En la segunda jornada de alegatos del juicio por Mansión Seré IV, la fiscalía profundizó en la estructura de la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA) y la Octava Brigada de Moreno. El MPF también detalló las responsabilidades individuales de los represores acusados por secuestros, torturas y violencia sexual sistemática contra más de un centenar de víctimas.
Tras una primera audiencia dedicada a la reconstrucción caso por caso de los horrores cometidos en los centros clandestinos del oeste del Gran Buenos Aires, el Ministerio Público Fiscal (MPF), continuó su alegato en la 41ª jornada del juicio Mansión Seré IV. En la primera instancia de los alegatos, el fiscal Félix Crous y la auxiliar fiscal Nuria Piñol hicieron foco en la sistematicidad de los delitos sexuales y el rol de la Fuerza Aérea en la Subzona 16, pero esta segunda ocasión se centraron en demostrar cómo la inteligencia militar fue el “sistema nervioso central” de la represión.
La fiscalía comenzó retomando la importancia paradigmática de la Mansión Seré. Por este centro clandestino, que funcionó bajo control de la Fuerza Aérea en Castelar, pasaron 71 víctimas. Las cifras que arroja la causa son contundentes: de ese total, 56 personas fueron liberadas, 11 permanecen desaparecidas y 4 lograron fugarse en marzo de 1978, un hecho que precipitó el cierre y el posterior incendio del lugar para borrar pruebas.
Crous describió las condiciones de cautiverio como “infrahumanas”, marcadas por la ceguera forzada, el hambre y las golpizas constantes. Una de las citas más crudas del alegato rescató las palabras de Zoraida Martín, sobreviviente del lugar: “Era la casa del terror. Los captores la llamaban Atila en alusión a la ya legendaria frase ‘por donde pasa el caballo de Atila no crece más el pasto’. Nosotros éramos ese pasto”.
Herrera, la inteligencia al servicio del terror
Piñol se encargó de detallar la responsabilidad de Juan Carlos Herrera, quien comenzó negando con la cabeza y en 1976 era primer teniente y auxiliar de la División Inteligencia de la Primera Brigada Aérea de Palomar. A pesar de que Herrera intentó defenderse en instancias previas, alegando que su prioridad era la actividad de vuelo, su legajo lo contradice: recibió calificaciones de “sobresaliente” y “excepcional” por sus tareas en el “marco interno” y fue condecorado por el general Antonio Bussi por su actuación en el operativo antisubversivo en Tucumán.
Para la Fiscalía, Herrera no fue un administrativo ajeno al horror. Se lo acusa de ser coautor de los delitos cometidos contra todas las víctimas de la Mansión Seré, discriminados en 71 hechos de privación ilegal de la libertad, 71 casos de tormentos, 19 violaciones y 5 abusos sexuales. Su rol en la estructura de inteligencia lo vincula directamente con los grupos operativos que realizaban los secuestros basándose en la información obtenida bajo tortura.
La RIBA y el control de la Comisaría de Castelar
Un tramo sustancial de la audiencia se dedicó a la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA). Este organismo, creado en junio de 1976, creció exponencialmente durante la dictadura: pasó de tener 15 integrantes en 1976 a 54 en 1981, con una abrumadora mayoría de personal civil de inteligencia que cobraba bonificaciones por “tareas riesgosas”.
La fiscalía demostró que la RIBA no sólo recolectaba información, sino que operaba como un centro clandestino de detención en su sede de Morón y ejercía el mando sobre la Comisaría de Castelar. En este punto, se analizó la responsabilidad de Julio César Leston, cabo principal de la RIBA con especialidad en inteligencia. La Fiscalía le imputa a Leston la coautoría de 24 privaciones ilegítimas de la libertad, 24 casos de tormentos y dos hechos de coacciones.
El represor, apodado “Jorge”, fue reconocido por las hermanas Zoraida y Adriana Martín no solo por su presencia en los interrogatorios, sino por el perverso régimen de “libertad vigilada” al que las sometió tras sus liberaciones. Según el testimonio de las víctimas, Leston se presentaba armado en su domicilio, las obligaba a mirar álbumes de fotos para delatar compañeros y llevaba a Zoraida en auto a recorrer zonas de militancia.
El brazo operativo en Moreno y “Las Tres Marías”
Finalmente, el alegato abordó el funcionamiento de la Octava Brigada Aérea de Moreno y su brazo operativo, el Grupo de Tareas 12. Esta unidad ejerció un “minucioso control territorial” en el área 162, persiguiendo especialmente a militantes sociales y grupos religiosos vinculados al padre José “Pepe” Piguillem.
En esta zona el terror tenía un color y un nombre: “Las Tres Marías”. Se trataba de tres camionetas Ford azules pertenecientes a la base aérea que circulaban siempre juntas y eran utilizadas para los secuestros y traslados de detenidos a la Comisaría 1° de Moreno y a la propia brigada. La Fiscalía recuperó testimonios del juicio que recordaron que los militares salían en estos vehículos a “cazar pajaritos”.
En este contexto se señaló la responsabilidad de José Zyska, acusado por 30 hechos de privación ilegal de la libertad y 30 tormentos contra víctimas de la Mansión Seré. Aunque el represor haya afirmado ser un “simple oficinista”, encargado de tareas administrativas y compras, la Fiscalía demostró varios hechos que contradicen esa versión.
Entre esos hechos están el reconocimiento tanto de otros represores como de las víctimas. Otra evidencia es el legajo militar, ya que sus propias hojas de calificación lo ubican como “jefe de equipo” del Grupo de Tareas 46 entre 1976 y 1977, y posteriormente como «jefe de patrullajes» de la Fuerza de Tareas 100. Además, se presentó en el juicio una fotografía de la época donde se ve a Zyska en la Séptima Brigada Aérea junto a otros represores ya condenados, como Julio Narciso Flores, Mario Domingo Rulli y Víctor Scali.
Hacia la sentencia
Con esta segunda jornada, el MPF dejó claro que la represión en el oeste del conurbano no fue producto de “excesos” individuales, sino de una maquinaria burocrática y operativa perfectamente aceitada donde la inteligencia militar fue muy importante.
El juicio continuará con la finalización del alegato fiscal el próximo 3 de marzo, donde pedirá las penas de los imputados. Luego dará paso a los alegatos de las querellas de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y de Moreno por la Memoria. En última instancia tendrían lugar los argumentos de las defensas, hasta finalmente llegar al veredicto y la sentencia.