Con el pedido de la Asociación Civil Moreno por la Memoria de 25 años de prisión para el represor Ernesto Rafael Lynch culminaron los alegatos de las querellas en la Megacausa Mansión Seré. Primer alegato de la defensa y pedido de absolución de otro de los acusados de la Fuerza Aérea, Julio César Leston: “Ser un buen empleado no está tipificado como delito”.
Concluyó una nueva audiencia del juicio Mansión Seré IV y RIBA II, la número 43 de esta causa. Esta ocasión estuvo centrada en dos momentos antagónicos: el alegato final de la querella Asociación Civil Moreno por la Memoria, que reconstruyó con precisión quirúrgica el circuito represivo en el partido de Moreno; y el inicio de los alegatos de las defensas, comenzando por la de Julio César Leston, que optó por una estrategia de brevedad y negación.
Ésta fue la cuarta jornada en la que se desarrollaron los alegatos, ya habiendo concluido las argumentaciones del Ministerio Público Fiscal y de la querella de la Provincia de Buenos Aires. Esto da la pista de que son muy pocas las instancias que quedan previo al veredicto de un juicio que ya lleva dos años en curso.
Horror planificado y sistemático
La abogada Daira Gajdysz inició el alegato de la querella de Moreno por la Memoria y pidió 25 años de prisión para el represor Ernesto Rafael Lynch. Además, destacó que este juicio no solo busca responsabilidades penales individuales, sino también “continuar el proceso de reconstrucción de la verdad histórica y jurídica sobre el terrorismo de Estado en nuestro país”. Además subrayó la relevancia histórica particular de esta causa, al ser “la primera investigación judicial destinada a juzgar de manera específica el funcionamiento del circuito represivo desplegado en el partido de Moreno bajo el mando operacional de la Fuerza Aérea”.
La querella detalló cómo la Subzona 16 operó bajo el mando de la Fuerza Aérea, identificando cuatro sitios clave de detención ilegal en Moreno: la Octava Brigada Aérea, la Comisaría Primera, y los destacamentos de Paso del Rey y Francisco Álvarez. En este entramado, el Grupo de Tareas 12 fue el encargado de ejecutar los operativos con las ya mencionadas camionetas “Las Tres Marías”. Vehículos que, “configuraban la presencia material del grupo de tareas» y funcionaban como un mecanismo de “parálisis y terror psicológico”.
A lo largo de su exposición, la querella categorizó a las 28 víctimas en cuatro grupos sociales y políticos, permitiendo visibilizar el alcance del plan sistemático. La clasificación realizada se centró en: funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo Municipal; integrantes de lo que los militares pensaban que era una “imprenta clandestina” (pero en realidad se utilizaba para imprimir recetarios clínicos y documentos para una mejora urbanística); un grupo integrado por católicos practicantes vinculados a la Diócesis de Moreno; y aquellos perseguidos por su militancia política dentro de la Juventud Peronista, el Partido Comunista o Montoneros.
Desde Moreno por la Memoria también hicieron foco en el caso de Mario Agustín Bellene, hijo de María Margarita Miguens y Mario Valerio Sánchez. Mario Agustín nació poco después de la liberación de su madre, tras haber gestado su vida bajo tortura. La querella solicitó medidas administrativas para satisfacer su derecho a la identidad y poder portar el apellido de su padre biológico, aún desaparecido
El abogado Sergio Gómez completó el alegato de la querella oponiéndose a las narrativas que intentan presentar los juicios como una venganza: “Aquí no hay revancha, aquí hay derecho. No estamos ante un tribunal revolucionario, estamos ante un tribunal de justicia”. Gómez denunció la falsedad de la “Teoría de los Dos Demonios” y reafirmó que lo ocurrido fue terrorismo de Estado, ejecutado mediante “complejas tecnologías de dominación”.
Finalmente, la querella solicitó la pena de 25 años de prisión para Ernesto Rafael Lynch, inhabilitación absoluta y la revocación de su arresto domiciliario. Se lo acusó como coautor de privación ilegal de la libertad, tormentos, desaparición forzada y delitos de violencia sexual.
El turno de las defensas
Tras un breve cuarto intermedio, tomó la palabra Nicolás Aguilar, defensor de Julio César Leston. A diferencia de la exhaustiva presentación de la querella, su alegato fue muy escueto: duró apenas 20 minutos.
Aguilar centró su estrategia en cuestionar el grado de certeza de las pruebas presentadas por la Fiscalía y las querellas. Su argumento principal fue que la pertenencia de Leston a la Aeronáutica no implica responsabilidad criminal: “Está acreditado que perteneció a la Fuerza Aérea, pero eso no implica que tenga una responsabilidad penal […]. Ser un buen empleado no está tipificado”.
La defensa sostuvo que la acusación se basa en “fórmulas vacías” y cuestionó que no se hayan individualizado operativos con precisión de día y hora, lo que, según él, limita el derecho a la defensa tras 50 años de los hechos. Aguilar también intentó desacreditar los testimonios que identifican a un tal “Jorge” (alias con el que las hermanas Martín identifican a Leston) como responsable, señalando supuestas inconsistencias físicas.
“¿Alguien lo vio a Julio César Leston cometiendo estos ilícitos?”, preguntó Aguilar al tribunal, minimizando los legajos militares como prueba de cargo, y concluyó pidiendo la absolución de su defendido.
La jueza María Claudia Morgese Martín informó que el próximo 17 de marzo finalizarán los alegatos de las defensas restantes y se dará lugar a las réplicas y dúplicas. Con este cronograma, se estima que las últimas palabras de los imputados y el veredicto final podrían conocerse a finales de marzo o principios de abril.
