El juez de Garantías Gustavo Banco dictó la prisión preventiva al policía Matías Vizgarra por homicidio agravado del docente que manejaba un vehículo de aplicación.
A poco más de un mes del asesinato del profesor de técnica de San Justo, el juez de Garantías Gustavo Banco dictó la prisión preventiva al policía Matías Vizgarra por homicidio agravado del docente. Cristian Pereyra, de 39 años, además de dar clases trabajaba como conductor de una aplicación de viajes para complementar sus ingresos, Vizgarra había solicitado un viaje que le tocó a él, disparó 5 veces y robó el vehículo.
El pasado miércoles, la familia había convocado a una movilización frente a la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, sobre la calle Yrigoyen al 2100, en San Justo, buscando visibilizar el estado de la causa y mantener viva la memoria del maestro. Gremios docentes como el SUTEBA de La Matanza se hicieron presentes. “Nos sentimos acompañadas por los compañeros docentes y la comunidad de vecinos” expresó Victoria Pereyra, hermana de la víctima.
La jornada funcionó como reclamo previo a la audiencia que se llevó a cabo el jueves a las 11 en el Juzgado de Garantías 5 a cargo del juez Gustavo Banco, quién escuchó los planteos de las partes y al finalizar la jornada dictó la prisión preventiva a Vizgarra. La movilización también buscó evitar que el caso caiga en el olvido mediático. «Les pedimos que no nos dejen solos», fue el pedido final de la hermana de Cristian.
“Nos sacaron la felicidad, no sé si algún día volveremos a ser felices porque mi hermano lo era todo para nosotras”, expresó Victoria. Su asesinato dejó un aula vacía y a una familia sin su principal sostén emocional.
Formado en la Escuela Técnica Nº1 de Cañuelas, Cristian era un autodidacta desde chico que desarmaba y armaba cosas. Su compromiso con la educación técnica, además de ser profesional, era profundamente vocacional. Victoria recordó con precisión el último viernes que compartieron, apenas días antes del crimen. Ambos tenían a su cargo alumnos de primer año y dedicaron horas a intercambiar estrategias pedagógicas para encarar el inicio del ciclo lectivo. “Él me mostraba los trabajos que hacía con los chicos, como unos portacelulares de madera. Estaba entusiasmado, pero lamentablemente fue la última vez que sus alumnos lo vieron”, relató su hermana.
Manejar Didi y morir en el intento
Cristian terminaba su jornada frente al aula para iniciar otra frente al volante, exponiéndose a la inseguridad en horarios nocturnos para poder sostener económicamente a su familia. Su muerte expone la precarización que atraviesa al sector docente en la provincia de Buenos Aires. El pluriempleo no es una elección, sino una estrategia de supervivencia.
La causa por el asesinato de Cristian Pereyra se encuentra en etapa de instrucción, con elementos de prueba que complican la situación de Vizgarra. La familia manifestó su preocupación por la cercanía del domicilio del imputado, quien reside a 12 cuadras. “Es un funcionario público que tiene armas y herramientas para vincularse con otros policías y entorpecer la investigación”, advirtió Victoria Pereyra, argumento que fue tenido en cuenta en la resolución del juez, al momento de privar al policía de su libertad.
Según el abogado Roberto Torres, integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y representante de la familia, la pericia balística confirmó que los casquillos hallados en la escena coinciden con el arma reglamentaria del efectivo.
“El policía pidió el auto desde su propio celular. Lo asesinó por la espalda de cinco disparos para ocultar el robo del vehículo”, detalló Torres. La querella busca que se incorpore el agravante por la condición de miembro de una fuerza de seguridad, al considerar que el estado policial es permanente, independientemente de si el acusado estaba de servicio al momento del crimen.
Uno de los puntos que más tensa la relación entre la familia y la justicia es la transparencia de la investigación inicial. Las primeras pericias y la autopsia quedaron en manos de la propia Policía de la Provincia de Buenos Aires, la misma fuerza a la que pertenece Vizgarra. «En casos de violencia institucional, es una irregularidad manifiesta que sea la propia fuerza la que intervenga en los primeros pasos», advirtió el abogado Roberto Torres. Por ello, la intervención de organismos como la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), con la intervención del abogado Rodrigo Pomares, y el Ceprodh resultan claves para tratar de garantizar los resultados claros del barrido de pólvora y el análisis de los teléfonos.
La representación legal de la familia insistió en el dictado de la prisión preventiva. Torres fundamentó el pedido en la gravedad de la pena prevista y en el peligro de entorpecimiento de la causa. El abogado hizo hincapié en que la condición de policía de Vizgarra debe ser un agravante central en la causa. “El estado policial es permanente. El Estado le otorga un arma y una jerarquía que no se pierde cuando el efectivo termina su turno”, explicó.