En una sesión teñida de protestas y represión en las calles el oficialismo logró que pase su proyecto de reforma laboral por el Senado con 42 votos a favor y 30 en contra. La mirada queda puesta en la cámara de Diputados que definirá el modelo laboral para los argentinos.
Entre manifestaciones, detenciones y represión policial en las inmediaciones del Congreso de la Nación el oficialismo comenzó el año con una victoria parlamentaria. Con un debate que se extendió hasta la madrugada del jueves, el Senado dio media sanción a la ley que bautizó “de Modernización Laboral”. Así, con 42 votos afirmativos y 30 negativos la norma pasa a tratarse en la Cámara de Diputados. “Esta ley representa un punto de inflexión en la historia laboral argentina”, expresó el Gobierno en un comunicado oficial.
Con la falsa premisa del avance tecnológico y de aggionarse a las nuevas modalidades de trabajo remoto, el proyecto propone limitaciones al derecho a huelga, impone un límite al monto de las indemnizaciones y posibilita su pago en cuotas. Además, estas serían pagadas por el sistema previsional y no por la empresa. Por otra parte, establece que los empleadores podrían pagar los salarios en especies, ya sean alimentos, servicios, viviendas y otros bienes. Asimismo, repercute directamente en la producción nacional cinematográfica, ya que se eliminarían asignaciones específicas que financian al Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales, así como a la TV Pública y Radio Nacional. También, la reforma laboral plantea la creación de un banco de horas, permitiendo así que los empleadores puedan modificar las horas de trabajo de sus empleados en función de las necesidades de producción y, tácitamente, elimina de esta forma las horas extras. La jornada laboral podría pasar de las 8 horas diarias hasta las 12 horas, siempre y cuando se respeten las 12 horas de descanso y las vacaciones podrán fraccionase en una negociación, siempre asimétrica, con el empleador.
El día previo a que comience la sesión extraordinaria, la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, había dado a conocer en una conferencia de prensa el texto final, que constaba de un total de 28 modificaciones respecto del original. Entre los cambios más importantes se encontró la eliminación del artículo que impulsaba una reducción del 30 al 27% en las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas, coparticipable con las provincias.
Además, con la presión de la CGT se logró que se mantenga el aporte solidario a los gremios con un tope del 2%, aunque originalmente llegaba hasta el 4%. Finalmente se estableció que la derogación de los estatutos y regímenes especiales será a partir de los 180 días desde la sanción de la ley. En conversación con varios medios de comunicación, el senador de la Unión Cívica Radical (UCR), Eduardo Vischi, quien votó afirmativamente, remarcó que “los cambios fueron mínimos. Fueron algunas cuestiones que nosotros, por ejemplo, notábamos que había mucho beneficio para grandes empresas que no lo necesitan”.
A minutos de iniciada la sesión especial, Bullrich les recordó a los senadores la relevancia del proyecto de ley: «Es la reforma más importante que en 50 años que se ha logrado. Ningún Gobierno lo logró, nosotros lo vamos a hacer». En sintonía, su compañero de bloque, Juan Cruz Godoy, recalcó que «la reforma laboral está buena porque a partir de ahora a un trabajador no se le reconoce su antigüedad y compite de igual a igual con un trabajador nuevo al que se le puede pagar más barato».
Por otro lado, Mariano Recalde, del bloque Fuerza Patria, se posicionó en contra de la reforma laboral que propone el oficialismo alertando que este proyecto va en contra de los derechos laborales: «Los trabajadores pueden hacer juicio porque las empresas no respetan sus derechos. Entonces la manera de evitar los juicios es sacarles los derechos». Y añadió que la norma no respeta aspectos consagrados en la Constitución Nacional, como condiciones dignas y equitativas de labor, la organización sindical libre y el derecho de huelga.
Otro de los aspectos centrales observados por la oposición fue el tratamiento de la eliminación de varios estatutos y convenios colectivos de trabajo, como el Estatuto del Periodista Profesional. En conversación con ANCCOM, el senador Joaquín Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza) argumentó que esta derogación no implica ninguna afectación a la libertad de expresión ya que, según el senador, todos los derechos del periodista están contemplados en la Constitución Nacional.
Luego de la aprobación en general, le siguió la votación en particular de la reforma laboral, donde se aprobó la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir costos de desvinculación (antes corrían a cargo del empleador) y su aporte será del 1% mensual para grandes empresas y del 2,5% para las PYMES. Además, se estableció que para calcular las indemnizaciones no se tendrán en cuenta aspectos como el aguinaldo o las vacaciones, sino únicamente la remuneración mensual básica, normal y habitual.
Por otro lado, fracasó la propuesta del bloque peronista de agregar un artículo en donde se especifique que las nuevas condiciones laborales se apliquen a los nuevos contratos una vez aprobada la reforma y no a los vigentes. Es decir que todos los aspectos tratados en esta norma involucrarán a todos los contratos de trabajo.
De este modo, la discusión se traslada ahora a la Cámara Baja, donde el oficialismo podría repetir la hazaña con el apoyo de los bloques aliados, como la UCR y el PRO. En un escenario donde distintas fuerzas políticas y las principales organizaciones gremiales alertan sobre el retroceso en conquistas históricas conseguidas para el movimiento obrero que implica esta iniciativa, lo que se debata en Diputados definirá el rumbo de los derechos laborales en Argentina de los próximos años y con la pregunta: ¿qué modelo laboral se quiere construir para los argentinos?
