La primera exposición estuvo en manos del Ministerio Público Fiscal, que dedicó la mayor parte de la jornada en establecer la descripción de los hechos. Continuará en la próxima audiencia, en la que solicitará las condenas.
Una vez finalizada la feria judicial de enero, se retomó el juicio oral que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en la Mansión Seré y el circuito de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA). Durante la audiencia 40° comenzó el tramo final en el que las partes expondrán sus alegatos, previo a la sentencia del tribunal.
El primer turno fue del fiscal Félix Crous y la auxiliar fiscal Nuria Piñol Sala, del Ministerio Público Fiscal (MPF). A lo largo de la extensa jornada, comenzaron a desandar la trama represiva que involucra la responsabilidad de la Fuerza Aérea en la Subzona 16, haciendo foco en la sistematicidad de los delitos sexuales y la incorporación de centros clandestinos que hasta ahora nunca han llegado a una instancia de sentencia.
A nivel general, el MPF se centró en el rol que cumplieron de los miembros de la Fuerza Aérea Julio César Leston, Juan Carlos Herrera, Juan José Zyska y Ernesto Rafael Lynch, en delitos de lesa humanidad en perjuicio de 111 víctimas. A su vez, la Fiscalía se encargó de organizar su exposición proponiendo una reconstrucción del circuito represivo del oeste del Gran Buenos Aires.
Al inicio de la audiencia, Crous estableció como premisa que la base fáctica de este juicio se apoya en décadas de juzgamiento. “Estamos finalizando un nuevo juicio, uno más donde se juzga la intervención de la Fuerza Aérea en el circuito represivo de la zona oeste”, señaló el fiscal, recordando que la responsabilidad de esta fuerza ya fue acreditada desde el histórico Juicio a las Juntas en 1985.
También explicó que, si bien algunos de los hechos analizados en este juicio ya formaron parte de procesos anteriores, para aquellos que ya cuentan con sentencias firmes se remitieron a la prueba ya evaluada, calificando esos sucesos como “hechos públicos notorios y no controvertibles”. De todas maneras, la mayor exhaustividad se reservó para los “nuevos hechos y los nuevos centros clandestinos de detención que se juzgan por primera vez en este debate”.
Descripción de los hechos
Una vez hecha la introducción, Piñol comenzó a realizar un recorrido caso por caso que resultó estremecedora, tanto por la gravedad de los delitos cometidos como por la cantidad de víctimas. Fueron tantos los hechos mencionados que la audiencia duró más de seis horas, se realizaron cuatro cuartos intermedios y los fiscales debieron turnarse reiteradas veces para abarcar los casos de todas las víctimas.
Uno de los pilares de esta parte del alegato fue la descripción del funcionamiento de la Comisaría 1° de Moreno, el Destacamento de Paso del Rey y la Subcomisaría de Francisco Álvarez como piezas del engranaje de la Octava Brigada Aérea de Moreno. La Fiscalía mencionó una extensa lista de hechos, pero dio especial relevancia a aquellos que evidencian la persecución a militantes sociales, religiosos y gremiales de la zona.
Entre los casos destacados por su importancia histórica y política, Piñol Sala detalló los de Rodolfo Urbano Freire, el médico popular de Moreno, y su ayudante Rubén Varela, quienes permanecieron cautivos en la Octava Brigada en condiciones inhumanas. “Rolo llegó a su casa caminando y parecía directamente otra persona, un linyera, con toda su nariz lastimada, con la ropa rota, descalzo, en un estado deplorable”, relató la fiscalía citando el testimonio de su hija, Inés Freire.
La violencia sexual como arma sistemática
A lo largo de la audiencia, desde el MPF señalaron que los delitos sexuales no fueron “excesos” individuales, sino una práctica sistemática del plan represivo. “No hay excepciones en los casos que estamos transitando en los que no haya habido delitos sexuales”, señalaron.
Respecto a estos crímenes, son centrales en este juicio los casos de las hermanas Adriana y Zoraida Martín, y el de Beatriz Boglione. Al retomarlos, la Fiscalía recordó que las hermanas Martín fueron secuestradas cuando tenían 14 y 15 años. Detallaron no solo su cautiverio en la Comisaría de Castelar y Mansión Seré, sino también el régimen de “libertad vigilada” e intimidación posterior, a cargo del imputado Leston.
Para volver al caso de Boglione, también fue necesario rescatar el testimonio de Faustino Altamirano, quien vio desde su celda cómo la violaban militares en la Comisaría de Moreno. La propia Beatriz, ante la dificultad de recordar por el trauma, afirmó en una frase que la Fiscalía resaltó como motor de justicia: “Si hubiera una condena por el delito sexual sería la mejor reivindicación que yo podría tener”.
Lógica militar
El último tramo de la jornada estuvo dedicada al análisis de la estructura de la Subzona 16. Crous llevó adelante gran parte de este desarrollo pero no pudo terminar con el mismo ya que la jueza María Claudia Morgese Martín debía atender otra audiencia.
De todas maneras, el fiscal explicó cómo la Fuerza Aérea Argentina aplicó la doctrina de la Guerra Revolucionaria basada en la experiencia colonial francesa. Bajo esta lógica, se crearon grupos de tareas específicos “para llevar a cabo las acciones contra la subversión en el territorio asignado”. Cuatro agrupaciones formaban parte de esta subzona: el grupo de tareas 10 dependía de la VII Brigada de Morón, el 11 de la I Brigada de Palomar, el 12 de la VIII Brigada de Moreno y, por último, el grupo de tareas 13 dependía de la RIBA Merlo.
Crous explicó que los trabajos de inteligencia, es decir “el análisis de información que debían obtener a partir de la tortura”, eran necesarios para las operaciones de fuerza. Por ello habló de un “circuito que se retroalimentaba”, ya que los encargados de secuestros y las torturas debían trabajar en conjunto con el área de inteligencia que les proporcionaba la información necesaria para poder cumplir con la misión asignada.
El alegato del MPF continuará en la próxima jornada prevista para el 24 de febrero.