El primer miércoles del año los jubilados se manifestaron junto al colectivo de personas con discapacidad y el sector de salud, frente a los nuevos ajustes del gobierno: cierre de ANDIS y el desmantelamiento del Programa Federal de Cardiopatías Congénitas.
El primer miércoles del año no trajo descanso frente al Congreso. La Plaza vuelve a ser el escenario habitual de la resistencia de los jubilados contra el ajuste del gobierno de Javier Milei, el paisaje cambió: esta vez no estuvieron solos. Sin embargo, el mensaje de los mayores se mantuvo firme y unívoco: ni un paso atrás en el reclamo por una jubilación digna y la recuperación de los medicamentos.
Para los jubilados, volver al Congreso no es una opción, es una necesidad para poder visibilizar su situación del día a día. La jubilación mínima no alcanza para llegar a fin de mes y la canasta básica se volvió un lujo imposible. Por eso están acá: el hambre y la necesidad no se toman vacaciones de verano.
Ramón Ferreyra, jubilado que forma parte del grupo Jubilados Insurgentes, pone en palabras el drama urgente que atraviesan: «Es tremendo lo que estamos viviendo, se están muriendo jubilados por no recibir los medicamentos sin costo. El costo de esos medicamentos ya lo pagamos con 35, inclusive 40 años de trabajo».
Frente a la unión de los diferentes sectores en la plaza, Ferreyra declara:»Que hoy estemos todos juntos es fundamental porque todas las conquistas las conseguimos en las calles».
Esa unidad en la calle cobró una urgencia desesperada tras oficializarse, mediante el decreto publicado el pasado 2 de enero, la decisión política de cerrar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ya no se trata de rumores, sino de un hecho consumado. Los manifestantes denuncian que la estrategia oficial fue de manual: primero, instalar la idea de corrupción para deslegitimar al organismo; segundo, y como estocada final, disolverlo por completo.
Este cierre no implica simplemente achicar oficinas o reducir el organigrama estatal. Sin la ANDIS, se corta la cadena que garantiza las pensiones no contributivas, se paraliza la emisión de los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) y se deja sin cobertura a quienes dependen de esta estructura para acceder a sus tratamientos vitales.
En medio de la multitud, el reclamo se hace carne en la historia de Karina Nieto. Ella camina junto a su marido. Marchan por Amorina, su hija, quien es paciente oncológica del Hospital Garrahan: «El gobierno está jugando con la vida de las personas», sentencia la madre. «Es completamente traumático lo que se está viviendo. Detrás de cada ajuste en discapacidad y pediatría hay un nene que espera, una familia que se rompe. No somos números ni partidas recortables: son nuestros hijos. Ajustar en salud y discapacidad es decidir quién vive y quién se queda afuera».
Nieto agrega: «Ahora cerró la ANDIS y a mí me compete porque mi hija es una niña autista sin lenguaje. Nosotros somos sujetos de derecho, la discapacidad es un derecho a la vida también; nadie eligió vivir una situación así». Su voz se alza contra una discriminación que parecía cosa del pasado y que hoy vuelve a escucharse desde el poder. Para Karina Nieto, la pelea es por dignidad: «Los discapacitados no son enfermos, por eso salimos a las calles. No vamos a permitir que el Estado considere a nuestros hijos como enfermos».
Al reclamo se sumó un tercer sector: los familiares afectados por el desmantelamiento del Programa Federal de Cardiopatías Congénitas.
Natalia Miranda, mamá de León e integrante de los colectivos «CardioCongénitas Bonaerense» y «Familias Unidas por el Garrahan», pone en palabras lo que significa perder esta cobertura. «Este programa daba la garantía y la seguridad a nuestros hijos de que, además de ser operados en tiempo y forma, tuvieran la medicación y pudieran ser derivados al Hospital Garrahan», explica.
La falta de este plan golpea directamente a los que menos tienen y a los que viven lejos de la Capital. «El acceso a la salud para las personas con cardiopatías congénitas no es lo mismo en un lugar donde no tenés obra social y el sistema local no puede responder a una intervención quirúrgica compleja; eso lo hacía el plan», detalla Miranda.
La situación actual es de desamparo burocrático: «Hoy el plan se desmanteló. Te reciben administrativos que no son médicos cardiólogos intervencionistas; es directamente un piloto automático que va de cadena en cadena y lo que va a hacer es saturar los hospitales centrales, que son el Garrahan, el Elizalde y el Ludovica, y hace que las provincias probablemente no puedan acceder en tiempo y forma a la intervención quirúrgica o al tratamiento. Es un efecto dominó”, asegura la madre de León.
Natalia Miranda describe que su hijo León tiene un aneurisma en el arco superior de la aorta y una enfermedad poco frecuente, el síndrome de Marfan. «Vamos 20 veces al hospital al año, este hospital es nuestra garantía», cuenta Natalia, y cierra con una verdad federal que duele: «Pero las personas que no viven en Buenos Aires, necesitan del plan como garantía».
La jornada concluyó con una postal inquietante pero poderosa: tres generaciones unidas por el espanto del ajuste, pero también por la dignidad de la resistencia. Abuelos que pelean por su pasado laboral, padres que pelean por el futuro de sus hijos y pacientes que pelean por su presente. Frente a un Congreso vallado, la calle dictó su propia sentencia: la salud y la vida no pueden ser variables de ajuste.