La Cámara de Apelaciones de Nueva York decidió suspender todas las apelaciones vinculadas al juicio. ANCCOM habló con Mariana Lozza, abogada argentina especializada en derecho internacional público, quien lideró el equipo a cargo de la estrategia judicial.
En los últimos días la Cámara de Apelaciones de Nueva York decidió suspender todas las apelaciones vinculadas al juicio por la expropiación de YPF, en un nuevo paso que consolida el reciente fallo favorable a la Argentina. La medida implica que no se avanzará sobre reclamos pendientes, incluso algunos presentados por la propia Argentina, para evitar decisiones que podrían volverse irrelevantes si el fallo se confirma definitivamente. Los demandantes, encabezados por Burford Capital, aún pueden intentar revertir la decisión mediante recursos extraordinarios.
El fallo favorable a Argentina en el juicio en los tribunales de Nueva York por la expropiación de YPF fue el resultado del trabajo de profesionales que tuvieron un rol clave en el diseño de los argumentos que lograron evitar que nuestro país debiera pagar 18 mil millones de dólares ante la Justicia de Estados Unidos. ANCCOM conversó con Mariana Lozza, líder de este equipo durante más de una década en el diseño de los argumentos fundamentales del caso.
Para Lozza, abogada especializada en derecho internacional público y arbitraje de controversias entre inversionistas y Estados, una de las razones del éxito de este juicio fue “el equipo técnico que permitió mantener la base jurídica de este caso con un cierto nivel de convencimiento en todas las administraciones. Fue un laburo supertécnico y de equipo que implicó mucha gente de la Procuración pero también de afuera, más allá de la política”, explicó.
¿Considerás que existe alguna posibilidad de que el caso se reabra en otra jurisdicción internacional o en algún otro tribunal, a pesar de los recientes fallos en Nueva York?
Frente a qué alternativas tienen disponibles las demandantes en esta situación, por un lado están los recursos ante las cortes de Estados Unidos, que se presentan ante la misma Cámara para que revea la decisión que emitió hace unas semanas. Y después el recurso ante la Corte Suprema. Esos son recursos dentro del sistema judicial estadounidense. Después, las demandantes también, por ser nacionales españolas y estadounidenses, tienen disponible la posibilidad de presentar un reclamo arbitral al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones dependiente del Banco Mundial) invocando incumplimientos de Tratados. Argentina tiene tratados de promoción y protección de las inversiones con España y con Estados Unidos, por lo que, si ambas demandantes deciden avanzar, probablemente invoquen esos dos tratados. De todos modos, habrá que ver cómo evoluciona, ya que Argentina también cuenta con argumentos fuertes en un eventual arbitraje CIADI.
Las declaraciones de Javier Milei y otros funcionarios señalando que “la expropiación estuvo mal”, ¿podrían ser utilizadas como argumento jurídico para impulsar una reapertura del caso en otra instancia?
En este tipo de litigio, las partes suelen utilizar todos los elementos de evidencia disponibles. No solo se recurre a material contemporáneo a los hechos como el de los años 2000, 2012 o 2014, sino que también puede incorporarse evidencia más reciente si se considera relevante. En ese sentido, no puede descartarse que distintos actores introduzcan nuevos elementos en el proceso. De todos modos, el impacto y el valor de esa evidencia dependen de los argumentos que construyan las partes y de la evaluación que realice el tribunal. En términos generales, será la instancia judicial o arbitral la que determine el peso de cada elemento dentro del caso, sin que esto implique anticipar cómo podría aplicarse en una situación concreta.
La demanda había sido impulsada en 2015 por Burford Capital, un fondo que adquirió los derechos de litigio de la familia Eskenazi, quienes se consideraban perjudicados por la estatización del 51% de la empresa en 2012. A pesar de que los hechos ocurrieron en Argentina, el caso fue aceptado en Estados Unidos bajo el argumento de que YPF cotizaba en la bolsa de Nueva York.
