Por Lucas Duete y Tomás Gilabert
Fotografía: Magdalena Ahmar Dakno

Miles de mujeres sostienen los comedores comunitarios en todo el país sin salario ni derechos laborales, y con un Estado cada vez más ausente. Un proyecto de ley busca reconocerlas como trabajadoras.

Comedor Centro Guadalupe, La Matera, Quilmes.

En Argentina, alrededor de diez millones de personas comen cada día gracias al trabajo invisible de miles de mujeres que no reciben un salario por su tarea. Los comedores y merenderos comunitarios constituyen hoy una red imprescindible en los barrios populares. En su mayoría gestionados por mujeres, estos espacios ofrecen diariamente una vianda a familias enteras que, de otro modo, pasarían hambre. No solo cocinan: también contienen, acompañan y sostienen el entramado social del barrio.

Según los últimos datos del RENACOM (2023), existen más de 54.000 comedores y merenderos, gestionados por unas 135.000 trabajadoras comunitarias. Casi la mitad se concentra en la Provincia de Buenos Aires y en CABA. Pero desde mayo de 2024, cuando el gobierno nacional eliminó ese registro, no hay información oficial sobre cuántos continúan funcionando ni cuántas personas alimentan. Un ensayo de la Revista Anfibia actualiza el número a más de 44.000 comedores, aunque no se trata de una fuente oficial.

El exministro de Desarrollo Social y exdiputado Daniel Arroyo distingue tres tipos de instituciones alimentarias: los comedores que en esencia son merenderos, que complementan, que dan una merienda a la tarde o un desayuno; los que solo sirven almuerzo o vianda; y los comedores que claramente forman parte de un entramado comunitario más amplio, donde los chicos además de comer, se quedan a hacer la tarea, se dictan talleres y articulan con las instituciones municipales. “Estos últimos requieren de un método y de una organización compleja y creo que lo que se hace con constancia y con método requiere un ingreso y una remuneración sostenida”, explicó Arroyo.

Las que sostienen la olla

Uno de estos comedores es el Centro Guadalupe, en La Matera, Quilmes, donde se cocina sin interrupciones hace 24 años. “Empezamos con una copa de leche para 20 familias; ahora damos el almuerzo a más de 700”, recuerda Lucía, que lleva 19 años al frente del comedor. “Cocinábamos con fuego y pedíamos leña a los vecinos. Durante la crisis la pasamos mal todos. Cada uno aportaba lo que podía.”

Durante la pandemia, el lugar se convirtió en un punto solidario: recibían ollas de campaña del Ejército y distribuían viandas en todo el barrio. “En esa época no había descanso: arrancábamos a las ocho de la mañana y volvíamos a la noche. Pero nadie se podía quedar sin comer”, cuenta Gladys, su compañera.

El comedor no solo alimenta. También escucha y acompaña: “Nos llaman a cualquier hora,  no es solo cocinar: es sostener a un barrio entero”, explica Lucía. Allí llegan madres víctimas de violencia de género, familias que perdieron todo por inundaciones o jóvenes en situación de consumo en busca de contención.

En Bariloche, Cristina, del comedor Esperanza del Sur, alimenta a 44 familias: “El comedor se financia con donaciones. Salgo a repartir cartas y a pedir a las verdulerías y carnicerías del barrio. Me gustaría cocinar todos los días, pero no consigo suficiente comida. Necesitamos la ayuda del Estado.”

Según datos de Chequeado, el presupuesto nacional destinado a políticas alimentarias cayó más del 60% en términos reales entre 2023 y 2024. En paralelo, el número de comedores asistidos por el Ministerio bajó un 30%.

