A pesar de que la justicia ordenó la puesta en vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno sigue sin aplicarla. Las universidades de todo el país están en un plan de lucha. Los gremios docentes de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA decidieron no comenzar las clases.
El calendario académico de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA pronosticaba el inicio del año lectivo 2026 para el 16 de marzo. Pasaron cosas. Los gremios docentes de esa casa de estudios llamaron al paro por tiempo indeterminado porque aún no se aplicó la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en octubre pasado para regularizar la situación salarial y presupuestaria de las instituciones de educación superior pública de todo el territorio nacional. Mientras otras universidades nacionales y facultades de la UBA arrancaron con protestas de diversas modalidades y paros intermitentes, “Exactas” tomó medidas más drásticas.
La Ley de Financiamiento se aprobó en ambas cámaras, pero su aplicación fue suspendida por el Poder Ejecutivo hasta determinar cómo financiarla. El objetivo era garantizar el sostenimiento de las instituciones y estipulaba que se deben actualizar los salarios desde diciembre de 2023 hasta la fecha para recomponer la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron los docentes desde inicios de la gestión actual.
El Gobierno de Javier Milei aseguró que no hay recursos para aumentar los salarios y cubrir los gastos de funcionamiento de las universidades públicas. Ante la negativa a implementar los cambios aprobados, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó una medida cautelar ante la Justicia.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal determinó que el Gobierno debe cumplir con los artículos 5 y 6 de la norma, que establecen la actualización de los sueldos de docentes, no docentes y de las becas estudiantiles. El Ejecutivo planea apelar y quiere que el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia.
Tanto la AGD (la Agrupación Gremial Docente de la UBA) como la CONADU (Federación Nacional de Docentes Universitarios) acordaron la medida de fuerza por tiempo indefinido porque el sueldo de los profesores se ha vuelto “insostenible” e incompatible con la calidad de dedicación exclusiva.
¿Qué pasa con los estudiantes?
Otras facultades de la UBA también comenzaron el cuatrimestre con paros, eventualmente volviendo a un funcionamiento intermitente. Los estudiantes de Exactas, en cambio no saben cuándo van a empezar ni qué esperar. En los pasillos de la facultad se habla mucho acerca de la posibilidad de perder el cuatrimestre.
Los relatos varían. Guillermo Durán, Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y, egresado de esa facultad y doctor en Ciencias de la Computación, asegura que el paro por tiempo indeterminado “no está totalmente censado. Depende de cada curso: hoy hay un 30% de materias dando clases y un 70% que no”. También declara que “desde el Decanato, nos gustaría que los chicos no pierdan el cuatrimestre, pero también somos conscientes de la situación de extrema preocupación de los docentes y que hay que visibilizar la situación salarial y el incumplimiento de la ley por parte del Gobierno”.
Jorgelina Bueno, bióloga y docente, expresó que el 90% de las cátedras no están dictando clases y da un poco más de contexto al reclamo: “Llevamos dos años de paros, marchas, tomas, reuniones y la situación no cambia. Un profesor con dedicación exclusiva, que da 40 horas semanales, gana 700 mil pesos. Yo estoy cursando el profesorado. Un ayudante de segunda, con 10 horas laborables por semana, gana 130 mil pesos mensuales”.
Julia Benito, presidenta del Centro de Estudiantes de Exactas (Cecen) y estudiante de Física, destaca las iniciativas para acompañar a los estudiantes y, en especial, a los ingresantes que nunca cursaron una materia en la Facultad y no tienen clases. “Desde el Centro de Estudiantes, estamos disponibles para las consultas, que siempre llegan porque los alumnos muchas veces vienen sin saber si va a haber clase También estamos dictando clases de apoyo para que podamos seguir con nuestras trayectorias académicas a pesar de lo que estamos viviendo que es 100% responsabilidad de un Gobierno nacional que no quiere aplicar la ley. En este momento nos parece que tenemos que estar más unidos que nunca y por eso pensamos medidas concretas para acompañar a los estudiantes e incluirlos en la comunidad, porque si no es muy difícil continuar la cursada para ellos. Los docentes no quieren que perdamos el cuatrimestre o que dejemos la facultad. Eso es lo que quiere Milei al no garantizar el presupuesto para la universidad”.
