El jefe de Gobierno, Jorge Macri, llamó a licitación para concesionar los medios públicos, una medida que atenta contra el pluralismo de voces y el derecho a la comunicación y pone en riesgo a 400 fuentes de trabajo.
El 20 de abril comenzará la apertura de ofertas para la concesión de las radios AM 1110 La Once Diez, FM 92.7 La 2×4 y el Canal de la Ciudad. Esto implica que ya no se financiarán con impuestos, sino que pasarán a ser un modelo de inversión privada, en el que el que obtenga la concesión, pagaría un canon de por las dos radios por un plazo de cinco años. Los adjudicatarios serían los responsables de la programación, el mantenimiento y la comercialización publicitaria, generando una limitación para mantener una agenda de servicio público diferenciada al interés rentístico comercial.
La privatización que se quiere llevar a cabo, además de atentar contra el derecho a la información, pone en peligro más de 400 puestos de trabajo. También implicaría que las radios y el canal público cambien sus estudios de grabación a los que disponga el “comprador ganador” e incluso estarán facultados para cambiar su denominación.
Gabriel Matera, actual productor y periodista de AM 1110 La Once Diez y exproductor en FM 92.7 La 2×4, señala: “Si se transfiere la operación a privados se desnaturaliza su función pública. Los medios no pertenecen al gobierno de turno sino a la ciudadanía. Es decir, Jorge Macri es un administrador de los recursos de los ciudadanos porteños, no es el dueño, esto debe quedar claro”. Los medios públicos son la única vía de acceso a la información para algunos sectores sociales, aseguran una pluralidad de voces y ayuda a fomentar la cultura e interacción entre habitantes de la Ciudad que no tienen la posibilidad de visibilizar situaciones que los afectan personalmente, ya que de otra manera, no pueden sentirse representados ni participar en el ámbito de la comunicación ciudadana.
La Asamblea de Trabajadores de Medios Públicos de la Ciudad analiza alternativas para que los estos medios no empiecen a considerarse una mercancía que debe generar rentabilidad económica. “Reivindicamos el valor y el espíritu de los medios públicos, como herramienta fundamental para la sociedad democrática por su función, pero también por la dedicación de quienes somos parte”, planteaba Matera.
Esta privatización pone en riesgo la fuente de trabajo de más de 400 personas. Fernando Campilongo, locutor y redactor del Servicio Informativo de ambas radios, recalca que, “la mitad de los trabajadores son contratados como monotributistas, y también hay profesionales con carnet habilitante, que es casi seguro perderían el puesto de trabajo a fin de año. Quienes somos planta, terminaríamos desperdigados en áreas sin relación con medios ni con nuestra formación”.
Otorgar la concesión de los medios públicos es también un atentado a la cultura, pone en juego promoción de contenidos culturales como es la FM de tango en sí, las transmisiones de la AM de los archivos y recitales del teatro Colón, el stand en La Rural y la Feria del Libro, entre otros. “Los medios no constituyen un activo comercial del gobierno de turno, sino que es más bien un patrimonio social, cultural y democrático de los porteños”, repone Matías Luna, trabajador del Servicio Informativo en las dos frecuencias.
Sin apoyo del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), que permanece en la vía de negociación con el Gobierno de la Ciudad, la Asamblea de Trabajadores de las Radios Públicas de la Ciudad presentará una acción por vía judicial que sostiene la inconstitucionalidad de la licitación, y llevará a cabo una conferencia de prensa el miércoles 8 de abril a las 14 horas.