Las discusiones sobre el impacto de las plataformas digitales en la salud mental impulsó a varios gobiernos a discutir nuevas formas de regulación. En ese debate, el modelo del Gigante Asiático aparece como punto de referencia pese a las importantes diferencias culturales y políticas.
En sus primeros años internet fue descripta como un espacio abierto, horizontal y democrático donde debía primar la autorregulación. Sin embargo, esa idea comenzó a resquebrajarse con la creciente concentración de datos, dinero y poder, proceso en el que las redes sociales tuvieron un rol clave. Para contener problemas que van desde efectos sobre la salud mental a la concentración económica, cada vez más países impulsan regulaciones estrictas sobre las plataformas, especialmente en temas vinculados al acceso de menores, la desinformación y la capacidad de estas empresas para influir en la opinión pública.
En ese contexto, algunos analistas se preguntan si Occidente está avanzando hacia un modelo de control digital más cercano al de China. Mientras en Europa, Australia e incluso América Latina se discuten nuevas leyes para limitar el poder de las plataformas, el país asiático lleva más de tres décadas desarrollando un ecosistema digital fuertemente regulado por el Estado.
‘’El modelo chino se diferenció por combinar inversión masiva pública y privada y un marco regulatorio que alienta el desarrollo de estas plataformas pero bajo una firme conducción estatal. El Estado, en este marco, desarrolla herramientas directas e indirectas de control: legislación antimonopolio, supervisión del uso de datos y obligación de registrar algoritmos cuando estos pueden influir en la opinión pública», cuenta Schulz’.
Otra arquitectura
Desde los primeros años de expansión de internet, China optó por construir una arquitectura digital diferente a la de occidente. El sociólogo y especialista en estudios chinos Sebastián Schulz explica que ‘’el modelo chino se diferenció por combinar inversión masiva pública y privada y un marco regulatorio que alienta el desarrollo de estas plataformas pero bajo una firme conducción estatal. El Estado, en este marco, desarrolla herramientas directas e indirectas de control: legislación antimonopolio, supervisión del uso de datos y obligación de registrar algoritmos cuando estos pueden influir en la opinión pública’’.
A través de lo que se conoce como la “La Gran Muralla de Fuego China” (Great Chinese Firewall, un juego de palabras vinculado a la seguridad y la muralla), el país restringió el acceso a plataformas extranjeras y promovió el desarrollo de alternativas nacionales. Por esta razón, las redes sociales más conocidas no están disponibles en el país. En su lugar existen plataformas nacionales, como Weibo, una red social similar a X (ex Twitter). Además existen otras diferencias: por ejemplo, la versión china de TikTok, llamada Douyin, ambas pertenecientes a Bytedance, funcionan de manera distinta en China y occidente: en el país asiático los menores de 14 años tienen solo 40 minutos de uso por día, no pueden utilizarla después de las 22 horas y los contenidos son solamente educativos: experimentos para hacer en casa o visitas a museos. En cambio, en occidente el tiempo no está controlado y los contenidos dependen estrictamente del algoritmo que estimula a usar las aplicaciones más tiempo para ubicar más publicidades.
‘’La construcción del llamado Proyecto Escudo Dorado (el gran cortafuegos) consolidó una estrategia defensiva orientada a proteger la soberanía tecnológica y la estabilidad política interna’’, afirma Schulz. El caso de Douyin muestra que también se busca proteger a los más jóvenes de contenidos adictivos o tóxicos a diferencia de lo que ocurre en occidente, donde ahora aparece esta preocupación
En enero del corriente año, el presidente español Pedro Sanchez declaró en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026: ‘’Las redes sociales se han convertido en una parte integral de nuestras vidas, de nuestra realidad. Si queremos proteger a nuestros ciudadanos, solamente hay una forma de hacerlo: tomar el control de vuelta. Defenderemos nuestra soberanía digital contra cualquier forma de cohesión extranjera’’, al mismo tiempo que anunciaba medidas de mayor control sobre las plataformas y la restricción de acceso para menores de 16 años.
El giro regulatorio
Las redes sociales y su impacto en la salud mental se han convertido en uno de los debates más discutidos de los últimos años. Basta con escribir “Facebook” en la sección de noticias de Google para encontrar una sucesión de demandas judiciales, investigaciones y discusiones públicas sobre el juicio a Meta donde se la acusa de haber diseñado plataformas digitales como adictivas y dañinas para la salud mental.
La licenciada en Comunicación y especialista en plataformas digitales, tecnología y derechos humanos, Carolina Martínez Elebi, señala que “la base del modelo de negocio de estas plataformas tiene una lógica de consumo permanente del usuario. Los adolescentes pasan gran parte de horas de su día, de su semana, de su vida, expuestos a vincularse con otros mediando pantallas. Es una vida que le pone muchas limitaciones a la posibilidad de desarrollar habilidades y conocimientos”.
Con la pandemia y sus consecuencias, las discusiones sobre los peligros que puede presentar la exposición de menores en redes sociales se incrementaron tanto en la agenda pública como también la mediática: se puede recordar el éxito que tuvo la miniserie británica Adolescencia donde muestra el acceso a la violencia que tienen los jóvenes y el impacto en su comportamiento. “Creo que este marco normativo también busca poner sobre la mesa que este problema no es algo individual, sino que hay una cuestión más estructural. No se trata de un asunto que se debe resolver en la familia’’, agrega Martínez Elebi.
