El gobierno de Javier Milei eliminó el Salario Social Complementario, dejando a 900 mil trabajadores de la economía popular sin esa ayuda, que representaba apenas el 0,1% del PBI.
Movilización por «Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo» en el día de San Cayetano en 2025.
El gobierno volvió a arremeter contra la clase trabajadora y ratificó la eliminación del programa nacional Volver al Trabajo (VAT). Los más de 900 mil beneficiarios distribuidos en todo el país dejarán de percibir el Salario Social Complementario (SCC), congelado en 78.000 pesos desde 2023. El monto, que constituía el único ingreso fijo para muchas familias, fue liquidado por última vez este mes.
“El salario social es muy bajo, pero para una persona que paga un alquiler puede significar no salir a vivir a la calle o el pago de la cuenta del almacén”, sostuvo Laura Cibelli, integrante de la mesa ejecutiva nacional de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). “Estaba pensado para trabajadores de unidades productivas del ámbito sociocomunitario, el reciclado, cuidado de personas y niñeces”, afirmó la referente.
El SSC fue conquistado en 2016 a partir de la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. La medida tenía como objetivo generar un ingreso fijo para las personas que se encuentran por fuera del sistema laboral formal. Se comenzó a pagar a través de distintos programas y en 2020 pasó a la órbita del Potenciar Trabajo. Cuando asumió el gobierno de Javier Milei, el SSC que correspondía al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil quedó congelado y el Potenciar Trabajo se dividió en dos programas: el VAT, que contaba con la mayor cantidad de beneficiarios, y el de Acompañamiento Social (PAS), que sigue vigente.
De acuerdo al comunicado del Ministerio de Capital Humano, el VAT se reemplazará por un sistema de vouchers de capacitaciones para la inserción laboral formal, pero todavía no proporcionaron información al respecto. “Es loco decir ´capacitate para tener laburo´, nuestros compañeros ya tienen laburo”, dijo Romina Padilla, referente nacional a la rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) e integrante del secretariado de la UTEP.
Romina Padilla del MTE Rural. Foto: Prensa MTE.
Capoblanco contó que la eliminación del Volver al Trabajo no solo implica el fin del salario social, sino también la eliminación de descuentos en la SUBE y en el pago del monotributo.
La decisión del gobierno tiene lugar en un contexto de caída del empleo y salario formal, según indican los datos del último informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), lo que no resulta esperanzador para los supuestos objetivos de inserción declarados en la comunicación oficial.
“Nuestros sueldos no son fijos, dependen de nuestra producción y muchas veces dependemos también de los cambios climáticos”, expresó Padilla sobre el trabajo hortícola. “El salario social fue un pie muy importante porque nos sostuvo en tiempos difíciles, lo podíamos invertir en plantines, semillas, insumos. Incluso en temporada de invierno cuando por ahí no sale mucho la verdura, ayudaba a sostener económicamente el hogar, poder comprar alimentos”, agregó.
Al conocer la medida, la UTEP organizó una jornada nacional de lucha el martes pasado bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”, con asambleas, ollas populares y cortes en los accesos a Capital Federal y distintos puntos del país.
«La gente se está reinventando tres veces su laburo”, describió Matías Capoblanco, militante del MTE y referente de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR). “Salís de enfardar un cubo de cartón para poder venderlo a la industria y a la tarde estás haciendo el bizcochuelo para vender. Llegás tarde a la cooperativa para buscar medias para venderle al vecino y después vas a la noche a revolver la olla para que te puedan dar un plato de comida», relató.
Capoblanco contó que la eliminación del Volver al Trabajo no solo implica el fin del salario social, sino también la eliminación de descuentos en la SUBE y en el pago del monotributo.
Reclamos de trabajadores de la economía popular ante el Ministerio de Capital Humano en 2024.
De acuerdo al informe que elaboró la UTEP sobre el ex Programa Potenciar Trabajo y programas derivados, el costo anual para sostenerlos representa apenas el 0,1% del PIB. Asimismo, el documento advierte sobre las consecuencias que tendrá la falta de circulación de ese dinero en las economías locales, dado que la caída del ingreso que percibían las familias afectaría a los comercios barriales.
La eliminación del VAT aumenta la vulnerabilidad social y atenta contra el tejido construido alrededor de las organizaciones populares, que cada vez podrán dedicarle menos tiempo a su trabajo territorial. “La gente tiene que salir a buscar otras cosas porque necesita mantener a su familia, por ende vamos a dejar de tener organizaciones en los barrios, lo que hace que la violencia y el narcotráfico tome esos espacios, generando más deuda, más narcotráfico y más consumo”, lamentó Cibelli.
Mientras se investigan las propiedades no declaradas de Manuel Adorni y el acceso de funcionarios a créditos especiales del Banco Nación y los ministros y secretarios del gobierno se aumentan el sueldo, a los trabajadores de la economía popular le siguen pegando abajo. “Más allá de que el gobierno venga y nos saque un derecho conquistado, nosotros siempre tuvimos ese espíritu de subsistir, salir adelante y seguir peleando”, afirmó Padilla.