La querella sostiene que se intentó manipular a la Cámara de Casación mediante sobornos y tráfico de influencias para beneficiar al sindicalista José Pedraza.
Quince años después del asesinato Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero, la Justicia se encuentra en la etapa final del juicio que investiga el intento de manipulación en la investigación del crimen. El proceso analiza una presunta trama que habría involucrado a sindicalistas, funcionarios judiciales y un agente de inteligencia para influir en la Cámara Federal de Casación Penal y beneficiar al entonces titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, quien finalmente resultó condenado a 15 años de prisión por ser considerado autor intelectual del crimen.
El juicio se desarrolla más de una década después de iniciada la investigación. En diálogo con ANCCOM, Tomás Griffa, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que representa a la familia de Ferreyra, señaló: “No me parece casualidad que una investigación de esta sensibilidad tarde quince años en llegar a juicio. Hubo maniobras dilatorias de las defensas, jueces que les dieron lugar y también muchos magistrados que se excusaban porque conocían a personas involucradas”.
La causa por el encubrimiento surgió durante la investigación del homicidio ocurrido el 20 de octubre de 2010. Ferreyra, de 23 años, participaba de una protesta en apoyo a trabajadores ferroviarios tercerizados cuando una patota vinculada a la Unión Ferroviaria lo asesinó de un disparo en el abdomen. En 2013, la Justicia condenó por el crimen a miembros del sindicato y a agentes de la Policía Federal, entre ellos a Pedraza, líder del sindicato desde 1985. Pero mientras avanzaba esa investigación aparecieron indicios de un plan para evitar que el dirigente, quien falleció en 2018 cumpliendo prisión domiciliaria, fuera responsabilizado.
“Durante la investigación del asesinato, a partir de intervenciones telefónicas, se detecta este plan para garantizar la impunidad de Pedraza”, explicó Griffa. Las escuchas revelaron una maniobra destinada a lograr que la Cámara de Casación revocara los procesamientos de los autores materiales del crimen. A partir de esas pruebas se abrió una nueva causa que, tras años de demoras, finalmente llegó a juicio oral.
En el debate oral se analizan las responsabilidades del exjuez federal Octavio Aráoz de Lamadrid, del contador de la Unión Ferroviaria y vicepresidente de Belgrano Cargas Ángel Stafforini, de la directiva de esa empresa Susana Planas y del funcionario judicial Luis Ameghino Escobar. “Eran como los distintos engranajes dentro del plan que se habían trazado”, explicó Griffa, y añadió: “Pedraza era el principal interesado y quien ponía la plata. Después estaban quienes tenían los contactos con funcionarios judiciales y quienes podían intervenir en el funcionamiento interno de la Cámara”.
Entre esos actores se encontraban Aráoz de Lamadrid y el exagente de inteligencia Juan José Riquelme, quien, según la hipótesis acusatoria, funcionaba como intermediario para utilizar sus vínculos con magistrados. El objetivo final de la maniobra era que la causa llegara a la Sala III de la Cámara de Casación, donde los involucrados esperaban obtener un fallo favorable. Riquelme falleció en 2025 antes del inicio del actual juicio.
La acusación sostiene que Ameghino Escobar utilizó su acceso al sistema informático de sorteos de la Cámara de Casación y “se encargó de manipular el sorteo para que saliera a la Sala III, donde estaba el juez Eduardo Riggi, que era el que podía garantizar la impunidad de Pedraza”. Griffa, además, explicó que el dinero había sido entregado por Stafforini y Planas, personas de confianza del sindicalista y que además manejaban sus negocios: “Se negocia el pago en una cifra muy alta, al menos 50 mil dólares”.
El plan no llegó a concretarse plenamente, ya que en 2011 el juzgado de instrucción allanó el estudio de Aráoz de Lamadrid y alertó a todos los involucrados de la existencia de la investigación. “Los imputados se enteran que existe la causa, entonces dejan de hablar por teléfono”, sostuvo Griffa. A pesar de que todos los imputados señalaron al juez Riggi como quien podía garantizar la impunidad de Pedraza, no se pudo determinar su participación, por lo que fue sobreseído.
De igual manera, los hechos siguen configurando un crimen. “El funcionario que se encargó del sorteo lo hizo de manera ilegítima y consiguió que la causa saliera a la sala que querían. Eso constituye un delito de cohecho”, explicó Griffa. “Además está el delito de tráfico de influencias, que es recibir dinero para influenciar indebidamente a un funcionario público”.