En La Cárcova, partido de San Martín, Rafaela Gómez lleva 33 años al frente del comedor Unidos por los Niños. Empezó sirviendo meriendas y hoy prepara almuerzos, meriendas y cenas para más de 200 personas. “Decidimos con otras mujeres: ¿por qué no hacer algo de comida? Lo hacemos por amor, por compromiso, pero también porque no hay otra. Sería buenísimo tener un salario, sobre todo para las chicas que cocinan todos los días, tenemos la honra de laburar en el barrio y estar presentes para lo que la gente necesite”.

A pocos kilómetros, en el barrio de Costa Esperanza, Daniela Cáceres, nacida en Formosa, abrió el comedor Reflejo de Esperanza en 2018. “Recorría comedores para buscar comida hasta que me ofrecieron abrir uno en casa. Arrancamos tres veces por semana, pero llegamos a tener 300 personas por día. Hoy seguimos con 150, hasta que nos digan basta.”

Daniela también organizó talleres de boxeo y deportes para los jóvenes del barrio: “Era una forma de que no se queden en la esquina. Ahora cuesta mucho más sostenerlo, cada vez hay más gente que viene a pedir y nosotras no damos abasto”

Hijas de la crisis

Los comedores comunitarios se consolidaron como respuesta social a las crisis económicas. “Cuando no hay política estatal, hay política barrial”, dice Claudia “La Negra” Albornoz, vocera de La Poderosa. El 2001 fue un año bisagra en la historia argentina: dio comienzo a una crisis marcada por la fragilidad institucional y el caos social. En 2002, la pobreza alcanzó su punto máximo: el 65,5% de la población, mientras que la desocupación rozó el 20%. Esto dejó un entramado social golpeado, que tuvo la necesidad de buscar otras formas de organización para sobrellevar la falta de recursos.

A partir de ese período de crisis, los comedores comunitarios comenzaron a tener un rol fundamental en los barrios. El desempleo creciente y la falta de confianza en el gobierno provocaron que cada vez más vecinos se acercaran a estos espacios en busca de distintas formas de sustento. Así como crecía la cantidad de personas que asistían a los comedores, también aumentaba el número de estos espacios.

Quienes administran los comedores comentan que hoy estamos viviendo una nueva crisis, que cada vez son más las familias que se acercan a buscar una vianda “en este último tiempo aumentó la demanda, pasamos de 100 a 200 familias completas” declaró Lucía

Una tendencia que se mantiene es el rol protagónico que toman las mujeres ante estos contextos, según un relevamiento realizado en conjunto por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el 77% son mujeres.

El 15 de mayo de 2024, el entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse sostuvo que “casi el 50% de los comedores no existían. Incluso, en muchos casos, presentaban direcciones donde nunca funcionó un comedor.” Esta afirmación se basaba en una supuesta auditoría realizada por el Ministerio de Capital Humano. Sin embargo, gracias a un pedido de acceso a la información presentado por la diputada Natalia Zaracho, se comprobó que dicha auditoría, en realidad, nunca se había llevado a cabo.

PAN para ayer, hambre para hoy

Durante el gobierno de Alfonsín, la cuestión alimentaria comenzó a ocupar la agenda política. Por eso, se lanzó en esos años el Programa Alimentario Nacional (PAN), dirigido a familias vulnerables con hijos, a través del cual se distribuían alimentos a nivel nacional. Durante el período menemista también existieron programas de asistencia alimentaria; sin embargo, estos atendían a sectores sociales particulares. En relación con estas políticas, Arroyo sostiene: “El gobierno de Menem generó políticas focalizadas, generó varios programas de apoyo a comedores no universales, no masivos, focalizados en donde estaban los problemas.”

Actualmente, el Gobierno nacional está adoptando una tendencia a “correrse del territorio”, y no precisamente de un modo pacífico ni silencioso. En ese proceso de retirada, busca destruir todo lo que haya trabajado conjuntamente con el Estado en años anteriores, y los comedores comunitarios no estuvieron ajenos a esto. El 15 de mayo de 2024, el entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse sostuvo que “casi el 50% de los comedores no existían. Incluso, en muchos casos, presentaban direcciones donde nunca funcionó un comedor.” Esta afirmación se basaba en una supuesta auditoría realizada por el Ministerio de Capital Humano. Sin embargo, gracias a un pedido de acceso a la información presentado por la diputada Natalia Zaracho, se comprobó que dicha auditoría, en realidad, nunca se había llevado a cabo.

