En Minnesota viven 1.500 argentinos que viven con la misma tensión que atraviesa hoy a todos los migrantes de esa región. El biólogo Ernesto Resnik cuenta cómo es el día a día bajo la mira de Trump y describe la oposición al ICE que comenzó a tejerse.
Minneapolis, una ciudad del corazón del Medio Oeste estadounidense, se convirtió en las últimas semanas en el epicentro de una crisis marcada por violencia institucional, denuncias por violaciones a los derechos humanos y una ola de protestas que se extiende más allá de las fronteras de Minnesota. En menos de tres semanas, la presencia ampliada de agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado, en el marco de una política migratoria más dura impulsada por la administración de Donald Trump, derivó en la muerte de al menos dos civiles en circunstancias que generaron una fuerte reacción social e incluso en la detención de niños. ANCCOM conversó con el científico argentino Ernesto Riesnik, que vive en esa ciudad y considera que lo que ocurre no son hechos aislados sino “un proceso que combina endurecimiento político, estigmatización del extranjero y un uso creciente de la fuerza”.
La muerte de Renée Good a principios de mes y, más recientemente, la del enfermero Alex Pretti, abatido a tiros durante un operativo federal en plena vía pública de Minneapolis, encendieron una serie de movilizaciones bajo la consigna “ICE out now”, que cuestionan el uso de la fuerza en los procedimientos migratorios, el rol de las agencias federales, a la vez que denuncian el despliegue del terrorismo estatal por parte del gobierno de Trump.
El despliegue federal y el rol de ICE
La presencia de agentes federales de ICE en Minnesota forma parte de una operación más grande impulsada por la Casa Blanca para intensificar el control migratorio en todo el país. Desde fines de 2025, esta iniciativa, denominada Operation Metro Surge, implicó el despliegue de miles de agentes de ICE, la Patrulla Fronteriza y otras dependencias del Departamento de Seguridad Nacional con el objetivo declarado de arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados, aunque también ha incluido detenciones masivas, redadas en zonas residenciales y, en algunos casos, enfrentamientos con civiles.
La política del gobierno federal sostiene que estas acciones buscan priorizar la seguridad y aplicar la ley de manera más estricta y expandiendo las capacidades de deportación, pero observadores locales y organizaciones de derechos humanos han denunciado un uso excesivo de la fuerza y detenciones indiscriminadas, incluso entre personas sin antecedentes criminales y de nacionalidad norteamericana.
En respuesta a la fuerte reacción social tras los tiroteos de Renée Good y Alex Pretti, el gobierno ha introducido cambios tácticos, incluyendo nuevas directrices para que los agentes eviten confrontaciones directas con manifestantes y enfoquen sus operativos en casos con antecedentes penales, además de enviar a Minnesota a Tom Homan, un alto funcionario designado para supervisar la operación y buscar una cooperación mayor con autoridades locales.
La comunidad argentina
Minnesota no es ajena a la presencia de comunidades migrantes, y entre ellas se encuentra un núcleo de argentinos que, aunque numéricamente reducido, mantiene una fuerte inserción en la vida local. Según estimaciones basadas en la American Community Survey del U.S. Census Bureau y análisis del Pew Research Center, la comunidad argentina en el estado supera los 1.500 residentes y se concentra mayoritariamente en el área metropolitana de Minneapolis–St. Paul. Se trata, en gran parte, de profesionales vinculados a los sectores de la salud, la educación y la investigación científica, un perfil que no los exime de verse atravesados por el endurecimiento de las políticas migratorias y el clima de tensión que hoy se vive en la región.
Uno de ellos es Ernesto Resnik, biólogo molecular radicado en Minneapolis desde hace décadas, y una de las voces argentinas más activas en el debate público estadounidense. Reconocido tanto por su trabajo científico como por su participación en discusiones sobre política, salud y derechos civiles, Resnik sigue de cerca la situación social y política del país en el que vive, y en las últimas semanas ha expresado su preocupación por el avance de los operativos migratorios y el clima de violencia que se instaló en Minnesota.
Como inmigrante y observador directo de los acontecimientos, Resnik analiza el impacto que la escalada de acciones de ICE y la respuesta estatal tienen en la vida cotidiana de las comunidades migrantes.
Según explica, la ampliación de los operativos de ICE alteró de manera directa el funcionamiento diario de barrios enteros. “Es un ejército de ocupación”, sostiene, al referirse al despliegue de miles de agentes federales armados y encapuchados en zonas residenciales. El impacto, remarca, no se limita a la comunidad indocumentada: escuelas con aulas semi vacías por la ausencia de estudiantes latinos y somalíes, comercios cerrados y familias enteras que evitan salir a la calle por miedo a ser detenidas forman parte del nuevo paisaje urbano.
