Por Catalina Segado
Fotografía: ARCHIVO Magdalena Ahmar Dakno y captura de pantalla La Retaguardia

Dos audiencias del juicio a Gonzalo “Chispa” Sánchez reunieron testimonios que recorren distintas aristas del terrorismo de Estado: el sobreviviente Miguel Ángel Lauletta recordó su cautiverio en la ESMA y señaló al imputado entre los represores que circulaban por el centro clandestino. Cristina Robini reconstruyó el secuestro de su hermana en 1977. El hijo del acusado declaró como testigo de concepto. Los alegatos comenzarán el 25 de marzo.

Continúan las audiencias en el juicio a Gonzalo “Chispa” Sánchez y las evidencias se acumulan. La nueva jornada del 11 de marzo tuvo dos testimonios clave. La primera en declarar fue Cristina Raquel Rovini, hermana de Graciela Rovini, secuestrada el 14 de abril de 1977 en su departamento de la calle Montevideo al 800, en la Ciudad de Buenos Aires.

Rovini relató que fue su madre quien la llamó esa mañana para avisarle que un grupo de seis o siete hombres había irrumpido en la vivienda. Durante el operativo, los secuestradores encerraron a su hermana en una habitación mientras interrogaban al resto de la familia. Su madre, recordó Rovini, rezaba y les reprochaba lo que estaban haciendo y uno de los hombres respondió: “Señora, sepa usted que la Iglesia está con nosotros”. Tras el secuestro, Rovini intentó denunciar lo ocurrido en la comisaría del barrio y presentó un habeas corpus en la justicia federal. Quince días después recibió el primero de varios llamados telefónicos de su hermana, que se repitieron durante meses. “Siempre me preguntaba por los nenes, cómo estaban”, recordó. En septiembre de ese mismo año pudo verla durante 45 minutos en una confitería de la Avenida Santa Fe. Graciela le contó que había sido torturada y que creía haber estado detenida en la ESMA antes de ser trasladada. “Ahí sí me torturaron -le dijo- pero después me trasladaron y me están haciendo trabajar para ellos”. Según las averiguaciones posteriores de la familia, el lugar al que la llevaron habría estado en la zona de Campana.

El segundo testimonio fue el de Gonzalo Izurieta, hijo del imputado Gonzalo “Chispa” Sánchez, quien declaró como testigo de concepto a pedido de la defensa. Relató aspectos de la vida personal y laboral de su padre, a quien describió como ingeniero y constructor naval, docente de la Escuela Nacional de Pesca de Mar del Plata y posteriormente gerente de flota pesquera. También señaló que Sánchez residió durante años en Brasil, donde, según su testimonio, fundó un astillero en la ciudad de Paraty y desarrolló su profesión. Durante el interrogatorio sostuvo que su padre es “muy querido y respetado en el ámbito naval” y que además se desempeña como pastor evangélico, actividad que, afirmó, realiza actualmente incluso desde su detención en Campo de Mayo. Tras una pregunta del fiscal Félix Crous se remarcó un dato personal: el testigo no lleva el apellido Sánchez. Explicó que en un momento de su vida mantuvo un distanciamiento con su padre y decidió adoptar el apellido de su madre. No dio mayores detalles sobre esa situación.

Antes de finalizar la audiencia, la fiscalía informó que la testigo Susana Jorgelina Ramus no se encontraba en condiciones de declarar nuevamente debido a su edad y a las numerosas veces que ya lo había hecho en procesos anteriores. Por ese motivo solicitó desistir de su convocatoria e incorporar por lectura sus testimonios prestados en distintas causas vinculadas a los crímenes cometidos en la ESMA, pedido que fue aceptado por el tribunal sin objeciones de las partes.

La audiencia anterior

En la anterior audiencia, del 4 de febrero, declaró Miguel Ángel Lauletta, sobreviviente de la ESMA, quien reconstruyó su secuestro el 14 de octubre de 1976 y los años que permaneció cautivo en el Casino de Oficiales. Relató que pocas horas después de ser trasladado comprendió dónde estaba: un represor lo llevó a ver a un compañero herido en el sótano y, al observar una guía fiscal sobre la mesa de los interrogadores, confirmó que se encontraba en la ESMA. Su cautiverio se extendió hasta el 30 de marzo de 1979, cuando fue liberado bajo un régimen de libertad vigilada que se prolongó durante años. En enero del año 1984, Lauletta trabajaba en una imprenta en el barrio de La Paternal, había salido a almorzar a un bar y allí se le acercaron dos militares para decirle que “había gente que había estado llevando cosas a la justicia y que si alguien me venía a ver a mí para que colabore con esas investigaciones, tenía que llamarlos a ellos”. En ese momento le informaron que habían armado un grupo de tareas en el “Edificio Libertad” para proceder en caso de que la justicia avance.

Durante su testimonio también describió el trabajo forzado al que fue sometido dentro del centro clandestino: la confección de documentos falsos y la organización de material secuestrado por el grupo de tareas. En ese contexto, identificó a varios integrantes del aparato represivo y recordó haber visto en reiteradas ocasiones a Gonzalo “Chispa” Sánchez, a quien describió como un prefecto joven que participaba en operativos y que solía circular por el sector donde él era forzado a trabajar. Lauletta contó además un episodio que lo marcó particularmente: en una ocasión, Sánchez se sentó frente a él y, visiblemente conmovido, le dijo que lo habían obligado a torturar a alguien. “Me hicieron que torture a alguien y yo no estudié para eso, yo estudié para construir un barco”, recordó que le dijo. Según relató, pese a ese momento de quiebre, Sánchez continuó participando de los interrogatorios y operativos.

En ese cuarto donde él era forzado a trabajar, no sólo “Chispa” se había quebrado, sino que también varios de los genocidas le habían contado a Lauletta asuntos personales; tras esa declaración el sobreviviente le dijo al fiscal: “No puedo entender muy bien por qué hoy estoy vivo hablando con usted; qué cosas hicieron que yo saliera en libertad”. Por último, reclamó que los procesos judiciales avancen con mayor rapidez. “Vengo dando testimonios desde hace décadas”, señaló. “Deseo que se haga justicia. Yo sé que no se nota pero soy viejo ya, el 29 de enero cumplí 79 años”, y agregó: “Espero que esto sirva para que quede un registro, para que se haga memoria y para que se haga justicia”.

Los alegatos comenzarán el próximo 25 de marzo a las nueve horas. 50 años y un día después de haber comenzado el golpe de Estado más oscuro de nuestra historia, el camino de la Justicia se sigue abriendo paso.