Turnos que nunca llegan, teléfonos en espera, especialidades en extinción y jubilados que parten la dosis al medio. Así es el presente de los afiliados al PAMI, la obra social más grande de Latinoamérica que hoy envejece junto a quienes debería cuidar, mientras la industria farmacéutica factura cada vez más.
“Siendo jubilada y pensionada, ya no puedo seguir pagando los remedios. Me hacen un descuento del 50% al 60% y aun así se me hace imposible. Como si fuera poco, PAMI me descuenta de ambos haberes ¿Acaso soy rica por percibir más de la mínima? En definitiva, antes estaba mejor con un solo sueldo, porque los medicamentos eran gratis”, sostiene Nora
(73), quien prefirió resguardar su identidad.
Con cuidado, como atesorándola, Nora acomoda una caja de medicamentos. Coloca cada comprimido en un pastillero para no olvidar tomar ninguno en la semana. “Este mes tiene 31 días, estamos en problemas. Voy a tener que partir algunos a la mitad porque no me van a cerrar los números”, confiesa.
Como ella, su vecino Juan Fresquet (80) está en la misma situación: “Hace rato que pago los remedios por percibir un poco más que el mínimo. No tengo ninguna fuente de dinero más, y deshacerme del trabajo de toda una vida, como fue mi auto, es el único antídoto que encontré para seguir subsistiendo”.
“La demora en los turnos es otro tema. Sé de varios especialistas que han renunciado. Particularmente, hace unos meses solicité ver a un diabetólogo porque en el informe médico me habían detectado altos niveles de azúcar en sangre, y todavía no consigo. Mi mujer y yo no podemos costear una consulta o hacernos estudios particulares porque no tenemos resto”, agrega desalentado.
Ambos viven en la localidad bonaerense de Lima, partido de Zárate, y como miles de jubilados y pensionados que habitan las pequeñas y medianas ciudades del interior del país, padecen la reducción de la cobertura en medicamentos y la falta de turnos para atender su salud.
Del otro lado del mostrador, Gabriela Sánchez (45), una secretaria clínica que trabaja en uno de los tantos centros médicos a los que asisten los afiliados del PAMI, conoce de cerca las dificultades diarias del sistema y las irregularidades que perjudican a los usuarios. “Al hacer las recetas, noto un abuso de los pacientes. Como los medicamentos son gratuitos, hay un pedido indiscriminado. Para adquirirlos no debe gestionarse trámite alguno y el control brilla por su ausencia”, afirma Sánchez y continúa: “Lo experimenté en primera persona al ocuparme de los remedios de mi papá. Iba a la farmacia y me los daban al 100%. Sin embargo, cuando falleció, resulta ser que jamás había hecho uso de la medicación. Su mesita de noche se encontraba repleta de Tafirol. Si uno malgasta un servicio, llega un momento en que este se acaba”, argumenta.
La mujer desempeña sus actividades en la ciudad de San Pedro, a donde buena parte de los afiliados de PAMI residentes en Lima y en otras localidades cercanas deben trasladarse para recibir asistencia por falta de médicos en la zona.
Una razón son los honorarios insuficientes que cobran. Según la Resolución 1347/2025 del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), un médico de cabecera percibió $921,281 en julio de 2025. La precariedad genera un traspaso de profesionales hacia el sector privado, lo que profundiza la ausencia de especialistas para adultos mayores.
“El déficit es enorme. El PAMI tendría que estar mucho mejor de lo que está y que el afiliado tenga una mejor cobertura, pero parece que el sistema se esmera en maltratar a quienes han trabajado toda su vida y hoy no tienen cómo defenderse”, dice, desganado, un trabajador del PAMI de Lima, que pidió mantener el anonimato.
El uso y la distribución del dinero, así como su control, deben estar estrictamente regulados en cualquier dependencia. Sin embargo, según el informe de ejecución presupuestaria del INSSJP, en 2024 el gasto anual fue de seis billones de pesos, y aun así el dinero no alcanza.
Los adultos mayores entran y salen de la filial arrastrando sus pies, algunos con la ilusión de ser atendidos y otros con la certeza de que ya no hay más lugar para tratar su enfermedad. El ciclo se repite cada mes que abren la agenda, como un ritual, el de quien ha llegado primero a la fila y tiene “derecho” a vivir un poquito más.