Resnik señala que incluso ciudadanos estadounidenses se ven afectados por estos operativos. “Si tenés cara de mexicano, no salgas”, resume, al describir controles arbitrarios, detenciones violentas y un clima generalizado de intimidación. Para el científico, la lógica detrás de estas acciones responde menos a criterios de seguridad que a la necesidad de cumplir cuotas de detención impuestas desde el gobierno federal.
A su entender, los hechos recientes marcan un antes y un después para Minnesota, y en particular para Minneapolis. “Esto es una revolución en términos políticos y sociales”, afirma. La escalada represiva, explica, expuso los límites de una política migratoria basada en el miedo y la criminalización, y abrió un escenario de organización colectiva que atraviesa a distintos sectores de la sociedad. “Todos aspiramos a que quede enterrada para siempre la idea de que la inmigración se resuelve con fascismo”, advierte.
Para Resnik, no es casual que el epicentro de estos operativos haya sido Minnesota. La ciudad de Minneapolis votó históricamente contra Donald Trump y fue el punto de partida de las protestas de 2020 tras el asesinato de George Floyd. “Hay un componente de castigo ejemplificador”, sostiene, y lo vincula con la influencia de sectores ultraconservadores cercanos al expresidente, como la Heritage Foundation, que promovieron una estrategia de terror para disuadir la migración y disciplinar a las ciudades progresistas.
Sin embargo, lejos de paralizarse, la respuesta social fue inmediata. Escuelas, iglesias y organizaciones barriales articularon redes de solidaridad y resistencia frente al avance de las fuerzas federales. “La bronca unió a mucha gente”, explica Resnik, y destaca el carácter colectivo de las movilizaciones. “El miedo se vence en lo colectivo. Nadie se salva solo”, resume.
Lo que vendrá
De cara al futuro, el biólogo reconoce que el escenario sigue siendo incierto. Si bien el desplazamiento de jefes del operativo y las críticas provenientes incluso de medios conservadores marcaron un límite al accionar de ICE, advierte que el gobierno de Trump difícilmente acepte una derrota sin intentar construir algún tipo de victoria simbólica. “La pregunta es cómo se van a ir de acá”, plantea, y alerta sobre el riesgo de nuevas provocaciones o escaladas.
Al comparar las movilizaciones actuales con las protestas de Black Lives Matter de 2020, Resnik señala diferencias significativas. Mientras aquellas expresaron una bronca histórica concentrada en pocos días y con altos niveles de confrontación, las actuales se caracterizan por su amplitud y organización territorial. “Estas son marchas de resistencia”, define, marcadas por la descentralización y una fuerte participación comunitaria. “Hasta ahora no hubo violencia. Es realmente llamativo”, concluye.
Ecos locales de un problema global
Este clima de endurecimiento de las políticas migratorias y de mayor presencia de fuerzas de seguridad en el espacio público no resulta ajeno a la realidad argentina. En los últimos días, un operativo conjunto de la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal en Villa Celina, partido de La Matanza, volvió a poner en discusión el tratamiento estatal hacia los inmigrantes trabajadores. Durante el procedimiento, que incluyó controles biométricos en la vía pública, casi 400 personas fueron identificadas y solo una minoría se encontraba en situación irregular, aunque el despliegue fue cuestionado por organizaciones sociales por su carácter selectivo y estigmatizante.
Si bien los contextos y escalas son distintos, tanto las protestas contra el accionar del ICE en Minneapolis, como los operativos en el conurbano bonaerense se inscriben en un escenario político más amplio, marcado por gobiernos que colocan la migración como problema de seguridad. En Argentina, esta lógica se profundizó desde la llegada de Javier Milei al poder, con un discurso que asocia inmigración, gasto público y delito, y que habilita prácticas de control más rígidas sobre poblaciones vulnerables.
Desde Minnesota hasta Buenos Aires, el debate vuelve a ser el mismo: qué lugar ocupan las comunidades migrantes en sociedades atravesadas por la desigualdad, y hasta qué punto el Estado responde con políticas de inclusión o con mecanismos de vigilancia y criminalización. Una discusión que, lejos de agotarse en fronteras nacionales, vuelve a emerger cada vez que la seguridad se impone por sobre los derechos y la figura del inmigrante se convierte en objeto de sospecha antes que de ciudadanía.