Susana Reyes, directora de la escuela Isauro Arancibia, que trabaja con chicos y adolescentes en situación de calle propone otra mirada sobre el debate de la Ley de Imputabilidad Penal. Según la Corte Suprema, los delitos graves que involucran a menores son estadísticamente marginales.
En medio del debate por la Ley Penal Juvenil, que busca bajar la edad de imputabilidad penal a 13 años en Argentina, los datos oficiales muestran que la participación de menores en delitos es marginal. Susana Reyes, maestra y fundadora de la Escuela Isauro Arancibia, que trabaja con chicos y adolescentes en situación de calle, aporta su mirada basada en la inclusión educativa y políticas públicas reales, cuestionando las soluciones más autoritarias y crueles que plantea el Gobierno nacional.
En las últimas semanas, se volvió a poner el foco en los jóvenes y en la idea de bajar la edad de imputabilidad penal, aunque los datos estadísticos muestran una realidad muy distinta a la que suele instalarse en la agenda mediática. Lejos de una “ola” de criminalidad cometida por menores de edad, las cifras revelan que, se trata de un fenómeno excepcional, atravesado por la desigualdad social.
Según la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, durante todo 2024 se iniciaron 1.788 causas penales con participación de menores en la Justicia Nacional de Menores de la Ciudad de Buenos Aires. Más del 80% de esas causas correspondieron a delitos contra la propiedad, mientras que los homicidios representaron apenas alrededor del 1,5% del total. La mayor parte de los jóvenes involucrados tenían alrededor de 16 y 17 años, y en su mayoría eran varones.
La comparación con los datos más recientes del primer semestre del 2025, permite matizar aún más este debate. En ese período, 945 niños, niñas y adolescentes tuvieron al menos una causa penal iniciada, representando un aumento del 4,2% respecto del mismo semestre en el año anterior. Pero en cuanto a la edad, los datos del primer semestre del 2025, muestran que el 55,9% de los adolescentes imputados tenía entre 16 y 17 años, el 40,3% entre 13 y 15 años, y sólo el 3,8% tenía 12 años o menos. Aunque este último porcentaje es mayor que en 2024, sigue siendo extremadamente bajo en términos absolutos.
Para Susana Reyes, maestra y fundadora de la Escuela Isauro Arancibia: “La incidencia estadística es nula. Este debate se reabre porque es distractivo y porque históricamente siempre se los estigmatizó a los jóvenes, pero hoy en día se nota más la violencia institucional con los que viven en situación de calle”.
Desde su experiencia de más de 27 años trabajando con jóvenes en situación de calle, Reyes sostiene que la discusión no responde únicamente a un problema de seguridad, sino también, a una construcción política y mediática: “Siempre hay que culpabilizar, y en este caso, son los pibes a quienes se los culpa, tanto para los medios como para quienes tienen el poder. Lo que no saben es que estos jóvenes están más inseguros al no tener una puerta para cerrar y dormir en la calle, donde sólo están el cuerpo y la intemperie”, explica Susana.
Los datos judiciales refuerzan esta mirada, aunque en el primer semestre del 2025 aumentaron las medidas de privación de libertad, un 25,8% más que en 2024, no hubo un aumento significativo de los delitos graves. Esto sugiere que el sistema penal está recurriendo con mayor frecuencia a respuestas punitivas, aún sabiendo que los crímenes o delitos juveniles no se expanden a gran escala.
Diversos estudios sociológicos, advierten que modificar la edad de imputabilidad no reduce el delito ni resolvería el problema de la inseguridad, sino que puede profundizar la exclusión y, también, aumentar la reincidencia al incorporar a los adolescentes a circuitos de criminalización: “Cuando hay un Estado presente, todo se posibilita, especialmente para pibes que han sido privados de todos sus derechos. Hemos vivido con un Estado presente y donde muchos pibes en situación de calle pudieron volver a sus barrios, terminar la secundaria, construir su vivienda y pudieron hacer un proyecto de vida. Pero cuando el Estado se retira, cuando ya no hay plan a futuro para tener una vivienda, cuando la salud es imposible, cuando hay más discriminación, violencia, crueldad, y encima castigo por no tener casa y dormir en la calle, entonces todo se convierte en el mundo del revés: te quito todo y encima te castigo, que es justamente lo que hace este Gobierno”.
Desde la Escuela Isauro Arancibia, Reyes ve cotidianamente cómo la falta de acceso a derechos básicos como la educación, alimentación y vivienda son el motivo de muchos conflictos futuros con la ley. Ella propone una mirada alternativa al castigo: más educación, acompañamiento y políticas públicas integrales que actúen sobre las causas profundas de exclusión y conflicto, “Esta Ley Penal Juvenil lo único que provocaría es más exclusión, menos educación, más cárcel. Nosotros acompañamos hace 27 años a ese estudiante, que se levanta de una vereda, con todos sus derechos vulnerados y viene a estudiar. Mientras haya una mirada amorosa, un oído atento y un abrazo, todo es posible. Hay que potenciar lo mejor de estos jóvenes, no lo peor, que es lo que haría esta ley”.
La insistencia en bajar la edad de imputabilidad corre el eje de la discusión: desplaza el foco de las políticas públicas hacia el castigo, y de la responsabilidad estatal hacia la culpa individual. Los datos demuestran que los delitos cometidos por menores son marginales y que la violencia no se explica por la edad, sino por los caminos atravesados por la desigualdad y la exclusión social. Frente a este escenario, la dimensión ética del debate debería elevarse: la cuestión no radica en cuántos años se puede castigar a un menor sino en qué responsabilidades está dispuesto a asumir el Estado para garantizar derechos y oportunidades concretas. En ese sentido, lugares como el Isauro Arancibia, nos recuerdan que cuando la respuesta es la inclusión, se abren futuros posibles.