias no son ningún problema en Argentina. Y si existen, porque pueden haber existido a lo largo de la historia, para cualquier tipo de delito que estemos analizando, ya cuentan con mecanismos legales para su sanción y para la persecución penal”, remarcó Estela Díaz, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires. Y agregó: “No estamos frente a un hecho de vacío legal. Entonces claramente instalar a las falsas denuncias como tema y como problema obedece no al tema en cuestión, sino a una perspectiva política que es afín a lo que viene instalando el gobierno nacional desde la presidencia de Milei”.
¿Es un problema que haya falsas denuncias? Lógicamente, pero al revés de lo que pretende instalar el gobierno, las falsas denuncias en casos de violencia de género, a nivel mundial, representan menos del 1%, según datos de ONU Mujeres (2024). En Argentina, de acuerdo a datos elaborados en 2025 por el Consejo de la Magistratura, menos del 3% de las denuncias penales serían falsas, y se vinculan principalmente con delitos económicos. En cuanto a violencia de género, no se pueden generar estadísticas reales y concretas porque representan un valor que ronda el 0%.
En ese marco, Samanta Pedrozo sostiene que el debate no puede separarse de los avances en materia de derechos: “En los últimos diez años hubo una gran avanzada en derechos humanos vinculados a mujeres e infancias. Se generó normativa nacional e internacional que tuvo un impacto positivo en el sistema judicial. Antes los delitos sexuales eran un tabú, estaban atravesados por el ocultamiento, pero eso empezó a cambiar cuando las víctimas comenzaron a alzar la voz”, explica. En ese proceso, señala, leyes como la de Educación Sexual Integral y la de protección contra la violencia de género permitieron que muchas personas, mujeres, “salieran de la oscuridad y empezaran a denunciar”.
Sin embargo, sostiene que el escenario actual marca un giro. “Hoy se busca retroceder en ese camino: se pone en tela de juicio a cada víctima que denuncia, pero también a todo el sistema judicial. Se cuestiona a psicólogos, peritos, jueces. No es solo el acto de denunciar, es la credibilidad del sistema entero”, afirma. La abogada observa, entonces, que el proyecto no sólo endurece penas, sino que “castiga a la víctima que denuncia y pone en jaque un proceso de más de 20 años en donde el sistema ha inclinado la balanza: ha dejado de ser patriarcal y machista para ser un sistema mucho más equitativo”.
Lo propuesto por la senadora radical también prevé penas más altas para los profesionales que oficien en casos de falsas denuncias. “No sólo es un agravamiento de las penas que son altísimas, sino que también incluye penas más altas para los profesionales de la salud en general y salud mental que puedan acompañar en estos expedientes”, explica la abogada García.
Viviana Saido, psicóloga, se movilizó este martes en el Senado de la Nación para expresar su rechazo al proyecto. En diálogo con ANCCOM, advirtió: “Están sacándole derechos a las mujeres y a los niños especialmente; están tapándoles la boca y cercenando la posibilidad de que denuncien, de que pidan ayuda. Como psicóloga puedo afirmar que también están cercenando a las y los profesionales que realizamos psicodiagnósticos e informes en relación a las denuncias de maltrato y abuso, tanto de mujeres como de niños. Lo que están haciendo es catastrófico”.
Faltan denuncias
El eje del debate está, para sorpresa de muchos, desplazado. En diálogo con ANCCOM, la militante Steffanazzi afirma que “no sólo estamos hablando de que no son falsas denuncias, sino que nos faltan denuncias”. En ese sentido, la evidencia disponible muestra un escenario preocupante en términos de acceso a la justicia: “El 45% de las mujeres argentinas sufrió violencia alguna vez en su vida, pero solo una de cada cuatro buscó ayuda y llegó a denunciar”. Esto, explica, no responde a una falta de hechos, sino a las condiciones estructurales en las que las víctimas deben atravesar los procesos judiciales: “Más del 65% informó que encontró descreimiento y barreras profundamente complejas a la hora de querer acceder a la justicia”. Según el Ministerio Público Fiscal (PBA), de las 75 víctimas de femicidio ocurridos en 2025, sólo el 15% había denunciado a su agresor.
En caso de que se apruebe la iniciativa, las penas por falsas denuncias serían mayores a las del delito sexual en sí mismo: “Estamos ante un proyecto que castiga mediante un fantasma estadístico que no existe, porque no hay datos que lo avalen. Busca deslegitimar el derecho real que sí existe de personas reales y niños y niñas reales a denunciar violencias reales que sí padecen”.
Melisa García resume el proyecto de Carolina Losada apoyado por los sectores de ultraderecha: “En definitiva lo que buscan es dejar absolutamente impune a quienes ejercen violencia de género como también violencia sexual a niños, niñas y adolescentes y a quienes quieran denunciar. Es un agravamiento del temor de las represalias que pueden existir por el hecho de querer denunciar”.