En el debate oral se analizan las responsabilidades del exjuez federal Octavio Aráoz de Lamadrid, del contador de la Unión Ferroviaria y vicepresidente de Belgrano Cargas Ángel Stafforini, de la directiva de esa empresa Susana Planas y del funcionario judicial Luis Ameghino Escobar. “Eran como los distintos engranajes dentro del plan que se habían trazado”, explicó Griffa, y añadió: “Pedraza era el principal interesado y quien ponía la plata. Después estaban quienes tenían los contactos con funcionarios judiciales y quienes podían intervenir en el funcionamiento interno de la Cámara”.
Entre esos actores se encontraban Aráoz de Lamadrid y el exagente de inteligencia Juan José Riquelme, quien, según la hipótesis acusatoria, funcionaba como intermediario para utilizar sus vínculos con magistrados. El objetivo final de la maniobra era que la causa llegara a la Sala III de la Cámara de Casación, donde los involucrados esperaban obtener un fallo favorable. Riquelme falleció en 2025 antes del inicio del actual juicio.
La acusación sostiene que Ameghino Escobar utilizó su acceso al sistema informático de sorteos de la Cámara de Casación y “se encargó de manipular el sorteo para que saliera a la Sala III, donde estaba el juez Eduardo Riggi, que era el que podía garantizar la impunidad de Pedraza”. Griffa, además, explicó que el dinero había sido entregado por Stafforini y Planas, personas de confianza del sindicalista y que además manejaban sus negocios: “Se negocia el pago en una cifra muy alta, al menos 50 mil dólares”.
El plan no llegó a concretarse plenamente, ya que en 2011 el juzgado de instrucción allanó el estudio de Aráoz de Lamadrid y alertó a todos los involucrados de la existencia de la investigación. “Los imputados se enteran que existe la causa, entonces dejan de hablar por teléfono”, sostuvo Griffa. A pesar de que todos los imputados señalaron al juez Riggi como quien podía garantizar la impunidad de Pedraza, no se pudo determinar su participación, por lo que fue sobreseído.
De igual manera, los hechos siguen configurando un crimen. “El funcionario que se encargó del sorteo lo hizo de manera ilegítima y consiguió que la causa saliera a la sala que querían. Eso constituye un delito de cohecho”, explicó Griffa. “Además está el delito de tráfico de influencias, que es recibir dinero para influenciar indebidamente a un funcionario público”.
Durante el juicio también surgieron elementos sobre las relaciones entre sectores del Poder Judicial y los servicios de inteligencia. Para Griffa, la investigación permite observar esas conexiones: “Son muy interesantes los vínculos que se pudieron comprobar entre este integrante de la SIDE y distintos jueces”. Según explicó, en las escuchas telefónicas aparecen referencias a visitas a despachos judiciales, encuentros en restaurantes y gestiones personales con magistrados.
El abogado considera que el proceso judicial es relevante no sólo para determinar responsabilidades individuales sino también para entender el funcionamiento de esas redes. “Es una investigación fundamental respecto al funcionamiento del Poder Judicial –remarcó–. No es casualidad que una causa de esta naturaleza sea la que demore tanto”.
“A nuestro criterio se probaron todas las responsabilidades que se estaban discutiendo en el juicio”, afirmó Griffa. “Las intervenciones telefónicas son clarísimas y los imputados hablan de las maniobras con lujo de detalle”. Según el abogado, una eventual condena tendría un doble impacto: “Por un lado sería reparar este intento de encubrimiento del asesinatode Mariano, algo fundamental para la familia que sigue buscando justicia después de tantos años. Y por otro podría echar luz sobre estos vínculos que habilitan prácticas estatales violentas y contrarias a los derechos”.
Luego de los alegatos de la querella, el Ministerio Público Fiscal también solicitó condenas para los acusados. El fiscal Marcelo Colombo reclamó cinco años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Aráoz de Lamadrid. Además, pidió cuatro años para Ameghino Escobar y tres años de prisión en suspenso para Stafforini, mientras que solicitó la absolución de Susana Planas. También requirió el decomiso de los 50 mil dólares hallados durante el allanamiento al estudio jurídico de Aráoz de Lamadrid en 2011, el dinero que formaba parte del pago para influir en la Cámara de Casación. El juicio continuará con las exposiciones de las defensas, que comenzarán el 26 de marzo, antes de que el tribunal avance hacia el veredicto, el cual desde la familia de Mariano Ferreyra y el CELS esperan que sea otro castigo más a la impunidad que rodeó a uno de los crímenes políticos más emblemáticos de la historia reciente argentina.