El recorte al financiamiento, así como el incumplimiento sistemático de la ley por parte del Gobierno nacional, impacta de lleno en el funcionamiento del sistema público de salud, en particular en el sector que atiende a las infancias. Los trabajadores luchan para sostener las instituciones con tanto ingenio como desgaste.
En una sala de terapia intensiva neonatal del Hospital de Clínicas, un médico sostiene una cinta común sobre la piel frágil de un recién nacido. “Si uso esto, se la puedo arrancar”, dice. La cinta especial no está disponible: el hospital no la tiene. La escena se repite, silenciosa, entre gasas contadas y respiradores que necesitan un service que no llega.
Detrás de la fachada gris que se levanta sobre la Avenida Córdoba, el Hospital de Clínicas “José de San Martín”, orgullo de la universidad pública, atraviesa una de sus etapas más difíciles. Golpeado por la falta de recursos, la situación se agrava por el incumplimiento de parte del Gobierno nacional de la Ley de Financiamiento Universitario, que debería garantizar tanto la enseñanza como el funcionamiento de la institución.
Fundado en 1881 y dependiente de la Universidad de Buenos Aires, se trata del principal hospital universitario del país: allí se forman médicos, residentes y especialistas de todas las ramas, como la Pediatría, una de las especialidades más afectadas por la situación.
“Este hospital tiene los mejores profesionales, pero está siendo socavado por la falta de recursos. Es muy difícil trabajar en estas condiciones”, resume con lágrimas en los ojos una pediatra, que trabaja en el establecimiento hace 17 años, quien pidió mantener su anonimato.
La Ley de Emergencia Pediátrica, que establece la reasignación de fondos y uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias, fue una lucha de meses de los médicos y profesionales de la salud que sostienen el hospital. Sin embargo, tras su promulgación, el Ejecutivo no la implementó, el dinero no llegó y la rutina médica se convirtió en un ejercicio de resistencia.
La crisis de la pediatría atraviesa a todo el país, como advirtió recientemente la presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), Verónica Giubergia: “Más del 60% de los 20 mil socios que conforman la SAP son pediatras que hoy se desempeñan en hospitales públicos; el 75% con múltiples empleos simultáneamente. El pediatra enfrenta una situación crítica marcada por el pluriempleo, la precarización y la vulneración de derechos laborales”.
Por ley, las universidades públicas y sus hospitales deberían recibir un financiamiento obligatorio que garantice tanto la formación de profesionales como la atención de los pacientes. Sin embargo, en los últimos años, esto no se ha cumplido, lo que deja a instituciones como el Clínicas con un presupuesto insuficiente para cubrir insumos, sueldos y mantenimiento de equipos médicos.
La falta de inversión afecta a toda la red pública. El problema se replica en hospitales nacionales, municipales y provinciales. Esto tiene un efecto en cadena sobre la formación de nuevos médicos, ya que la precarización laboral desincentiva a las nuevas generaciones a especializarse en pediatría o a permanecer en el sistema estatal. Una profesora e investigadora del área de Citología Exfoliativa y de la Reproducción, que trabaja en el Clínicas desde hace 40 años, cuenta que está manejando la posibilidad de irse al sistema privado. Ella también pidió que se resguarde su identidad. Luego de una vida entera dedicada al Clínicas, no encuentra su futuro en la institución.
Un neonatólogo, pediatra y legista, con 11 años en la institución, habla con un tono que combina cansancio y determinación. Prefiere el anonimato, pero cada palabra dibuja con claridad la precariedad que atraviesa la salud pública. “Pagar sueldos e insumos, todo eso de algún lado tiene que salir. Si el hospital no recibe lo que necesita, la atención se ve comprometida –subraya–. Si la sociedad no entiende que esto es necesario, vamos a ir desapareciendo. Así como le va a pasar al Garrahan, nos va a pasar a todos los hospitales públicos que dependen del aporte nacional o municipal”.
