El juez que lleva la causa abierta contra Nahuel Morandini y Roque Villegas por tuitear sobre el exgobernador jujeño Gerardo Morales rechazó el sobreseimiento a los acusados pero tampoco eleva a juicio el caso. La criminalización de la protesta como forma de amedrentar a los opositores.
La causa contra Nahuel Morandini y Roque Villegas por tuitear sobre la pareja del exgobernador Gerardo Morales continúa abierta en la justicia jujeña. Este lunes 9 de febrero, el juez Roberto Aseff rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por las defensas, aunque tampoco dispuso la elevación a juicio. La decisión dejó el expediente en una situación de indefinición: sin cierre y sin fecha de debate oral.
La audiencia, que había comenzado el jueves 5 y se extendió por más de cinco horas antes de pasar a cuarto intermedio, tenía como eje central definir si correspondía archivar la causa por inexistencia de delito o avanzar hacia la instancia de juicio. Finalmente, según explicó Morandini, el juez “respondió primero a la solicitud de la Fiscalía y luego a nuestro pedido de sobreseimiento”.
En relación con la acusación impulsada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y las querellas, el juez la consideró “vaga e imprecisa”, aunque igualmente la declaró admisible. Respecto del planteo de sobreseimiento, sostuvo —según relató Morandini— que “por falta de acción no daban los tiempos ni los plazos” y que se había demostrado “voluntad de las querellas de seguir adelante con la causa”.
Para el imputado, la resolución fue contradictoria. “No estaba facultado para responder ese punto”, señaló sobre el argumento del juez, y agregó: “Fue un artilugio legal para sacarse la presión de encima y dejarnos en suspenso”. La decisión implica que el caso no fue elevado a juicio, pero tampoco fue cerrado. “Deja un portón muy grande para que se rearme la causa”, resumió.
Ante este escenario, la defensa anunció que volverá a recurrir la resolución, acerca de esto Morandini comentó: “Recurrimos nuevamente a que se considere nula la causa ya que se funda en un espionaje ilegal” detalló que el planteo será elevado al Tribunal Superior.
“Un disparate jurídico”
Morandini y Villegas permanecieron más de 50 días detenidos en 2024 por publicaciones en la red social X en las que hacían referencia a una supuesta infidelidad que involucra a Tulia Snopek, esposa del entonces gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. A partir de esos mensajes, el Ministerio Público de la Acusación inició una investigación que derivó en su detención y en una imputación por lesiones agravadas en un supuesto contexto de violencia de género y por alteración de la identidad de una menor.
La causa generó un fuerte repudio a nivel nacional por el uso del derecho penal frente a expresiones en redes sociales. “Si esto no salía de Jujuy, nosotros ya estaríamos condenados”, sostuvo Villegas al recuperar la libertad el 26 de febrero de ese mismo año, tras haber estado alojado en el penal de Villa Gorriti.
Previo a la audiencia, la defensa —a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta y Marcos Aldazábal— había advertido que se trata de “un caso sin antecedentes en la historia judicial argentina”. Según plantearon, las imputaciones constituyen “un disparate jurídico” y un “gesto político de disciplinamiento”.
Durante la audiencia del jueves, Morandini denunció que “quedó evidenciado que el Ministerio Público de la Acusación realizó tareas de espionaje ilegal” sobre su persona, señalando que la denuncia formal fue presentada el 4 de enero mientras que el MPA habría actuado al menos desde el día anterior. También cuestionó que el fiscal Diego Funes intentara revalidar ese accionar sosteniendo que el Estado puede actuar de oficio para recabar pruebas.
En esa misma instancia, el fiscal exhibió los tuits por los cuales continúa imputado. “Fueron solo tres publicaciones”, precisó Morandini, y remarcó que “quedó taxativamente demostrado que en ningún momento hago mención a una menor, ni literal, ni elíptica, ni irónica, ni de ninguna manera”. Por ese motivo, la defensa había exigido de manera inmediata el sobreseimiento.
¿Libertad de expresión o judicialización de opiniones?
Para Morandini, la continuidad del proceso excede su situación personal. “Se podía resolver en esta audiencia porque no hay delito”, afirmó tras conocerse la decisión del lunes, y describió su estado como una “sensación contradictoria”. La causa, sostiene, mantiene un efecto disciplinador más amplio: “Cada vez que escribo algo, tengo pánico, porque la interpretación que alguien le da a un tuit puede llevarte a estar detenido nuevamente”.
Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), Emanuel Zuccolo advirtió que el caso se inscribe en una lógica de selectividad penal y disciplinamiento social. “Las expresiones en redes que realizaron tanto Nahuel como Roque no constituyen delito alguno”, sostuvo, y señaló que el objetivo es “amedrentar al resto del pueblo jujeño para que no hable o no se exprese libremente”.
Por el momento, la causa permanece abierta. No fue archivada ni elevada a juicio, y el expediente continuará su recorrido en instancias superiores.