Con media sanción de Diputados, este jueves el gobierno de Milei busca darle aprobación a la reforma del régimen penal juvenil, que incluye la baja de la edad de punibilidad. Organizaciones y especialistas rechazan el proyecto.
Este jueves 26 de febrero el Senado de la Nación tratará el proyecto de baja de la edad de imputabilidad, de 16 a 14 años, que el pasado 12 de febrero recibió la media sanción en Diputados, con 149 votos a favor del oficialismo y sus aliados, y 100 en contra, la totalidad del bloque de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
“Es un retroceso social, un crimen social, que revive prácticas pasadas propias de la dictadura de Videla, ya que implicaría privar a los menores de sus derechos fundamentales y someterlos a un régimen de encierro”, afirma la abogada Claudia Cesaroni, integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC).
El proyecto de ley, impulsado por el Gobierno de Milei, busca endurecer las penas para menores de edad que cometen delitos graves, como homicidio, abuso sexual y robo con violencia. El ministro de Justicia, Mario Cúneo Libarona, defendió la medida argumentando que los menores saben lo que hacen.
Según Cesaroni, el proyecto “atenta contra los principios de protección de la infancia, va en contra de los derechos humanos y amenaza el bienestar de los menores, al tratarlos como objetos de control estatal en vez de sujetos con derechos”. Al mismo tiempo, agrega, “legalizaría un sistema represivo y violatorio de derechos. Las organizaciones gremiales, de derechos humanos, instituciones, espacios de atención social, se tienen que movilizar para impugnar el proyecto. Falta debate público y participación, no hubo transparencia en el proceso legislativo, le dieron trámite express”.
UNICEF Argentina y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresaron su preocupación, argumentando, en ambos casos, que el proyecto no resuelve las causas estructurales del delito y profundiza la criminalización de la pobreza. Se necesita, en cambio, abordar las causas de la violencia, con educación e inclusión social. La ley prevé la creación de un centro especializado para menores de edad infractores, separándolos de los adultos.
“Cuando la escuela es el referente de una comunidad se pueden hacer muchísimas cosas. Los estudiantes de sienten contenidos, escuchados y cuidados, pero cuando se disocia, no hay comunidad escolar”, sostiene el escritor y docente rosarino Eduardo Marostica, autor del libro Yo quiero ser sicario. Una escuela sitiada por los narcos.
“Hay que volver a la raíz, hay que cuidar, contener, preguntar al estudiante cuando por ejemplo no va a clases, no cuestionarlos ni acusarlos, amenazándolos de que quedarán libres si continúan faltando. Al estudiante hay que preguntarle qué le pasa, indagar sobre su vida, ver su realidad, su contexto social, que lo condiciona desde que nace. Así no quedará tan desamparado, puesto que por su vulnerabilidad social es blanco fácil para los narcos que ven en él un medio para llevar a cabo actos delictivos. Si los jóvenes no se sienten apoyados, se sentirán excluidos del sistema”, subraya Marostica.
“De todas maneras –aclara–, no son tantos. Según estadísticas son menos del 1 por ciento los jóvenes que cometen actos delictivos de gravedad. La baja de edad de punibilidad no es la solución, es una narrativa que se impone, se insiste en disciplinar a partir de la punición, del castigo, cuando se cree que la única forma de disciplina es el garrote, pero las reacciones ante el garrote no son las mejores, además el garrote está muy lejos de la protección de los derechos del menor .Se necesitan más políticas públicas, más espacios de reflexión, de debate, las escuelas no sólo deben educar sino acompañar conteniendo el crecimiento del estudiante”.
La discusión no puede darse sacrificando los derechos fundamentales de niños y adolescentes, que deben ser protegidos, no vulnerándolos todavía más, cuando en muchos casos son más víctimas que victimarios, sometiéndolos además a un sistema penal que no está preparado para rehabilitarlos, sino para castigarlos. Si la ley se aprueba, como todo indica que ocurrirá, y entra en vigencia a los 180 días de su publicación en el Boletín Oficial, muchos más pibes quedarán expuestos a un régimen de violencia y exclusión del que será muy difícil que puedan salir.