En primera instancia, la jueza Loretta Preska falló en contra de nuestro país con una interpretación cuestionada de la legislación argentina y estableció la indemnización millonaria. Sin embargo, la defensa argentina apeló esa decisión y logró que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revisara el caso, detectara errores en el criterio aplicado y dejara sin efecto la sentencia. De este modo, la demanda quedó sin sustento en aquella instancia.
Mariana Lozza fue una de las principales responsables de la estrategia jurídica que permitió obtener el fallo favorable a la Argentina en Nueva York. Abogada con trayectoria en litigios internacionales y arbitrajes, en julio de 2007 fue incorporada a la Procuración del Tesoro de la Nación para intervenir en demandas internacionales contra el Estado argentino. En 2012, luego de desarrollar parte de su carrera en la actividad privada, volvió a ser convocada para ocupar la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales del organismo, un cargo de alta responsabilidad que ocupó hasta hace pocos meses. Se desempeñó dentro del equipo legal que representa a la Argentina en causas en el exterior, particularmente en disputas vinculadas a deuda soberana y conflictos con inversores.
¿Cómo fue tu recorrido profesional hasta convertirte en una de las principales referentes en la defensa del caso YPF?
Fui totalmente educada en la educación pública, desde jardín, primaria, secundaria y universidad. Estudié Derecho en la Universidad Nacional del Sur. Cuando cursé Derecho Administrativo que involucra al Estado y Derecho Internacional Público empecé a interesarme por el Derecho Internacional. Se alinearon las condiciones para hacer una pasantía en la Organización de Estados Americanos en Washington. Estando allá confirmé que mi lugar en el mundo era Argentina, así que me quise volver. Empecé a tener muchas clases y charlas sobre lo que estaba pasando con la Argentina, sobre la ola de juicios internacionales que se habían iniciado contra el país. Cuando volví supe que quería trabajar en eso.
¿Cuál fue tu rol específico en el desarrollo de los argumentos de la defensa en el juicio por YPF?
En general, muchos de esos juicios en el extranjero involucran la ley del Estado donde estás litigando. Son conductas de la Argentina, pero siempre sometidas a esa ley. Lo particular de este caso es que era enteramente de derecho argentino; por eso fue tan relevante el feedback, la discusión y el debate que se generaba desde Buenos Aires. Cuando llego en enero de 2021, el proceso estaba en la etapa de discovery, en la que las partes solicitan documentos que consideran importantes para la defensa.
Era clave determinar si la discusión era contractual o comercial, o si involucraba actos soberanos. En ese momento, la Cámara de Apelaciones, en 2019, sostuvo que era un caso de tipo comercial, porque versaba sobre cuestiones vinculadas al Estatuto. Una vez confirmada la jurisdicción, a mediados de 2019 la Argentina presentó los argumentos jurídicos en los que basa su defensa. En cada etapa procesal, esos argumentos deben presentarse con determinadas características: primero de manera breve, luego se abre la etapa de producción de documentos (discovery), y posteriormente se presentan los argumentos de fondo.
La sentencia final que se emitió el 15 de septiembre de 2023 fijó el monto de condena. A partir de ahí corrió el plazo para apelar. Y la apelación se presentó en octubre. El escrito inicial de apelación fue breve, de una sola carilla. Los argumentos se presentaron a principios de febrero de 2024. Ese fue un trabajo intenso y articulado con Cancillería, aunque la Procuración tuvo un rol central por su conocimiento técnico del caso.
¿Cómo fue el trabajo en la Procuración?
Es un trabajo en equipo, sin un único responsable, aunque formalmente existan roles definidos. Y también hubo un trabajo relevante con la comunidad académica de derecho privado y derecho público. Participaron profesores de distintas universidades del país y exjueces de la Corte Suprema que apoyaron la posición de Argentina. Lo que resultó muy gratificante porque validaba los argumentos presentados. Además, se sumaron una organización de empresas hidrocarburíferas integrada por diez provincias con interés en el caso, que también brindaron su apoyo”.
El diálogo con Mariana Lozza ratifica que, más allá de los debates políticos, la estrategia detrás del caso se trató de un trabajo colectivo, llevado adelante por un equipo a su mando que actuó de manera coordinada y sostenida con el objetivo común de defender los intereses de la Argentina frente a la justicia estadounidense.