El Gobierno nacional realizó un censo de personas en situación de calle y relevó 9421 hombres y mujeres en esa condición. Las organizaciones sociales que trabajan en la problemática cuestionan la metodología del instrumento y la cifra publicada. Realizaron sus propia medición y multiplican por 40 la cantidad oficial. La política de limpieza étnica en la Ciudad de Buenos Aires.
El Gobierno realizó el Primer Censo Nacional de personas en situación de calle a través del Ministerio de Capital Humano, pero cada jurisdicción hizo su propio operativo. Se relevaron 19 provincias dejando afuera entre otras a Buenos Aires, donde se concentra el 38 por ciento de la población total. El relevamiento arrojó que 9421 personas viven en la calle a nivel nacional, cifra bastante menor a las 11892 que contabilizó el Tercer Censo Popular de personas en Situación de Calle que realizaron las organizaciones en 2025 y que recogió datos solo de la Ciudad de Buenos Aires. Los resultados se publicaron a través de un comunicado con cuatro gráficos.
Desde la organización de personas en situación de calle Proyecto7 rechazan y repudian este conteo nacional. Manifiestan irregularidades en su realización y desconocimiento de los métodos implementados para el relevamiento, los tiempos, la logística y los territorios recorridos. En su comunicado advirtieron que el gobierno “miente, engaña y distorsiona la realidad». “Éstos numerous –completa- son importantes para la implementación y aplicación de programas, como también para la adjudicación del presupuesto de acuerdo al número total: no es lo mismo un presupuesto para 1.000 personas que para 10.000”, afirmaron desde la organización y alertan que “hay seis millones de personas que nadie sabe en qué condiciones están viviendo pero que no tienen una vivienda propia”.
“En un contexto en donde la inflación dio 3,4 por ciento mensual y en algunas provincias supera el 4, es cómico que el gobierno publique un censo de 9.421 personas que viven en la calle” consideró Horacio Ávila, referente de Proyecto7. Además explicó: “Nosotros estamos en contacto con las provincias, con diferentes compañeros y compañeras que trabajan en el territorio y no somos 9421 personas, estimamos por lo menos 370 mil personas en situación de calle en todo el país”.
Marco legal
El censo está enmarcado por la Ley 27.654 “Situación de calle y familias sin techo”, sancionada en el 2021. El año pasado, la actual administración de gobierno introdujo cambios en la normativa a través de los cuales se desentiende de la responsabilidad de la implementación de las políticas públicas y asume un rol subsidiario, dejando el tema bajo la órbita de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires pueden implementar o no posibles soluciones de manera autónoma a través del presupuesto asignado, a la vez que deben realizar relevamientos de información para poder llevarlas adelante.
El argumento para estas modificaciones es que mejoraría la asistencia a las personas en situación de calle en cada jurisdicción pero permite que el Estado nacional se corra de toda responsabilidad, estandarización de los datos y asistencia.
Horacio Ávila dijo que “no sólo que no están pudiendo resolver lo que ya tienen, sino que están generando más gente en la calle día a día”. A su vez, el dirigente remarcó que “la situación se va a extender a nivel nacional si se aprueba la nueva ley de alquileres que habilita al propietario a sacar por la fuerza al inquilino, si tiene entre 3 y 10 días de atraso”. “Sumale los aumentos de los servicios públicos, no hay manera de pararlo porque no están dadas las condiciones económicas para hacerlo.
La ciudad de la furia
En CABA hay desalojos compulsivos e ilegales todos los días. Ávila contó que “mandan una guardia de auxilio a los domicilios, guardia que está para otra cosa, dicen que van a hacer una inspección de seguridad para que los dejen pasar. Ahí nomás libran un acta de peligro de derrumbe, falso peligro, llegan dos camiones y desalojan el edificio en el momento. La figura no es desalojo, es evacuación forzada por peligro de derrumbe. Lo que reciben las familias es un subsidio habitacional que no llega a los 250 mil pesos por única vez. Pero el único peligro de derrumbe que tuvieron y que no lo supieron prevenir fue el de los edificios de atrás de la cancha de Huracán”, sentenció el referente.
Ante esta situación la organización está armando un instructivo para difundir entre las familias que explica sus derechos y qué hacer si llega esta guardia de auxilio. Entre otras cosas, hay que abrirles la puerta y advierten que aunque lleguen con la policía, no pueden entrar por la fuerza porque es propiedad privada.
El operativo de limpieza social en la ciudad es una política pública oficial. Lo dejó claro el jefe de Gobierno Jorge Macri en la apertura de sesiones cuando festejó los 600 desalojos, la persecución a los manteros, trabajadores informales y personas en situación de calle. La propia Legislatura hizo una declaración donde repudió el Operativo Especial de Orden y Limpieza impulsado por el Ejecutivo porteño cuando asumió. Al respect, Ávila comentó que “Jorgito está con lo de ‘la ley y el orden’. La verdad es que salís con algo a la calle, una mesita con dos termos y doscientas facturas para dar el desayuno y te sacan a patadas, pedís permiso y no te lo dan”.
Ahora el objetivo del jefe de Gobierno es modificar la Ley de Salud Mental N° 448 de CABA para encerrar en los nosocomios a las personas en situación de calle. Las modificaciones irían en contra de la Ley Nacional 26657 que establece la no internación. Además, el proyecto introduce la internación involuntaria lo que podría llevar a una abuso de poder. Sobre ésto ultimo, Ávila sentenció: “Yo digo que estás chapita y listo, adentro”.
También recordó que “Jorge Macri en la apertura de sesiones dijo que hay 1.800 personas en situación de calle reales en la ciudad, que no acceden a ningún lugar porque están en situación extrema de salud mental o de consumo. Nosotros sabemos que son muchas más las personas en situación de calle y que no todas tienen problemas de consumo o de salud mental. Con esa excusa busca modificar la ley para meterlos a todos adentro. Están viendo cómo limpiar la calle”.
En cuanto a los dispositivos de contención, hace cuatro años en la Ciudad de Buenos Aires había 26 dispositivos de asistencia entre paradores y hoteles para las familias. Actualmente hay 62 que no dan abasto. Como si fuera poco, según trascendió, el Pro planea llevar los centros de inclusión fuera de la ciudad, no sólo expulsa a las personas en situación de calle sino que busca esconder la problemática en la provincia que conduce Axel Kicillof.
Mentir, esconder, encerrar, limpiar son las políticas que bajan desde el Estado nacional para un problema que crece gracias a medidas que empujan a más y más gente a la calle.