Benito cuenta que las pocas clases que empezaron, lo hacen en un “estado de no normalidad”, con cursadas híbridas, videollamadas y semanas en que dictan clases alternadas con semanas de paro. Durán amplía el panorama: “Hay clases que se dictan de manera virtual y algunos profesores que están entregando material para que los estudiantes empiecen a familiarizarse con los contenidos en sus casas”. Desde el Decanato, no evalúan las medidas de fuerza que toman los gremios, sino que las respetan, así como respetan a quienes dieron inicio a la cursada.
Según Durán, “para terminar con el conflicto es indispensable que el Gobierno haga un reajuste nominal a los salarios, que se calcula por encima del 50% para cumplir con la ley y para empatarle al poder adquisitivo que tenían los docentes hasta diciembre de 2023”.
Respecto del miedo de muchísimos estudiantes de no poder aprobar las materias del cuatrimestre, el Decano de Exactas, que también es docente con más de 30 años de experiencia expresa que “en los cursos que se están dando no hay peligro de perder la cursada. En los que todavía no han empezado en esta cuarta semana, sí. Nuestro mensaje para los docentes es que hagan todo lo posible para que los chicos no pierdan el cuatrimestre”.
Éxodo o exilio docente
En los últimos tiempos se repiten historias de docentes que renuncian, se van a trabajar a universidades privadas o piden licencia sin goce de sueldo porque no les conviene trabajar en la Universidad pública. También se habla mucho de quienes continúan ejerciendo la docencia y tienen otros trabajos para complementar sus fuentes de ingreso.
En la reunión de intercomisiones que se dio en la Facultad de Exactas el pasado 27 de marzo también se criticó el discurso que plantea que si los profesores quieren ganar bien, se tienen que mudar al sector privado: esta propuesta no repara en que no se formarían nuevos profesionales en áreas científicas y tecnológicas.
Durán explica que están intentando medir este éxodo docente: “Comenzamos a fines de 2024 y en ese momento ya registrábamos a 200 profesores, auxiliares e investigadores que abandonaban la facultad para perseguir otros caminos laborales”. Las causas son la precariedad salarial y la falta de apoyo estatal a la investigación científica. En Exactas, vale aclarar, se realizan muchas investigaciones que necesitan de fondos para mantener los laboratorios en funcionamiento.
Fernando Schapachnik, Dr. en informática y docente en la UBA, invita a una jornada de visibilización del conflicto que se realizará el martes 14 de abril en la facultad. Esta comienza con stands de divulgación en el Pabellón 2 de la Ciudad Universitaria, donde se abrirá un espacio de 10 a 16 horas para vincular a los docentes con los estudiantes. Luego, la jornada se trasladará a las afueras del unicornio argentino Globant, en Puerto Madero, donde se dictará una clase abierta, a las 18,. para remarcar la importancia de la universidad pública para la industria argentina.
Para Schapachnik, es importante tener en cuenta el vínculo entre las universidades públicas, “por donde pasaron aproximadamente el 80% de los 160 mil trabajadores de la industria del software nacional” y las empresas, para valorar el rol de los docentes y de la UBA en formar profesionales capacitados que luego generan ganancias y conocimiento para la Argentina. “En los datos que reporta la propia Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi) se ven ventas anuales por 22.000 millones de dólares y exportaciones por 2.500 millones de dólares. El mayor gasto de estas empresas es la mano de obra, el trabajo de las personas. La mayoría de ellas vienen de la universidad pública y se estima que generan 14.000 millones de dólares en ventas anuales”.
Cada vez hay más estudiantes en la carreras informáticas, pero muchos docentes “migran a trabajos en la industria, a otro país o a universidades privadas por lo tremendamente deprimidos que están los salarios en la universidad pública, sin tener en cuenta que los presupuestos de investigación en cero y con proyectos asignados que no se pagan. Estamos ante una nueva fuga de cerebros porque hay gente que, literalmente no llega a fin de mes y abandona su rol en la pública. Cada vez hay más alumnos, pero no hay docentes para formarlos, sino lo cual la industria del software argentina no podría facturar lo que gana”.
Ignorar este vínculo hace que se pueda hablar de crear polos de inteligencia artificial y de economía del conocimiento mientras se pone en riesgo aquello que la sustenta, la formación en las universidades públicas, otorgada por docentes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica, inestabilidad y precariedad.
Mientras la Justicia exige la aplicación inmediata de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial, los docentes de Exactas continúan, en su mayoría, de paro, los estudiantes, incluso los que apoyan la medida, temen por la cursada y el país resigna un capital intelectual muy valioso.