De los 33 inicialmente detenidos, nueve manifestantes son juzgados. Ya no se los acusa de terrorismo, sino por delitos menores. La criminalización de la protesta como mecanismo de disciplinamiento social.
El pasado martes 21 de abril comenzó el juicio a nueve de las personas que siguieron criminalizadas tras el operativo represivo desplegado el 12 de junio de 2024 por la exministra de Seguridad Patricia Bullrich para escarmentar a los manifestantes que protestaban en contra de la sanción de la Ley Bases: Daniela Calarco Arredondo, Walter Quiroga, David Sica, Guillermo Domínguez, Nicolás Antonecchia, Roberto de la Cruz Gómez, Cristian Valiente, Héctor Mallea y Brian Ortiz quienes fueron detenidos a muchas cuadras de distancia del Congreso.
Mientras en el Senado de la Nación se votaba la Ley Bases, afuera la policía reprimió y detuvo a 33 manifestantes que se encontraban en la zona, la mayoría fueron sobreseídos por la jueza María Servini por “falta de mérito” pero nueve de ellos hoy se encuentran procesados por delitos como daño, intimidación pública y resistencia a la autoridad. Nada quedó en pie de la acusación inicial del fiscal federal Carlos Stornelli, quien en su dictamen los había acusado de una docena de delitos vinculados al terrorismo y al atentado contra las instituciones.
Daniel Vazquez, abogado de Daniela Calarco, cuenta que “los nueve acusados fueron imputados por delitos federales graves, que en su mayoría cayeron”. Calarco estuvo 78 días presa en la cárcel de Ezeiza, y fue particularmente hostigada por su militancia en el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) Votamos Luchar. Ella fue detenida a más de diez cuadras del Congreso. Actualmente, se le imputa el delito de incendio y daño en concurso ideal. En un video que integra el expediente se ve que Calarco no concretó incendio alguno, y ese delito no tiene ninguna figura en grado de tentativa, es decir, no existe la “tentativa de incendio”.
Aquel 12 de junio miles de manifestantes se reunieron en las inmediaciones del Congreso en rechazo a la Ley 27.742, Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que planteaba reformas financieras, administrativas, fiscales, laborales y previsionales. La policía reprimió bajo el “protocolo antipiquetes” establecido por la entonces Ministra Bullrich, que permite la intervención de las fuerzas federales para liberar cortes de calles y rutas sin necesidad de orden judicial. Aquella jornada terminó con un auto de la radio Cadena 3 prendido fuego y aún no se conocen culpables, a pesar de el hecho ocurrió delante del principal cordón policial.
Aunque el juicio ya comenzó, en la primera audiencia no dieron fecha para el inicio del debate. Aún así, Vazquez pidió “difusión y solidaridad para con los imputados en este proceso y que no se sigan vulnerando los derechos, que no se criminalice más la protesta social ”.
