La Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó al Gobierno nacional que cumpla con lo que establece la Ley de Financiamiento Universitaria, recomponga los salarios docentes y no docentes y las becas estudiantiles. El Ejecutivo ya anticipó que apelará ante la Corte y seguirá incumpliendo.
El Congreso rechazó el veto presidencial a la Ley de financiamiento universitario el 17 de septiembre de 2025.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó este miércoles la medida cautelar dictada tras el amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que obliga al Gobierno a cumplir con los artículos 5º y 6º de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Tras la extensa lucha del sector educativo superior, el Poder Ejecutivo tendrá que convocar a paritaria nacional, recomponer y actualizar los salarios de los trabajadores universitarios y las becas estudiantiles de forma inmediata.
“Es una excelente noticia”, dijo Pablo Perazzi, secretario general del Sindicato de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA), y afirmó: “Pelear vale la pena”. La nueva decisión de la Justicia tiene lugar en una semana de paros universitarios para exigir el cumplimiento de la normativa y la recomposición salarial.
Según el último resumen de la situación presupuestaria presentado por el CIN, los salarios universitarios deberían tener una recomposición del 47,3 % para recuperar el poder adquisitivo perdido entre noviembre de 2023 y febrero de 2026.
Según el último resumen de la situación presupuestaria presentado por el CIN, los salarios universitarios deberían tener una recomposición del 47,3 % para recuperar el poder adquisitivo perdido entre noviembre de 2023 y febrero de 2026.
“Vemos en todas las universidades docentes que tienen que ampliar la carga horaria en el Nivel Superior o en los otros niveles para poder completar un salario”, dijo Francisca Staiti, secretaria general de la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica). “También hay profesores que empiezan con emprendimientos familiares, eso que en algún momento era para juntar unos pesos más, hoy es fundamental para poder completar la economía familiar”, agregó.
Miguel Otero, exsecretario general de la Asociación de Trabajadores Administrativos y de Servicios de la Universidad Nacional de Quilmes (ATUNQ), se lamentó en la misma línea: “Hace 23 años trabajo en la UNQ y jamás había visto que un docente tenga que bajarse una aplicación para manejar un auto. Es tristísimo”.
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada en agosto de 2025 por el Congreso Nacional, vetada por el Presidente, luego ratificada nuevamente por ambas cámaras y promulgada en octubre, pero se encuentra suspendida por el Ejecutivo desde entonces. Ante esa situación, en diciembre el CIN decidió presentar un amparo por el incumplimiento de la norma, al que la Justicia le dio lugar en primera instancia dictando una cautelar. El Gobierno apeló a la medida, pero la Cámara Federal ratificó la decisión sobre los dos artículos mencionados, referidos a salarios y becas.
Máxima Guglialmelli, secretaria general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Moreno (ADUNM), expresó que seguirán en alerta: “Es un Gobierno que no es muy adepto a cumplir la ley”. Según la referente, las universidades más nuevas, como es el caso de la de Moreno, sufren mucho más la falta de presupuesto: “No tenemos aulas, hay emergencia edilicia, no tenemos docentes, no tenemos capacidad para dar cuenta de la cantidad de estudiantes que cursan. Los docentes emigran o se van a otras universidades o dejan sus cargos, porque como somos universidades del conurbano, muchos vienen de la UBA o vienen de la Universidad Nacional de La Plata y no continúan en Moreno porque no les rinden los viáticos”.
Guglialmelli agregó: “Lo que está en juego es todo el sistema científico tecnológico, no es solamente un ajuste salarial o presupuestario, sino que va al corazón mismo de la universidad pública, y más de estas universidades que son nuevas y que acercan la educación superior a los estudiantes de municipios que sufren múltiples inequidades y desigualdades”.
La Ley de Financiamiento Universitario que ya lleva más de 160 días sin cumplirse también contempla los gastos por funcionamiento, pero esa parte del presupuesto quedó por fuera de la medida cautelar.
Los trabajadores universitarios sostienen que los planes de lucha continuarán, en primera instancia hasta que se haga efectivo el cumplimiento de la ley, pero reconocen que los reclamos que llevan adelante son integrales y exceden al conflicto universitario. Según Otero, “la situación no se puede arreglar de un plumazo o en una mesa de negociación. Tiene que ser una política nacional que incluya a otros sectores como el de salud y los jubilados”.
En este sentido, el secretario general de FEDUBA sostuvo: “Nosotros pensamos que las universidades producen sociedad. A la que nosotros aspiramos no es la de Milei, que no cree en la sociedad, cree en los individuos. Siempre que planteamos alguna acción la hacemos con el marco de que la lucha no es por una cosa particular, como el aumento salarial, sino que es más general. A nosotros no nos interesa tener sueldos de primer mundo en una sociedad de cuarto mundo: queremos una Argentina pujante, con la gente adentro, con soberanía política, desarrollo industrial, con creación de empleo”.
La comunidad universitaria continúa en alerta, a la espera de que el Poder Ejecutivo acate la decisión de la Justicia y cumpla con la ley. En simultáneo, las distintas federaciones docentes, no docentes y estudiantes se siguen organizando en las aulas y en las calles y apuestan a convocar este mes a otra Marcha Federal Universitaria para dejar un nuevo mensaje contundente al Gobierno.