Precisamente desde el Garrahan, el secretario general de la junta interna, Alejandro Lipovich, expresa: «La lucha aparece como un intento por poner un freno a todo esto. Estuvimos seis meses con paros y movilizaciones. Tuvimos un triunfo resonante con un aumento salarial del 61% que, lejos de resolver otros problemas históricos, frena un poco la hemorragia. Lo que falta son incentivos para tener más trabajadores y trabajadoras en el sistema de salud. Es necesario que existan mejores condiciones, mejores salarios, y un refuerzo presupuestario que, por supuesto, es lo contrario de lo que está haciendo el gobierno de Milei”.
En la práctica diaria, la falta de insumos se traduce en decisiones difíciles y situaciones límite. Cada respirador de la terapia intensiva neonatal requiere mantenimiento constante, si una placa se quema o una pieza falla, el equipo puede quedar inservible justo cuando más se lo necesita. “El bioingeniero hace el diagnóstico, sabe qué placa está quemada, pero si no hay dinero no se puede arreglar. Esta precariedad amenaza la atención de los pacientes más vulnerables”, explica el neonatólogo del Clínicas.
La escasez no se limita a la tecnología. Algunos medicamentos esenciales alcanzan altísimos precios que los hospitales no pueden cubrir. El Spinraza, indicado para pacientes con esclerosis múltiple, puede costar medio millón de dólares por dosis, y los tratamientos requieren administración quincenal.
Incluso los insumos más simples pueden marcar la diferencia entre la vida y la lesión. Las cintas especiales utilizadas para fijar tubos endotraqueales en prematuros evitan dañar la piel frágil de los bebés. Sin ellas, los médicos se ven obligados a improvisar con cintas comunes, conscientes de que pueden lastimar la piel de los recién nacidos.
En algunos casos, los padres deben colaborar directamente aportando medicamentos o insumos que el hospital no puede proporcionar. Esto genera tensiones y malentendidos: algunos familiares sienten que la calidad asistencial depende de su dinero. El dilema refleja la precariedad estructural del sistema.
“El hospital brinda atención con lo que hay. No pedimos lujos, pedimos sobrevivir”, insiste el neonatólogo. La dedicación y el compromiso de los médicos sostienen las instituciones, pero no pueden reemplazar lo que el Estado debería garantizar.
La falta de recursos tiene un impacto profundo en las familias y en la sociedad. Los costos de mantener a un recién nacido en condiciones seguras son cada vez más altos. Una familia de clase media-baja puede gastar cerca de un millón de pesos al mes solo durante las primeras semanas de vida. En muchos casos, la precariedad obliga a recurrir a sustitutos de la lactancia materna, diluyendo leche con agua, aceite o azúcar, con consecuencias graves para la salud de los bebés, como insuficiencia renal o enteropatía intestinal.
“Una persona que no entiende bien o que olvida algún detalle, puede poner en riesgo la vida del recién nacido. Esto pasaba en 2001, y está volviendo a ocurrir”, explica el médico neonatólogo, dando cuenta de cómo la falta de apoyo estatal golpea directamente a los más vulnerables. Y agrega: “La tasa de natalidad, según el Indec, cayó 48% en relación con el año 2000. La gente decide no tener hijos no porque no quiera, sino porque no puede solventarlos”.
Giubergia, la titular de la SAP, ha señalado que la disminución sostenida de la natalidad implica pacientes más complejos, con enfermedades crónicas más frecuentes y demandas familiares más diversas: “Sin embargo, el pediatra enfrenta una situación crítica marcada por la precarización y la falta de relevo generacional”, alertó.
Lucas Demarco realiza sus prácticas para pediatría en el Hospital Tornú de la ciudad de Buenos Aires. Explica cómo las clases prácticas son sostenidas, en su mayoría, por estudiantes y docentes ad honorem. “Lo hacen por pasión a la profesión. Pero toda esta problemática empeora su situación. Si quiero vivir de esto, sé que tengo que ir al sector privado”, manifestó.
Un compañero suyo, quien pidió anonimato, comparte una situación similar. “Inicié las prácticas en pediatría, pero cuando vi la situación de los salarios y la demanda que hay, cambié por dermatología. Imaginate lo mal que estamos que cambié de idea justo antes de empezar las residencias”.
La precariedad no solo afecta la atención diaria: tiene consecuencias a largo plazo sobre la formación de profesionales, la salud de los niños y la propia estructura social. Y como se ve, las decisiones políticas moldean el presente y el futuro de la sociedad argentina.