En China, esta problemática ya forma parte de la agenda desde el 2021, cuando el gobierno limitó el acceso a videojuegos para menores a una hora por día los fines de semana y días festivos. También exigió a las compañías incorporar un “modo menor” en todos los dispositivos inteligentes que limiten el tiempo de pantalla al verificar la edad del usuario. ‘’Desde hace varios años China viene debatiendo la cuestión del tiempo en pantalla de los niños y jóvenes chinos a partir de una preocupación de las familias sobre el impacto que esto pueda tener en el tiempo de estudio y en las calificaciones en sus exámenes’’, aclara Schulz; ‘’Recordemos que China es una sociedad extremadamente meritocrática y en esa dinámica pesa mucho el rendimiento académico, el cual define las posibilidades de inserción laboral y crecimiento profesional’’.
Australia fue uno de los primeros países donde el Estado se atrevió a avanzar con medidas concretas que en occidente pueden verse como una invasión a las libertades individuales. En diciembre de 2025 puso en vigencia la restricción del uso de redes sociales para menores de 16 años. El sistema no es perfecto, existen mecanismos como el uso de VPN que pueden permitir saltar la restricción pero la medida marcó un precedente y hay expectativas de que retrase la edad de uso de las redes sociales en las nuevas generaciones. Poco después, otros países comenzaron a impulsar iniciativas similares. Como se mencionó previamente, España fue uno de ellos: “Nuestros niños están expuestos a un espacio que nunca debieron navegar solos. Un espacio de adicciones, abusos, pornografía, manipulación y violencia”, denunció Sanchez.
En América Latina también comenzaron a aparecer propuestas regulatorias. Uruguay impulsa iniciativas vinculadas a regular las plataformas digitales, mientras que en la provincia de Buenos Aires se discuten proyectos legislativos que buscan establecer marcos regulatorios para el acceso de adolescentes a estas plataformas a menores de 13 años. Además, en ciudades de todo el mundo, luego de años de ensayar usos pedagógicos para los celulares en las escuelas, se los está prohibiendo por la distracción que generan y porque fomenta el aislamiento de los estudiantes.
¿Fin del anonimato?
El principal foco de discusión en torno a estos nuevos marcos normativos es la posibilidad de que puedan poner en riesgo la libertad de expresión. Los temores no son infundados. Muchas de las regulaciones propuestas exigen que las redes sociales verifiquen la edad de los usuarios mediante la corroboración de su identidad. El problema, señalan algunos especialistas, es que este tipo de mecanismos puede implicar un mayor cruce de bases de datos y una reducción de la privacidad en los entornos digitales: “Para muchos, el anonimato en internet es muy importante. Muchos periodistas denuncian situaciones de corrupción en sus países y, en esos casos, la privacidad y la protección de sus datos resultan fundamentales. La solución no es tan simple, es un tema muy delicado”, señala Martínez Elebi.
En China la situación se plantea desde una lógica diferente. Para acceder a las redes sociales, todos los ciudadanos deben confirmar su identidad pero no se presenta como un problema. “Cada uno es responsable de lo que dice y debe asumir esa responsabilidad. La armonía y el bienestar social están por encima del individuo, por lo que conceptos como la libertad de expresión son reinterpretados dentro de ese marco. Por eso, la necesidad de regular a las empresas de telecomunicaciones surgió más como una demanda social que como una iniciativa gubernamental que luego fue incorporada como política de Estado”.
Dentro de ese marco regulatorio, una de las medidas más virales del último tiempo fue la regulación sobre el contenido producido por influencers. En octubre de 2025 se estableció que estos debían contar con algún tipo de certificación que respalde la información que comparten con el objetivo de limitar la desinformación. En este sentido, la regulación es ventajosa porque reduce la circulación de noticias falsas o consejos peligrosos, pero puede también conducir a la censura o autocensura.
Ante la consulta sobre estos riesgos, Martínez Elebi sostiene que el desafío consiste en encontrar un equilibrio: “Es importante garantizar la libertad de expresión en internet de las infancias y adolescencias, pero internet es mucho más que estas plataformas. Lo que hoy debemos promover son entornos digitales que garanticen espacios seguros y saludables, donde puedan vincularse con otras dinámicas que no estén regidas únicamente por estos modelos de negocio”.
Las discusiones actuales sobre la regulación de las plataformas digitales se presentan en su mayoría, como debates sobre salud mental o protección de menores, pero reflejan una disputa más profunda: ‘’En juego no está solo el tiempo que las personas pasan frente a una pantalla, sino quién tiene la capacidad de establecer las reglas del espacio digital: los Estados o las grandes corporaciones tecnológicas’’, reflexiona Schulz.
En ese contexto, el modelo chino, basado en una fuerte intervención estatal sobre el ecosistema digital, aparece cada vez más en el centro de las comparaciones internacionales. Aunque muchos analistas consideran difícil que Europa o América adopten un sistema tan restrictivo, la creciente discusión sobre soberanía digital muestra que la idea de que internet puede y debe ser regulado por los Estados está ganando terreno.