La Fiscalía cerró su alegato con un pedido de pena máxima para los cuatro represores de la Fuerza Aérea por secuestros, abusos y tormentos. La querella de la Provincia de Buenos Aires pidió que se encuadre a los crímenes juzgados en la figura de genocidio.
Luego de extenderse durante las dos fechas anteriores, tuvo lugar el cierre de los alegatos de la fiscalía en la última audiencia del juicio Mansión Seré IV y RIBA II. Tras un minucioso recorrido por el horror de los centros clandestinos de detención que operaron bajo la órbita de la Fuerza Aérea, los fiscales Félix Crous y Nuria Piñol solicitaron la pena de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta para los cuatro imputados: Juan Carlos Herrera, José Juan Zyska, Julio César Leston y Ernesto Rafael Lynch.
Esa cifra representa el máximo de la pena posible según el sistema de acumulación vigente al momento de los hechos para casos de privación ilegal de la libertad y tormentos, dado que en este tramo no se juzgan homicidios. En el último tramo de su discurso, la fiscalía interpeló al tribunal: “Si no es para estos casos, ¿para cuáles van a reservar el máximo de la pena? Imponer cualquier otra pena que no sea esta implicaría banalizar los crímenes de masas que padeció nuestro pueblo”, sentenció Crous.
Una “parodia de legalidad”
Piñol comenzó la jornada retomando lo que había quedado pendiente en la audiencia anterior y describió el funcionamiento de la Octava Brigada Aérea de Moreno y las dependencias policiales que actuaron como sus apéndices: la Comisaría Primera de Moreno, el Destacamento de Paso del Rey y la Subcomisaría de Francisco Álvarez. Según las pruebas recolectadas, la Brigada operaba como sede para extraer información mediante torturas, para luego trasladar a las víctimas a las comisarías por tiempos más extensos.
En la Comisaría Primera de Moreno, bajo el mando del fallecido comisario Omar Hernández, la “legalidad y la ilegalidad convivían diariamente”. La fiscal auxiliar relató cómo el comisario montaba una “parodia de legalidad ficticia”, llegando a firmar denuncias por secuestros de personas que estaban cautivas en su propia dependencia.
Piñol también citó testimonios de los sobrevivientes que reconstruyeron un escenario de crueldad extrema. Raúl Morelo, secuestrado en 1977, identificó el lugar donde fue torturado con el método del “submarino” y recordó: “Cuando entré a esta habitación la semana pasada (durante la inspección ocular) casi diría que sentí el mismo frío que sentí en aquella época”. Por su parte, Faustino Altamirano relató que la sed era tan desesperante que los detenidos se veían obligados a “lamer las paredes de la celda donde caía un poco de agua”.
Lynch y la inteligencia militar
Uno de los puntos centrales del alegato en esta última audiencia fue la responsabilidad de Ernesto Rafael Lynch. El represor, quien escuchó su acusación completamente serio, se desempeñó como auxiliar de la División de Inteligencia y luego como jefe de la Compañía de Policía Militar de la Octava Brigada. Además, fue señalado como una pieza clave en el Grupo de Tareas 12.
A pesar de que Lynch negó su participación en indagatorias previas, su legajo militar lo describe como un oficial de “sobresaliente desempeño” en las tareas especiales del grupo de tareas, destacando su participación directa en operativos nocturnos. Testigos como Osvaldo López y el conscripto Sergio Samprogno lo ubicaron como el jefe que “mandaba” en los operativos realizados con las camionetas Ford azules, conocidas como “Las Tres Marías”.
La fiscalía también detalló el caso de Margarita Miguens, quien fue secuestrada estando embarazada y trasladada a la base de Moreno. Miguens identificó a Lynch como el encargado de dirigir sus interrogatorios y de informarle, junto al brigadier López, que ellos eran los encargados de manejar su situación.
Violencia de género y obstétrica
Otra pata muy importante del alegato de la Fiscalía fue la perspectiva de género. Por eso, solicitó que se declare que las agresiones sufridas por las mujeres, y en especial por las embarazadas, constituyeron hechos de violencia de género y violencia obstétrica.
Piñol destacó que el trato hacia las embarazadas, como Miguens o Isabel Bretones, fue de una crueldad específica: “Padecieron una violencia específica, afectando su integridad personal en un contexto potenciado de vulnerabilidad y basados exclusivamente en su género”.
El alegato también recordó el horror relatado por el conscripto Walter Fey, quien escuchó los gritos de una mujer embarazada torturada en la oficina del jefe del escuadrón. Según los relatos de otros soldados, a la mujer la tenían atada a un escritorio, la violaron y amenazaron con matar al bebé. “Los abusos sexuales constituyen parte del ataque generalizado a la población civil diseñado por la última dictadura”, recordó la fiscalía citando jurisprudencia previa.
“El terrorismo de Estado residual”
En el tramo final, Félix Crous reflexionó sobre el daño transgeneracional y el silencio que aún mantienen los represores. “Los acusados podían y aún pueden mitigar el dolor de muchas víctimas pero no lo hicieron ni lo hacen. Eligen el íntimo goce de perpetuar la incertidumbre de los deudos”, afirmó el fiscal.
Además vinculó este silencio con el concepto de “terrorismo de Estado residual”, señalando que la desaparición forzada suspende el duelo y propone el «sutil tormento de la esperanza de la reaparición». Para Crous, los imputados traicionaron el mandato fundante de la nación y de próceres como San Martín al poner las armas de la patria al servicio de la opresión.
La querella de la Provincia
Tras el cierre del Ministerio Público Fiscal, tomó la palabra Rodrigo Cano, representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Cano adhirió a los hechos descritos por la Fiscalía pero introdujo una calificación legal más profunda: solicitó que los crímenes sean juzgados bajo la figura de genocidio.
“Esta querella sostiene y sostendrá siempre que los hechos ocurridos constituyeron un genocidio”, afirmó Cano, argumentando que el plan sistemático buscó la destrucción parcial del “grupo nacional” argentino para imponer un modelo económico y social excluyente. Asimismo, la querella provincial solicitó la aplicación de la figura de desaparición forzada de personas para los casos de víctimas cuyo paradero aún se desconoce, entendiéndolo como un delito permanente que se sigue cometiendo hoy.
La jornada finalizó con el discurso de Cano y el debate continuará el 10 de marzo con el alegato de la querella de Moreno por la Memoria y el inicio de las defensas técnicas. Se espera que el juicio llegue a su veredicto durante el mes de abril.