En los barrios, el trabajo en los comedores comunitarios se volvió un sistema, una red que sostiene lo que el Estado dejó caer. Lo que empezó como voluntariado se transformó en una rutina diaria que organiza la vida de miles de mujeres. “Una cosa es ayudar cuando se puede, y otra levantarse todos los días a cocinar para decenas de familias», dice el exministro de Desarrollo Social. “Eso es trabajo, y tiene que ser reconocido como tal”, destacó.

Pero en los fogones de las cocinas populares el debate no es tan simple. “No estoy de acuerdo con cobrar un salario, porque dejaría de ser un servicio, lo que nos enseña el Evangelio. ¿Estaría bueno? Sí, porque se necesita, pero dejaría de ser servicio”, reflexiona Lucía, del Centro Guadalupe en Quilmes. Su compañera Gladys asiente, aunque duda: “Sería bueno tener obra social, poder descansar. Pero perdería la esencia.”

En cambio, otras como Daniela, no dudan: “Nosotras cocinamos todos los días, sin descanso. No alcanza con la palmadita en la espalda. Queremos que se reconozca lo que hacemos.” Y agregan: “Sería justo que nos paguen, sobre todo a las que cocinan todos los días. Lo hacemos por amor, pero también porque alguien tiene que hacerlo.” Ese cansancio atraviesa a todas. “Estamos cansadas de esperar el momento justo —dice una trabajadora de La Poderosa—. Nos dicen que no es tiempo de discutir salarios, pero mientras tanto, ¿cómo sostenemos el comedor? ¿Con aplausos?”

Arroyo reconoce que el contexto no ayuda: “La política social es hija del contexto. Hoy el Estado se retiró del territorio. Pero con los años, ese cambio va a llegar. El mundo del trabajo está virando hacia el cuidado, y eso va a requerir un ingreso sostenido.”

Mientras tanto, las mujeres que sostienen la olla lo hacen a pulmón. Organizan, cocinan, contienen, articulan. Saben que su trabajo es esencial, aunque nadie lo reconozca oficialmente.

En un país golpeado, donde una de cada tres personas es pobre, llama particularmente la atención que su gobierno, en lugar de reconocer y agradecer la labor de quienes trabajan todos los días para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, tome como prioridad atacarlas. En este sentido, “La Negra” Albornoz sostiene: “A nosotras nos dicen que vivimos del Estado. ¡Mentira! El Estado vive de nosotras. Nosotras subsidiamos al Estado: cocinamos para un pueblo con hambre”.

Un salario para las que alimentan a millones

En junio de 2023, la organización La Poderosa, junto a la diputada Natalia Zaracho, presentó el proyecto de ley “Programa Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de Comedores y Merenderos Comunitarios”. La iniciativa propone reconocer el trabajo comunitario como empleo formal, otorgando a cada cocinera y cocinero un Salario Mínimo, Vital y Móvil, cobertura de obra social, aportes jubilatorios y licencias.

El texto argumenta que “no se trata de un gasto, sino de una inversión social”, y calcula que su aplicación demandaría menos del 0,07% del PBI nacional. “Nosotras subsidiamos al Estado. Cocinamos para un pueblo con hambre y sin recursos”, expresó Albornoz durante la presentación.

El proyecto aún espera dictamen en la Cámara de Diputados, pero marcó un precedente: por primera vez, se reconoce a las trabajadoras comunitarias como parte de la economía popular y del sistema de cuidados. Mientras tanto, ellas siguen cocinando, sin salario y con un país entero dependiendo de su trabajo