La Mesa Nacional de Barrios Populares realizó una masiva marcha a Plaza de Mayo para denunciar el desmantelamiento de la Subsecretaría de Integración Urbana, el organismo que garantiza el derecho a la vivienda a miles de familias.
Tras el anuncio del vaciamiento de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), que implicó el despido de 250 trabajadores y la paralización masiva de sus obras, la Mesa Nacional de Barrios Populares realizó el martes último una masiva movilización desde la sede de la Subsecretaría, en Roque Saenz Peña 777, hasta Plaza de Mayo exigiendo el cumplimiento de la Ley 27.453. Al llegar a Plaza de Mayo, vecinos y vecinas de barrios populares junto con organizaciones sociales y eclesiásticas replicaron con pallets, bolsas de consorcio, telas y caños la situación habitacional de más de cinco millones de personas que viven en villas y asentamientos a lo largo de todo el territorio argentino. También realizaron una radio abierta donde se leyó la circular firmada por más de cien organizaciones que piden que se evite el cierre del organismo y hablaron los trabajadores despedidos.
Vaciar y desmantelar
La SISU fue creada a partir de la Ley 27.453, diseñada para mejorar las condiciones de vida de quienes no tienen acceso a una vivienda y a servicios básicos. El organismo que debe ejecutar las políticas de viviendas, sin sus trabajadores y con la retención de los presupuestos de los programas está paralizado e incumple sus funciones, violando el derecho humano a una vivienda y hábitat digno.
Según Hernán Gómez, referente de la CCC (Corriente Clasista y Combativa), miembro de la mesa y vecino de “Dr. Nestor Chino Oliveri”, un barrio popular del km 44 en Virrey del Pino, Provincia de Buenos Aires, la situación de la SISU no es nueva: “Han auditado la secretaria y no han encontrado ninguna irregularidad; sin embargo persiste un cuestionamiento a las obras públicas y a las conexiones intermunicipales de electricidad, agua y cloacas”, comenta y agrega: “Se suma ahora la pérdida de 250 puestos de laburo, esto implica que no se hagan más obras públicas en los barrios populares”.
Con la asunción de Javier Milei, el 10 de diciembre de 2023, la desintegración del organismo se puso en marcha: En 2025 el gobierno nacional intentó cerrar el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) por decreto paralizando miles de obras. Esta semana bajo, la órdenes del Ministro de Economía Luis Caputo, arremetió en la destrucción de esta política pública rompiendo el acuerdo de renovar los contratos de 250 trabajadores.
Lilia Calderón está nucleada en la mesa como parte de Dignidad Rebelde, una organización del Barrio Obrero de Río Negro: “Nosotros veníamos realizando diferentes obras de infraestructura, cordones cuneta para prevenir inundaciones, conexiones intradomiciliarias para garantizar luz eléctrica y evitar incendios por cortocircuito, creación de clubes, polideportivos, veredas. La mayoría de estas obras quedaron inconclusas y esto nos perjudica muchísimo”, denuncia.
Una ley diseñada desde los barrios populares
“La defendemos porque dimos toda una pelea desde el 2015 hasta el 2018 para garantizar estos derechos hasta que salió la ley de Barrios Populares. Nos costó un montón tanto en Senadores como en Diputados. Y en el 2016 logramos, a través de un decreto, el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBap)”, resume Lilia Calderón. “Fue con la ley que se creó el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y la Secretaría de Integración Socio Urbana que traía como objetivo ayudarnos a resolver la situación en los barrios populares con arquitectos, ingenieros y capacitación para que hombres y mujeres pudieran trabajar. Que hoy intenten hacer desaparecer la SISU es sumamente grave”, se lamenta.
Calderón recorre el proceso que implicó sancionar la ley 27.453 que dio origen a la SISU y cuenta que vienen dando la disputa en todos los ámbitos incluido el judicial con un recurso de amparo que presentaron a través del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuando el Gobierno nacional quiso eliminar el FISU. “Sebastian Pareja está multado por no cumplir con la ley. Vamos a tener que volver a insistir con esas denuncias. Nosotros creemos que no podemos renunciar a los derechos que conquistamos porque de eso dependen muchos vecinos y vecinas”, advierte Calderón.
Javier Ledesma pertenece al Frente Barrial de la CTA- T, y enumera el impacto que la ley produjo en la vida cotidiana de los sectores más vulnerables del país. “Durante el gobierno de Alberto Fernández hacia fines del 2023 esta política había logrado aprobar casi más de 1300 proyectos en más de 1200 barrios populares, empleando de manera directa e indirecta a más de 150 mil personas, con una inserción de 250 mil viviendas”, describe.
La jornada en Plaza de Mayo finalizó con una asamblea para diagramar el plan de lucha. Se pautaron reuniones con autoridades del Gobierno, que al final de la jornada los recibieron con la promesa de prorrogar los contratos hasta abril y seguir dialogando.
“Con esta ley que fue votada por unanimidad se garantiza que un porcentaje de las obras sean realizadas por los propietarios, por vecinos y vecinas de la comunidad. Que los relevamientos los realicen los propios vecinos y vecinas de la comunidad. Sigue siendo fundamental a la hora de dar pelea la participación de la comunidad organizada”, reflexiona Gómez y exige que se respete la ley: “Los fallos judiciales tienen que cumplirse, hay que presionar para que haya una voluntad política. Que se dé una respuesta a los más de cinco millones de vecinos y vecinas de 12400 barrios populares hasta ahora conocidos”, reclama.