Las falencias del sistema se extienden a las grandes urbes. En la ciudad de Buenos Aires, los operadores de la línea de asistencia 139 reciben las llamadas telefónicas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y Rosario, cuyos canales colapsan según la época del año.
Fuentes de la central, que prefirieron no ser identificadas, señalan: “Hay un triage, un protocolo, para resolver las urgencias según la categoría del llamado, éste varía dependiendo de la sintomatología que presente el usuario. Dentro de una urgencia médica entrarían síntomas que son compatibles con un infarto o un ACV”.
“El problema es que son muchos afiliados para abarcar y exigen una solución inmediata. En algunos casos, hay personas que tienden a dar erróneamente la información para que la ambulancia llegue rápidamente. Y esto hace que quien de verdad necesita la prioridad, no tenga la asistencia que merece”, asegura.
Cada operador recibe alrededor de 100 llamadas en un lapso de siete horas. Algunos brindan su información y los despachan en minutos, pero la mayoría trata de descargarse con quien se encuentra del otro lado del teléfono, seña del malestar psicológico y los problemas de salud mental que acarrean los beneficiarios.
“Al no haber un apoyo psiquiátrico y no estar medicados como corresponde, impacta en la salud del día a día en el paciente. También el tiempo de espera de turnos de todas las especialidades se ven reflejadas en la salud cuando los atendemos”, finaliza el operador.
Carlos Javier Regazzoni (57), exdirector ejecutivo del PAMI durante el gobierno de Mauricio Macri, apunta contra el desequilibrio en las cuentas públicas y la corrupción dentro del organismo como las principales causas de sus falencias. “El PAMI se financia igual que las jubilaciones y ambos tienen el mismo problema ya que hay una enorme masa de jubilados y una relativamente baja tasa de aportantes en blanco. Esto hace que la administración esté casi del todo desfinanciada. Hay siete millones de trabajadores en blanco y cinco millones de jubilados”, advierte.
Según la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), en marzo de 2025 se contaban un total de 7,8 millones de trabajadores en relación de dependencia que aportan al Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA) y un total de 5,7 millones de jubilaciones.
“La salud y los seguros de salud son de los sectores más corruptos que existen en el planeta –refiere Regazzoni–. Se vende con sobreprecio, se cobran diez artículos y se entregan cinco. Se cobran prestaciones que ni siquiera existen. Durante mi gestión encontré 2.500 muertos que hacía dos años que estaban sin vida y seguían recibiendo insulina todos los meses. Al año eso equivalía al funcionamiento de cinco hospitales”.
En los pasillos de la Defensoría del Pueblo en CABA sólo se oyen quejas. Los jubilados comparten sus frustraciones unos con otros. Eugenio Semino (74), defensor de la Tercera Edad y presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría (SIGG), arremete contra la industria farmacéutica por ser la principal beneficiaria de la crisis sanitaria.
“En el sistema público, las esperas son eternas –enfatiza–. Y ante un fuerte dolor, la persona de edad recurre a la farmacia por un analgésico. De este modo, los únicos favorecidos terminan siendo las droguerías, ya que facturan y el paciente no cura su dolencia de raíz, lo que es peor, desencadena otras complicaciones”.
La venta de fármacos mueve cifras millonarias, y quienes más los necesitan, terminan siendo rehenes del sistema. En el segundo trimestre de 2025, la facturación total de la industria farmacéutica en Argentina alcanzó los 2.644.831,7 millones de pesos, lo que refleja un incremento de 54,0% en relación con el mismo trimestre de 2024, según el Indec.
“Desde 1997, las cámaras se fusionaron en un cartel que eliminó la competencia. De este modo se fijan los precios y se reparten el mercado. El PAMI consume el 35% de ese mercado y es una tasa de uso creciente y constante”, sostiene Semino. Al fijar los precios, los costos de la obra social aumentan, lo que devalúa el presupuesto y termina por deteriorar la atención.
“La enfermedad se volvió un motivo más por el cual lucrar. Donde hay una demanda, aparece un negociado debajo de la mesa. El sistema se descompone y el que siempre pierde es el paciente”, concluye el defensor de la Tercera Edad.