Paola Ortíz lleva trece años presa. Parió en soledad, en condiciones de extrema precariedad y la acusaron de matar a su bebé. Las pericias ni siquiera pudieron determinar si nació vivo.
Paola Ortiz tenía 29 años el 31 de octubre del 2012, cuando parió en absoluta soledad y sin asistencia médica en una vivienda precaria de la localidad de Villa Nueva, Córdoba, cerca de Villa Maria. Fue condenada a cadena perpetua por homicidio calificado por el vínculo, sin pruebas, tras perder a su bebé en una emergencia obstétrica.
Fue declarada culpable por los medios de comunicación locales, por el jurado popular asesor y hasta por su defensa. Su palabra nunca fue escuchada. No declaró en su propio juicio y no recibió visitas durante 10 años.
Antes de ser desechada por el aparato judicial fue descartada por un Estado que la mantuvo al margen de todo derecho humano. Trece años después, Ortiz y sus abogadas esperan que al terminar la feria judicial el Tribunal Superior de cuenta de su estado de urgencia y revise la sentencia.
“Cuando le preguntamos a Paola qué nombre iba a elegir para visibilizar el caso, ella nos pidió que sea el suyo”, cuenta a ANCCOM Julia Luna, su abogada. Tal como sucedió en el caso Belén, en el litigio estratégico se suele utilizar un seudónimo para resguardar la identidad y evitar la revictimización. “Fue tal la exposición mediática al momento de condenar a Paola que los medios contribuyeron a la mirada estigmatizante con la que fue tratada socialmente, lo que ella desea es reivindicar su historia, darle voz con su nombre y apellido y que sus hijos puedan conocer la verdad”.
Termina enero, la feria judicial dura un mes, 31 días más donde la vida de Paola Ortiz; que ahora tiene 42 años, se consume esperando justicia en la Cárcel de Bouwer. Luna conoció a Ortiz en el año 2022, es miembro de la Guardia de Abogadas Feministas y Católicas por el Derecho a Decidir, una organización que hace más de treinta años trabaja derechos sexuales reproductivos y no reproductivos.
“Cuando la conocimos fue a raíz de otro caso en el que estábamos trabajando que era de violencia obstétrica a las mujeres privadas de la libertad, una defensora pública estaba haciendo una investigación en la cárcel de Bouwer de Villa María, entre esas mujeres estaba Paola”, relata Luna “En ese momento era un caso testigo, fue todo un proceso que confiara en alguien vinculado a la justicia porque la justicia la había discriminado constantemente.”
Luna comenta que conocen el caso de Ortiz en el contexto de presentación de un Amicus Curiae, ya que sufrió violencia obstétrica durante dos partos que tuvo en contexto de encierro y en el que el primer bebé fue dado en adopción. La historia de Paola Ortiz es un testimonio que revela la realidad de las personas gestantes empobrecidas a lo largo y ancho del país.
“Ella tiene un evento obstétrico en el año 2012, en una localidad alejada de los hospitales y en un contexto de absoluta soledad, absoluta pobreza. Este parto fue sin asistencia, en emergencia. Un proceso involuntario en el que devino el parto y no dio tiempo de salir en busca de ayuda, por eso se le da el nombre de parto en avalancha.” Luna reconstruye la escena por la que nadie se preguntó, el parto ocurrió en una vivienda precaria en la que su exsuegro –que ejercia violencia sexual contra ella– le prestaba una habitación. Allí vivía con su hijito de 5 años. Ortiz recibía violencia económica y psicológica por parte de su expareja con quien mantenía comunicación por sus hijos. “Estaba inmersa en un sistema de violencia por parte de los varones que la rodeaban, disponiendo de su vida, disponiendo de esa precariedad, no solamente económica, sino también psicológica, de una vida plagada de carencias”.
Culpable hasta que se demuestre lo contrario
En el año 2015 Paola fue condenada pero ya estaba detenida en prisión desde el 2012, durante toda la investigación. “No se le garantizó en ese momento el debido proceso y sobre todo el principio de inocencia”, subraya Luna. Su abogada explica que la condena fue de la Cámara Correccional y Criminal de Villa Maria “Está plagada de estereotipos y sesgos de géneros, la condenan porque ya había sido madre anteriormente y le dicen que por esto sabía cómo parir, poniendole el nombre de ‘Multipara’.
¿Es lo mismo cursar tres embarazos con seguimiento hospitalario y asistencia médica que parir en la cama de una casa precaria habiendo transitado un proceso gestacional en condiciones de extrema vulnerabilidad? ¿Es lo mismo transitar un parto de forma programada que enfrentar una emergencia obstétrica sin ayuda? ¿Qué tuvo que hacer el Estado? ¿Cuáles eran sus responsabilidades y obligaciones para con Paola? ¿Cuáles son las obligaciones que tenía la justicia?
Una prueba clave
“La defensa fue negligente, hubo ausencia de pruebas y existe una docimasia (un estudio para asegurar si el recién nacido respiró fuera del útero) que está incorporada que dice que no se puede asegurar el nacimiento con vida. Y si no hay vida no hay delito”. Luna sostiene que a Paola Ortiz se la condenó a homicidio calificado por el vínculo sin pruebas de que el bebé haya nacido con vida.
Esta serie de irregularidades da cuenta de que la condena se sostuvo en prejuicios. “Presentamos un recurso de revisión para la sentencia en abril del 2024 y lo acompañamos con un informe técnico de una perito, la doctora Estela Maris Manzano. Sumamos una prueba que da cuenta de que fue un parto en avalancha y que esto no se tuvo en cuenta al momento de juzgarla”
Luna cuenta que buscan que el caso se reinterprete a la luz de los estándares internacionales y con perspectiva de género. Incorporaron al expediente jurisprudencia del caso Manuela y otros vs El Salvador, una condena en la cual se pronuncia la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre emergencias obstétricas.
Amigos del tribunal
Pasó un año y medio desde la presentación del recurso y aún no tienen respuesta, diez organizaciones de derechos humanos presentaron Amicus Curiae brindando su opinión experta; la Facultad de Filosofía (UNC), el CELS, Fundeps, Abogadas por Chaco, INECIP, la CAE y una asociación de abogadas feministas de Villa María. El 6 de noviembre del 2025, cansadas de esperar y esperanzadas por la repercusión de la película Belén, desde Católicas por el Derecho a Decidir, decidieron lanzar la campaña Libertad para Paola, en la página un contador indica que Paola lleva 4833 días presa injustamente. En el decimotercer aniversario de su encierro a Paola la mantiene viva la esperanza de que se reconozca su inocencia y eso le permita reencontrarse con sus hijos.
“Este recurso es de algún modo la oportunidad de darle la voz a ella, que pueda contar a través de este reclamo judicial cómo se dieron las cosas, que la justicia la mire, la escuche y le devuelvo lo que le quitó; el debido proceso, una defensa digna y su libertad” concluye Julia Luna