Este lunes, los diputados de la Comisión Investigadora del Caso $LIBRA realizaron una conferencia de prensa para revelar mensajes entre los impulsores de la criptomoneda que aseguraban que había cinco millones de dólares pactados como pago por la promoción realizada por el presidente Javier Milei. También se denunció la inactividad del fiscal Eduardo Taiano frente a las pruebas obtenidas de los celulares incautados.
El pasado fin de semana se filtró el registro de las llamadas entre Javier Milei y el lobbista Mauricio Novelli durante el lanzamiento y colapso de la criptomoneda $LIBRA. Además, se conocieron también mensajes de WhatsApp de Novelli que plantean la posibilidad de un acuerdo millonario entre el presidente argentino y el creador del criptoactivo, el estadounidense Hayden Mark Davis. Por último, se recuperó una nota borrada del teléfono de Novelli donde se aseguraba que Milei recibiría cinco millones de dólares por hacerle la promoción a $LIBRA.
La nueva información fue difundida por la prensa y revela parte de los resultados que presentó la Comisión Investigadora de Diputados de la Nación en su informe final. Maximiliano Ferraro, legislador que presidía la Comisión hasta noviembre del año pasado, anunció las medidas que planean tomar, que alcanzarían también al fiscal Eduardo Taiano, quien contaba con todas las pruebas hace más de cinco meses y con el teléfono de Novelli desde hace un año sin haber llamado a declarar a ninguno de los involucrados.
Cronología de lo ocurrido
$LIBRA fue una criptomoneda habilitada para la venta el 14 de febrero de 2025, pocos minutos antes de que Milei la recomendará en su cuenta de X diciendo que este activo se dedicaría a “incentivar el crecimiento de la economía argentina” y que “el mundo quiere invertir en Argentina”.
En el posteo compartió el link al proyecto, titulado “Viva la Libertad” y el número de contrato, un código de 44 caracteres que habilitaría a los usuarios a comprar este supuesto activo. A las pocas horas quedó en evidencia que se trataba de otra “memecoin”, una criptomoneda sin respaldo cuyo valor se basa en la influencia de quien las promociona y en tendencias. Luego del posteo del presidente en X, el precio del token se disparó hasta alcanzar una valuación de 4.000 millones de dólares.
Siguiendo el patrón común de las estafas de “tirón de alfombra”, o rug pull, sus inversores mayoritarios, quienes eran dueños del 82% de esas criptomonedas, comenzaron a vender todos sus activos, haciendo que inmediatamente caiga el precio. A las cinco horas de iniciada la maniobra, Milei borró el tuit para publicar otro indicando que “no estaba interiorizado con los pormenores del proyecto”. Se rectifica, pero no se disculpa. Alega que no sabía que era una estafa y que su intención era colaborar con la inversión en startups argentinas.
Cuando publicó su segundo mensaje, $LIBRA ya no valía nada y sus creadores, la empresa singapurense Kip Protocol de Julian Peh y Hayden Mark Davis, entre otros, se retiraron con ganancias aproximadas de 87 millones de dólares.
Implicancia política del gabinete de Milei
La nota de Hugo Alconada Mon en La Nación y el audio que filtró Nicolás Lantos para El Destape dieron a conocer detalles que aún no se habían difundido. Según el diputado Maximiliano Ferraro, se demuestra que “el presidente fue un partícipe necesario de la estafa, lo cual fue oportunamente referido al fiscal y al juez federal Maercelo Martínez de Giorgi”. Además, estas pruebas “confirman que fue una operación planificada. Mientras que, durante meses, el presidente trató de instalar la idea de que fue un error”. Para la Comisión investigadora del caso, estamos ante una “clara malversación de la investidura presidencial” y, dentro de las siete líneas de acción, dan prioridad a denunciar penalmente al fiscal, por entorpecer la investigación y encubrir a los funcionarios involucrados.
También planean solicitar que Taiano se aparte de la causa, exigir que los miembros del gabinete -dentro de los cuales se incluye a Santiago Caputo, Demian Reidel y a Karina Milei, quien autorizaría las visitas de Peh, Mark Davis, Novelli y su socio español Manuel Terrones Godoy a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos- se presenten a declarar y desligar al Estado argentino de la “actuación corrupta” de algunos de sus representantes.
Al mismo tiempo, los legisladores pidieron que se deje de perseguir a la prensa por investigar. El diputado Juan Marino expresó que son “conscientes de que, para que progresen las iniciativas de investigar, hay que contar con la mayoría, con la mitad más uno”, y también de que no cuentan con ella, pero que si Milei es inocente, debería impulsar las investigaciones en el Congreso porque sino “se autoincrimina”.
La diputada Sabrina Selva se unió al pedido de que la Justicia colabore con la comisión investigativa para alejar a Taiano del caso porque el fiscal “no vio la enorme investigación que llevó a cabo la Datip”, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, que pertenece al Ministerio Público Fiscal y recabó las transacciones y llamadas de los dispositivos tecnológicos incautados. Gracias al seguimiento que permiten las criptomonedas que registran todo en una cadena de bloques digital y pública, se pudieron conocer los detalles de los movimientos. Taiano no vio o no accionó a partir de esa información pero en cualquier caso y como indicó la diputada Selva, “Taiano no hizo nada con el informe de los pagos de las billeteras”.
El exdiputado Oscar Agost Carreño contó que «hubo transacciones por 13 millones de dólares antes del tuit de Milei» y que «el 80% de los inversores perdió su dinero». Y respecto del rug pull, plantea que las compras coordinadas demuestran que había gente con información privilegiada y vendedores oportunos que se retiraron cuando el valor de la criptomoneda estaba en su punto más alto.
La conferencia destacó el daño económico que causó esta estafa. El diputado Néstor Pitrola expresó que «143 mil billeteras virtuales perdieron dinero con $Libra, mientras que solo 36 billeteras ganaron plata», algo que nuevamente confirma que está operación fue premeditada, según declaran.
Para cerrar, la diputada Mónica Frade apeló a que los 93 diputados que se opusieron a la creación de la comisión investigadora reflexionen, porque la investigación probó ser necesaria. Y declaró que «la cadena de encubrimientos nos lleva a la presunción de responsabilidad de los funcionarios investigados». Horas después de que finalizara la conferencia de prensa, el recién asumido ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, expresó que la determinación de responsabilidades penales corresponde únicamente al Poder Judicial, y no a las comisiones parlamentarias. Agregando que imputarle delitos al presidente Milei, sin una acusación judicial en curso, es imprudente.
