Por un lado, las organizaciones ambientalistas trabajan en un amparo colectivo que ya está cerca de reunir un millón de firmas de ciudadanos que se oponen a la desprotección de los recursos naturales. Por el otro, La Pampa realizó una presentación en tribunales porque corre riesgo de perder su única fuente de agua.
Apenas un día después de que el Congreso haya aprobado la Ley 27.804 que modifica a la Ley de Glaciares 26.639, comenzaron las respuestas de las organizaciones ambientalistas y las provincias afectadas para no resignarse. El primer golpe lo dieron Greenpeace, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), quienes impulsaron una demanda colectiva en internet para reunir 500 mil firmas en contra de la reforma aprobada que desprotege a los glaciares argentinos. Andrés Nápoli, Director Ejecutivo de FARN, aseveró a ANCCOM: “La adhesión de la ciudadanía a la demanda es una expresión de disgusto por el tratamiento que tuvo la Ley en el Congreso, por haber cercenado la voz de la gente que se anotó en la audiencia pública y por no escuchar la voz de la ciencia. Todas son cosas que en una sociedad como la argentina, más allá de la situación económica y la situación social en general, todavía tienen un valor muy importante y eso es lo que expresa la gente al manifestar su adhesión”. En efecto, horas más tarde del diálogo con Nápoli, la demanda alcanzó más de 600 mil firmas y al momento de escribir esta nota se encuentra en camino al millón.
Consecuentemente, Matías Muñoz, abogado ambientalista, aseguró que “ae interpondrán muchas acciones colectivas para evitar la aplicación de la nueva ley, pero probablemente sean rechazadas porque se necesitan presentar casos de afectación concretos y eso va a ser difícil de probar”. Como ejemplo, compartió a ANCCOM la demanda que la empresa minera Barrick Gold recibió por el derrame de cianuro en los ríos de Jachal, San Luis. “Recibieron una condena y otras varias más, pero después de haber estado las pruebas cajoneadas durante mucho tiempo”, aseguró Muñoz.
Más allá de la queja ciudadana, el gobierno tendrá que esquivar otro revés, el de las provincias que no tienen glaciares en su territorio pero sí se sostienen gracias al agua que proviene de ellos. Tal es el caso de La Pampa, cuyo gobernador, Sergio Ziliotto, fue el primero en presentar un amparo colectivo denunciando la inconstitucionalidad de la ley. Al ser consultada por la situación provincial luego de la reforma, Vanina Basso, Secretaria de Ambiente y Cambio Climático de La Pampa, denunció: “Río Colorado es nuestro único río activo y nace de la confluencia del Río Grande y Barracas que vienen de la cordillera de la provincia de Mendoza. Abastece a casi el 50% de la población pampeana de agua potable y cuenta con una comunidad en la costa de 14.900 habitantes que serían directamente afectados por las sustancias químicas que las mineras podrían derramar en el río”. De aplicarse la nueva Ley, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, adquiriría el poder de decidir qué glaciares o zonas periglaciares mendocinas son importantes y cuáles pueden ser explotadas. Por lo tanto, aquello que para las provincias cordilleranas representa un avance del federalismo, es mala noticia para el resto. “La norma anterior nos daba un piso de equidad a todas las provincias del territorio argentino, con lo cual para nosotros esto sería contrario a lo que es el federalismo ambiental de concertación”, manifestó Basso.
En los próximos días se esperan nuevas demandas, entre ellas la del diputado Juan Pablo Luque de Chubut, ya que la provincia recibe agua dulce de los glaciares de Río Negro, dónde ya se habrían comenzado a negociar proyectos mineros.