El CELS pidió ante la justicia la nulidad del DNU de Javier Milei que modifica peligrosamente el sistema de inteligencia, ya que habilita persecuciones sociopolíticas y hasta detenciones sin orden judicial. La ex ministra de Seguridad Sabina Frederic y la socióloga Malena Silveyra (APDH) consideran al decreto una amenaza contra libertades esenciales de la democracia.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó una acción de amparo colectivo ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para que se declare la nulidad absoluta, ilegalidad e inconstitucionalidad del DNU 941/25, mediante el cual el gobierno de Javier Milei reformó de manera integral la Ley de Inteligencia Nacional y amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La presentación judicial incluye el pedido de una medida cautelar urgente para suspender la aplicación de los artículos 4, 17, 18 y 19 del decreto, al advertir que la implementación de los mismos implica una consecuencia directa sobre los derechos humanos.
El decreto establece un rediseño integral del sistema de inteligencia, que determina que todas las actividades de inteligencia serán encubiertas y amplía de forma imprecisa los supuestos bajo los cuales el Estado puede utilizar y supervisar información sobre los ciudadanos y ciudadanas de Argentina. Según el CELS, el decreto carece de toda justificación y urgencia, ya que legisla en materia penal (algo prohibido para el Poder Ejecutivo) y establece un esquema que habilita intromisiones sobre la vida privada, la libertad personal, la participación política y social: “Desde el CELS nos vimos en la necesidad de presentar una acción judicial, que de algún modo suplante la falta de debate, claramente, con las limitaciones que tiene una acción judicial para reemplazar el debate que no se dio en un ámbito parlamentario o en el ámbito público”, explicó Diego Morales, director del Área de Litigio y Defensa Legal del organismo.
Morales detalló que la acción judicial se apoya en cuatro preocupaciones centrales, donde la primera es “el amplio paraguas que el DNU habilita para llevar adelante tareas de inteligencia” a partir de definiciones vagas e imprecisas como las de “investigaciones de inteligencia”. El segundo problema apunta al desmantelamiento de prohibiciones históricas que impedían a los organismos de inteligencia intervenir en la vida social y política del país, ahora exceptuadas bajo la figura de la contrainteligencia. El tercer punto señalado por el CELS tiene que ver con el acceso, uso y circulación de la información de las personas en Argentina, porque el decreto habilita a la SIDE a requerir datos a cualquier organismo del Estado (como Migraciones, ANSES o Aduana) y a integrarlos en un sistema de inteligencia sin control judicial ni civil: “Esto es muy preocupante porque las personas no vamos a saber cuál es el uso que se le da a nuestros datos personales”, destacó Morales. Y por último, el cuarto eje, y quizás el más preocupante, es la facultad que se le otorga a la SIDE para detener personas sin orden judicial, en caso de delito de flagrancia o en caso de que sus acciones lo ameriten.
Desde el CELS recuerdan que la Ley de Inteligencia vigente hasta la publicación de este DNU había sido diseñada para evitar que los servicios actuaran como fuerzas represivas internas: “Lamentablemente, tenemos muchos episodios donde las tareas de inteligencia se desarrollaron sobre grupos sociales, o tareas de espionaje que se hicieron sobre las familias de las víctimas del ARA San Juan, para decir casos muy recientes, aunque toda nuestra historia está repleta de estos casos, y sabemos los riesgos que implican”, señaló Morales.
Un cheque en blanco para los servicios
El decreto es caracterizado por los especialistas como un retroceso democrático. Sabina Frederic, ex ministra de Seguridad de la Nación, sostuvo en diálogo con ANCCOM que el DNU 941/25 “rompe con la adecuación de la inteligencia de Estado a un régimen democrático” y consolida un esquema “hipercentralizado, con amplias facultades discrecionales y mecanismos de control débiles e insuficientes”. Frederic advirtió especialmente sobre la institucionalización de la opacidad: “El decreto establece que todas las actividades de inteligencia van a ser encubiertas, sin aclarar a qué se refiere con ese carácter. Esto elimina la seguridad jurídica, la transparencia y el control ciudadano”. En ese sentido, remarcó que la combinación entre actividades encubiertas y la facultad de detener personas coloca a las agencias de inteligencia “en un lugar de mayor poder que las fuerzas de seguridad”, y conformando lo que para ella sería una “policía política secreta”.
Una lectura similar aportó Malena Silveyra, socióloga y militante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, quien consideró que el DNU consolida una tendencia previa de retroceso en materia de derechos humanos: “Al centralizarlo y correr las potestades que tenían los otros dos poderes del Estado, vinculados a la inteligencia, de alguna manera es como darle un cheque en blanco para que hagan lo que quieran”, sostuvo.
Silveyra expresó que una de las conquistas del período democrático fue la construcción de fuerzas armadas y de inteligencia sometidas al control civil y al equilibrio entre poderes. “Este decreto rompe con ese esquema y este gobierno hace tiempo marca una mirada sobre la democracia y sobre nuestras instituciones, es decir, juegan con las instituciones en la medida en que les conviene y cuando no, no tienen ningún problema en hacerlo de espalda a ellas, porque su definición es avanzar por donde se pueda, no hay un respeto a las instituciones de la democracia”, sostuvo. A su entender, y algo que también señaló Frederic, es que, el impacto del DNU no se limitará a militantes o dirigentes opositores, sino que puede extenderse a amplios sectores sociales, incluso actores aliados al oficialismo.
Desde el CELS, junto a voces como las de Silveyra y Frederic, se advierte que la ampliación de las facultades de contrainteligencia y la introducción de categorías como la de “injerencia externa” pueden ser utilizadas para justificar la vigilancia sobre periodistas, organizaciones sociales, y políticos. En ese marco, consideran que la judicialización del decreto sería la clave para frenar su implementación.
Mientras el Congreso aún no trata el DNU y el Gobierno avanza en su aplicación, el debate sobre los límites del poder estatal vuelve al centro de la escena política. La reforma del sistema de inteligencia por decreto no solo expone una concepción del Estado basada en la concentración de poder, sino que reactualiza situaciones que la democracia argentina se propuso desterrar. Para los organismos de derechos humanos lo que está en juego no es una discusión técnica ni administrativa, sino la vigencia misma de los controles democráticos frente a un Ejecutivo que avanza sobre derechos, garantías y libertades en nombre de una supuesta seguridad nacional.